El régimen de Cuba acumuló 1,894 eventos que implicaron presuntas violaciones de derechos humanos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, según un informe de la organización Cubalex. La cifra equivale a más de 10 incidentes diarios y representa un aumento del 48% frente a los 1,279 hechos registrados durante el segundo semestre de 2025.
El documento, titulado Tendencias y Patrones de Represión en Cuba | Primer Semestre 2026, sostiene que la expansión de los mecanismos de control coincidió con una crisis energética, hídrica y sanitaria, además de un alza de las protestas ciudadanas. La entidad señala que el incremento responde, en parte, a una mayor capacidad de monitoreo y a un aumento de las denuncias, aunque identifica indicadores de una mayor presión estatal contra sectores críticos y personas sin actividad política conocida.
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Cubalex identificó a 919 personas afectadas directamente, entre ellas 204 mujeres y 715 hombres. El 58% de los episodios alcanzó a integrantes de la sociedad civil independiente, mientras que el 42% tuvo como víctimas a ciudadanos sin una afiliación organizativa conocida.
La documentación incluyó las 15 provincias cubanas, el municipio especial Isla de la Juventud, espacios digitales y casos vinculados con personas en el exterior. Los hechos se concentraron en 141 municipios, frente a los 88 que habían aparecido en el informe anterior. La Habana encabezó los registros, con 662, seguida por Santiago de Cuba, con 169, y Camagüey, con 161.
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Las cárceles concentraron la mayor cantidad de denuncias
Las violaciones contra personas privadas de libertad fueron la categoría más frecuente del estudio, con 762 incidentes. El listado incluyó denuncias por golpizas, falta de asistencia sanitaria, aislamiento, restricciones de visitas, obstáculos para acceder a recursos legales y revocación de beneficios penitenciarios.
El informe registró:
- 318 traslados a centros de detención o establecimientos penitenciarios
- 313 amenazas o actos de coacción
- 287 operativos policiales de vigilancia
- 269 casos de violencia o acoso
- 257 detenciones arbitrarias.
Cubalex también contabilizó 39 eventos de muertes potencialmente ilícitas, que involucraron a 42 personas fallecidas. La cifra fue 56% superior a la del período previo. 30 de esas víctimas estaban privadas de libertad al momento de su muerte.
La organización asoció 22 fallecimientos con falta de atención médica o negligencia institucional, entre ellos casos de desnutrición y enfermedades sin tratamiento. El reporte menciona la muerte de Ernesto Brieva Sempé, en el Combinado del Este, y la de Luis Miguel Oña Jiménez, un paciente con VIH que recibió una licencia extrapenal cuando su estado de salud era irreversible.
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El informe también incluyó cinco muertes bajo custodia estatal o durante el Servicio Militar Obligatorio que fueron clasificadas como suicidios, además de dos homicidios de reclusos cometidos por otros presos. Cubalex afirmó que no encontró pruebas de investigaciones independientes, imparciales y efectivas en torno a las muertes bajo responsabilidad estatal.
Menores detenidos y sanciones por expresiones críticas
El documento advierte sobre arrestos de adolescentes durante protestas en Morón y Contramaestre. En el primer caso, Jonathan David Muir Burgos y otros tres menores fueron detenidos y recluidos en prisiones para adultos, según Cubalex. Tres recuperaron la libertad en mayo, mientras uno continuaba encarcelado al cierre del informe.
En Contramaestre, al menos 10 personas, entre ellas menores de edad, fueron arrestadas bajo acusaciones de sabotaje. Tres adolescentes seguían privados de libertad al finalizar junio.
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Cubalex señaló que el régimen de Cuba anunció la excarcelación de 51 personas en marzo y el indulto de 2,010 sancionados en abril. A la vez, documentó la revocación de beneficios a al menos 11 presos políticos vinculados a las protestas del 11 de julio de 2021.
El informe concluyó que la represión se extendió a la vida cotidiana, las comunicaciones, la movilidad y la diáspora. Entre sus recomendaciones, Cubalex pidió la liberación de las personas encarceladas por motivos políticos y una investigación independiente sobre las muertes y denuncias registradas.
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