Bahamas cortó los contratos de 31 profesores cubanos antes de que comenzara el nuevo curso escolar. Los docentes conocieron la decisión al llegar al archipiélago, en una reunión en el hotel Breezes. Habían viajado para iniciar sus labores académicas y se encontraron sin empleo.
La cancelación ocurrió mientras Washington intensificaba la presión sobre el modelo cubano de exportación de trabajadores y el gobierno bahameño mantenía congelada la contratación de médicos de la isla.
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Por qué Bahamas dejó ir a los maestros cubanos
El Ministerio de Educación de Bahamas confirmó la medida y aclaró que la renovación de contratos nunca estuvo garantizada. La institución argumentó que su objetivo era incorporar más ciudadanos propios al sistema educativo público: “Nuestra prioridad sigue siendo la captación y contratación de educadores bahameños cualificados”, declaró el organismo.
Los 31 docentes trabajaban en materias técnicas: soldadura, agricultura y programas de formación especializada, donde Bahamas había tenido dificultades para cubrir vacantes con personal local. El ministerio dejó abierta la posibilidad de contratar extranjeros en aquellas especialidades donde no hubiera candidatos locales con la preparación necesaria.
La diputada por Central Grand Bahama Frazette Gibson criticó la forma en que se comunicó la decisión y advirtió sobre el efecto que podría tener en cursos ya organizados para el ciclo 2026-2027.
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El giro que comenzó en 2025
El contexto de esta ruptura tuvo un antecedente directo. En agosto de 2025, más de 100 profesores cubanos habían regresado a las aulas bahameñas, pero ya no bajo el esquema anterior: Bahamas había abandonado el sistema gestionado por una agencia estatal cubana y firmado contratos directamente con los profesionales.
Ese cambio de modelo fue, en sí mismo, una concesión a la presión estadounidense. Washington objeta que La Habana administre los contratos y retenga la mayor parte del dinero pagado por los países receptores.
Según cifras del Departamento de Estado, el régimen cubano se quedaba con entre el 83,9% y el 91,6% de los pagos por cada especialista en Bahamas. Algunos contratos de médicos llegaban a USD 12.000 mensuales, mientras el profesional recibía entre USD 990 y USD 1.200.
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Los médicos cubanos, en un limbo mayor
La situación de los profesionales de la salud es aún más incierta. La Autoridad de Hospitales Públicos no extendió los contratos de la mayoría de los trabajadores sanitarios cubanos, salvo quienes tienen residencia legal en el país o vínculos familiares con ciudadanos bahameños. Según The Tribune, solo 35 profesionales de la salud cubanos permanecen actualmente en el archipiélago.
El ministro de Salud Michael Darville confirmó que las conversaciones con funcionarios estadounidenses continúan y que tiene previsto reunirse con el embajador cubano Juan Carlos Marcof Sánchez para analizar posibles salidas. El canciller Fred Mitchell, en cambio, evitó confirmar si las presiones de Washington influyeron directamente en las decisiones.
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Las sanciones de julio y el marco internacional
El 23 de julio de 2026, el Departamento de Estado sancionó al ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y a la directora de la Unidad Central de Cooperación Médica, Gretza Sánchez Padrón, bajo el amparo de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump en mayo. T
ambién fueron designadas la propia unidad de cooperación y la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), la empresa estatal que gestiona las misiones en el exterior y que Washington describe como la mayor fuente de divisas del régimen, por encima de cualquier otro sector de la economía cubana.
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Washington califica el programa de misiones como trabajo forzoso y una forma de tráfico de personas. El Estado cubano, según el Departamento de Estado, retiene entre el 50% y el 95% de los salarios pagados por los países receptores.
Lo que documentó la CIDH
En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe de 199 páginas basado en 71 testimonios de participantes en misiones desplegadas en 109 países. El documento concluyó que las condiciones documentadas son compatibles con el trabajo forzoso y formas contemporáneas de esclavitud.
Entre los hallazgos: el 40% de los encuestados afirmó que les retuvieron el pasaporte al llegar al país de destino, y el 77,64% dijo haber sido vigilado por funcionarios cubanos o sus colaboradores. El 91,14% declaró haber recibido la advertencia de que abandonar la misión les impediría regresar a Cuba durante ocho años.
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La CIDH recomendó a los países de la región revisar o suspender su participación en el programa. Bahamas y Guyana ya habían solicitado, antes de ese informe, que los salarios se pagaran directamente a los profesionales en lugar de al gobierno cubano.
La reducción global de las misiones
El alcance del programa se contrajo de forma acelerada. Según cifras del Departamento de Estado citadas este año, la presencia de médicos cubanos en el exterior bajó de unos 24,000 profesionales en más de 58 países a inicios de 2025 a entre 15,000 y 18,000 en 51 naciones.
La organización Prisoners Defenders, que mantiene una plataforma de seguimiento, contabilizó 53 misiones activas en junio de 2026, con aproximadamente 25,724 profesionales involucrados y 9.646 registrados como “desertores”.
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Guatemala y El Salvador también redujeron sus programas. La presión combinada de las sanciones estadounidenses, el informe de la CIDH y la renegociación de contratos en países como Bahamas configuró el escenario más adverso que han enfrentado las misiones cubanas en décadas.
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