La ministra de Educación del régimen cubano, Naima Trujillo, reconoció que el inicio del curso escolar, previsto para el próximo martes 1 de septiembre, estará marcado por “tremendas dificultades” derivadas de la crisis económica y energética que atraviesa la isla.
Alrededor de 1,4 millones de estudiantes volverán a las aulas en un sistema que opera con apenas el 73% de cobertura docente, escasez de uniformes y apagones de hasta 20 horas diarias.
En conferencia de prensa, Trujillo admitió que el déficit de profesores se cubrirá con profesionales de otros sectores y estudiantes universitarios. “La situación más compleja”, según la ministra, se concentra en La Habana, donde “están llegando desde el oriente del país alrededor de 3.000 profesores” para reforzar los centros educativos. El problema no es nuevo: en 2024, la dictadura reconoció que el país contaba con 156.000 maestros, pero necesitaba 24.000 más para completar las plantillas. Para este curso, esa brecha no se cerró.
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La escasez de uniformes escolares acumula ya tres cursos consecutivos sin resolverse. La ministra informó que la industria textil logró una cobertura del 12% en primaria y “un poquito menos en secundaria”, lo que llevó al régimen a anunciar mayor “flexibilización” en las exigencias.
La explicación oficial apunta a una cadena de carencias: “Sin corriente no hay taller que pueda funcionar. Sin combustible, no podemos llevar el tejido de un lugar a otro del país. Sin dinero y sin posibilidades de importación, tampoco entran tejidos”, describió Trujillo.

El trasfondo presupuestario agrava el panorama. El gasto estatal en educación cayó al 4,3% del PIB en 2024, frente al 9,6% que se destinó al sector durante los años más duros del Período Especial, mientras el régimen mantuvo la inversión en infraestructura hotelera. En 2023 y 2024, el Estado destinó a educación apenas el 1,4% y el 1%, respectivamente, del total de sus inversiones ejecutadas.
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Las consecuencias se sienten en cada provincia. En Camagüey, solo el 68,7% de los maestros necesarios está disponible, un déficit de aproximadamente 3.000 profesionales. En Matanzas, de 8.746 plazas docentes aprobadas, apenas 6.635 están cubiertas. En Holguín, las autoridades recurren a contratos por horas y a estudiantes en formación para mantener las aulas abiertas.
Una funcionaria de la Dirección Provincial de Educación de Camagüey, que habló con ADN Cuba bajo reserva de identidad, describió la situación desde adentro: “No hay materiales para que los docentes planifiquen sus clases: solo un lápiz. El municipio cabecera no cuenta con el combustible para la cocción de alimentos”.
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A la falta de maestros y materiales se suman los retrasos salariales. Docentes de Jiguaní, en Granma, llevan sin cobrar desde junio, según denuncias difundidas en redes sociales. Ante los reclamos, la Dirección Municipal de Educación les habría respondido que debían “aguantar” porque no había presupuesto. En Ciego de Ávila, los salarios de profesores de la Escuela de Arte llegan con retrasos de entre 20 y 25 días desde hace dos cursos.
El impacto de la crisis energética alcanza también a las familias. En algunos circuitos de La Habana, una madre que habló con ADN Cuba bajo condición de anonimato señaló que llevaban más de tres meses sin electricidad durante el horario de sueño. “Veo a muchos niños y adolescentes en estados de ansiedad, caída del cabello”, describió la fuente. “Son síntomas de estrés crónico acumulado. La falta de alimentos y la inflación se reflejan en su concentración y aprendizaje”. La habanera Gisselle Ordoñez planteó la pregunta que circula en grupos de madres en redes sociales: “¿Cómo vamos a lograr que los enanos tengan calidad de sueño para acudir a clases todos los días y asimilar conocimientos? ¿Cómo vamos a comprar los útiles escolares, los zapatos, el uniforme de su talla, la merienda escolar?”.
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El curso anterior tuvo que cerrarse de forma anticipada, entre el 15 y el 30 de junio, por falta de combustible, y en 2026 se registraron ya 7 apagones totales en todo el país. El Observatorio de Libertad Académica (OLA) documentó este año el estado del sistema en un informe que describe “una fase crítica” iniciada en los últimos cinco años.
Leonardo Fernández Otaño, parte del equipo de esa organización independiente, advirtió que “se ha ido agudizando la incapacidad del Estado para garantizar el mínimo que pueda reforzar la excelencia del proceso docente-educativo”. El informe del OLA agrega que “la combinación de la crisis económica pospandemia, el fracaso de la Tarea Ordenamiento y el éxodo migratorio masivo han generado un escenario de violencia y deterioro ético sin precedentes”.
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Ante las alertas de la Unesco sobre los riesgos que la crisis energética representa para la educación en la isla, Trujillo respondió que esta generación “no va a estar en riesgo de no ser educada” y que se procurará tener “las mejores condiciones posibles”.
“Esta es Cuba hoy y este es el sistema educativo que el primero de septiembre tendrá lugar. No desconocemos absolutamente ninguna de las dificultades que tenemos y como plan pedagógico hemos puesto normas flexibles que protejan la educación”, concluyó la ministra.
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