Los salarios de los funcionarios públicos en Costa Rica podrían perder hasta un 29.36% de su poder adquisitivo para 2033, debido al congelamiento de las remuneraciones y al aumento acumulado del costo de vida, según un análisis elaborado por el Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).
El estudio advierte que, aunque los trabajadores continúen recibiendo el mismo salario mensual, el dinero les alcanzaría para comprar menos productos y servicios, una situación que podría afectar directamente la economía de miles de familias costarricenses.
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Para ejemplificar el impacto, el Observatorio plantea que una persona que actualmente recibe ₡500,000 (USD 1,099) mensuales podría enfrentar una pérdida de poder adquisitivo equivalente a ₡146,800 (USD 323) para 2033, bajo el escenario de mayor inflación.
En el caso de un funcionario que percibe ₡1,000,000 (USD 2,199), la pérdida de capacidad de compra alcanzaría aproximadamente ₡293,620 (USD 646).
Esto no significa que los trabajadores recibirán menos dinero en sus cuentas bancarias, sino que su salario perdería valor frente al aumento de los precios, por lo que necesitarían mayores ingresos para mantener el mismo nivel de consumo.
Los salarios públicos ya perdieron un 8,29% de su poder adquisitivo
El problema no se limita a las proyecciones futuras. Según el análisis del OES-UNA, entre 2020 y 2025 los salarios de los funcionarios públicos perdieron un 8,29% de su capacidad de compra, como consecuencia del congelamiento salarial aplicado bajo las disposiciones de la regla fiscal.
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La coordinadora del Observatorio, Roxana Morales, explicó que el impacto puede comprenderse al comparar cuánto podía comprar una persona con la misma cantidad de dinero en diferentes momentos.
“¿Qué significa esto en la práctica? Si en diciembre de 2020 una persona podía comprar una determinada cantidad de bienes y servicios con ₡100,000, en diciembre de 2025, con ese mismo monto, podía adquirir bienes y servicios equivalentes a los que compraba con aproximadamente ₡91,713 en diciembre de 2020”, detalló Morales.
En términos aproximados, estas cantidades equivalen a USD 220 y USD 202, respectivamente.
La especialista agregó que, para mantener la misma capacidad de compra de diciembre de 2020, el trabajador habría necesitado alrededor de ₡109,040 (USD 240) en diciembre de 2025.
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Este deterioro se produjo en un período marcado por la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19, así como por las restricciones fiscales que limitaron los ajustes en las remuneraciones del sector público.
Aunque el país registró cambios en las condiciones económicas durante los años posteriores, el Observatorio señala que los trabajadores no necesariamente recuperaron la capacidad de compra que habían perdido.
Ajuste salarial de 2026 no benefició a todos los funcionarios
Durante 2026, las condiciones económicas del país permitieron un relajamiento de las restricciones establecidas por la regla fiscal, lo que abrió la posibilidad de aplicar algunos incrementos salariales en el sector público.
Sin embargo, la Universidad Nacional advirtió que estas modificaciones tuvieron un alcance limitado y que una parte de los funcionarios quedó excluida de los beneficios.
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Mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45515-H-PLAN, se autorizó un aumento de ₡10,000 (USD 22) en los salarios base de determinados funcionarios remunerados bajo el esquema de salario compuesto.
Además, se estableció un incremento adicional de ₡10,000 (USD 22) para los salarios base comprendidos entre ₡287,000 (USD 631) y ₡514,600 (USD 1,131).
No obstante, estos ajustes solamente beneficiaron a los empleados cuyo salario bruto era inferior al salario global correspondiente al mismo puesto.
En consecuencia, una parte de las personas que trabajan para el Estado no recibió ningún incremento, pese a la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los años anteriores.
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Congelamiento de salarios podría extenderse hasta 2033
Una de las principales preocupaciones del Observatorio está relacionada con la posibilidad de que las restricciones salariales se mantengan durante varios años más.
La regla fiscal establece límites al crecimiento del gasto público tomando en consideración, entre otros elementos, la relación entre la deuda del Gobierno Central y el Producto Interno Bruto (PIB).
Para elaborar el presupuesto nacional de 2027, se utiliza como referencia la relación deuda/PIB registrada al cierre de 2025, que alcanzó el 60,4%.
Este indicador tiene consecuencias sobre los límites presupuestarios que se aplican posteriormente, por lo que el Observatorio advierte que en 2027 nuevamente se establecería un congelamiento salarial.
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Además, las proyecciones del Ministerio de Hacienda, incluidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031, señalan que la relación deuda/PIB se mantendría por encima del 60% durante ese período y alcanzaría el 63,8% en 2031.
Si estas estimaciones se cumplen y continúan vigentes las restricciones sobre los ajustes por costo de vida, los salarios base del sector público podrían permanecer congelados al menos hasta 2033.
La consecuencia sería una pérdida progresiva del valor real de los ingresos, especialmente si los precios de los bienes y servicios continúan aumentando.
Familias podrían reducir gastos y recurrir al endeudamiento
El Observatorio advirtió que mantener los salarios sin ajustes durante períodos prolongados podría tener consecuencias más allá de las remuneraciones de los empleados públicos.
La pérdida del poder adquisitivo podría obligar a los hogares a modificar sus hábitos de consumo, reducir gastos considerados importantes e incluso recurrir a préstamos para mantener sus condiciones de vida.
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“Lo anterior podría afectar negativamente la calidad de vida de las personas trabajadoras del sector público y sus familias, al reducir su capacidad de compra”, manifestó Roxana Morales.
La economista explicó que este fenómeno podría provocar que las familias “disminuyan su consumo, pospongan gastos importantes, reduzcan su capacidad de ahorro o recurran al endeudamiento”.
Los efectos podrían ser especialmente importantes en los hogares de menores ingresos, debido a que cuentan con menos recursos para enfrentar incrementos en el costo de los alimentos, los servicios y otras necesidades básicas.
El análisis también señala posibles consecuencias para la economía nacional, ya que una disminución del consumo de los hogares podría afectar las ventas de los comercios y las empresas que dependen del mercado interno.
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A su vez, una menor demanda de bienes y servicios podría llevar a las compañías a moderar sus decisiones de producción, contratación de personal e inversión.
Por esta razón, el Observatorio considera que las consecuencias del congelamiento salarial no se limitarían a los empleados del Estado, sino que también podrían repercutir sobre el crecimiento económico.
UNA pide revisar las leyes que restringen los aumentos salariales
Ante este panorama, el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional recomendó revisar las disposiciones legales que regulan las remuneraciones del sector público.
En particular, planteó evaluar posibles modificaciones a la Ley N.° 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y a la Ley N.° 10.159, Ley Marco de Empleo Público.
La propuesta busca identificar mecanismos que permitan aplicar ajustes salariales razonables por costo de vida, sin abandonar los principios de disciplina fiscal establecidos para controlar el crecimiento del gasto público.
Estos mecanismos deberían considerar tanto a los funcionarios remunerados bajo el sistema de salario compuesto como a quienes reciben un salario global, además de las pensiones vinculadas a estas remuneraciones, cuando corresponda.
El Observatorio sostiene que el equilibrio entre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la protección del poder adquisitivo resulta fundamental para evitar un deterioro prolongado de las condiciones económicas de los trabajadores.
De mantenerse las restricciones y cumplirse el escenario de inflación más elevado, los salarios públicos podrían llegar a 2033 con casi un tercio menos de capacidad de compra respecto a diciembre de 2020, una situación que, según la UNA, tendría consecuencias tanto para los funcionarios y sus familias como para el consumo y la actividad económica de Costa Rica.
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