Denuncian a diputado costarricense Fernando Obaldía por presunto acoso sexual y laboral

El diputado oficialista Fernando Obaldía Álvarez, representante de Alajuela por el partido Pueblo Soberano, enfrenta una denuncia ante el Ministerio Público por el aparente delito de acoso predatorio, además de señalamientos por presunto acoso laboral formulados dentro de la Asamblea Legislativa.

La denuncia fue presentada este lunes por una asesora de su despacho, cuya identidad se mantiene bajo reserva. Posteriormente, la funcionaria acudió a la Dirección Ejecutiva del Congreso para formalizar también una queja en sede administrativa.

“La Fiscalía General confirmó que recibió una denuncia en contra de un diputado de apellido Obaldía, por el aparente delito de acoso predatorio, en perjuicio de una persona mayor de edad”, indicó la institución.

El caso quedó registrado bajo el expediente 26-000088-0033-PE.

A la situación se suma una denuncia por supuesto acoso laboral, presentada contra Obaldía por la misma funcionaria y otra asesora de su despacho.

Entre los hechos incluidos en la queja laboral se señala que el legislador habría solicitado acceso a grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio legislativo para revisar los recorridos realizados por las funcionarias y conocer qué estaban haciendo durante sus horas de trabajo.

Estas afirmaciones forman parte de las denuncias y deberán ser analizadas dentro de los procedimientos judiciales y administrativos correspondientes.

Obaldía, por su parte, no se ha referido públicamente al fondo de las acusaciones. Medios nacionales han solicitado una reacción al legislador y a la oficina de comunicación de la fracción, pero se ha indicado que no hará declaraciones mientras el asunto se encuentre judicializado.

¿Qué se investiga como acoso predatorio?

El concepto de acoso predatorio está contemplado en la legislación penal costarricense y sanciona determinadas conductas reiteradas de hostigamiento o persecución que afecten la intimidad, integridad, vida privada o actividades cotidianas de una persona.

Entre las conductas contempladas se encuentran vigilar, merodear, perseguir o procurar cercanía física, intentar establecer contacto de manera insistente o interferir en dispositivos o datos personales.

La normativa establece penas que pueden ir de tres a 18 meses de prisión o de 100 a 200 días multa, dependiendo de la valoración judicial de los hechos.

En el caso de Obaldía, será la Fiscalía la encargada de determinar si existen elementos suficientes para continuar con una investigación penal y establecer si las conductas denunciadas encajan dentro de esa figura delictiva.

Hasta ahora, no existe una resolución que determine responsabilidad del legislador.

Asamblea Legislativa deberá activar procedimiento interno

La denuncia presentada en el Congreso también abre un procedimiento administrativo independiente.

El Reglamento contra el hostigamiento sexual en el empleo de la Asamblea Legislativa establece que, una vez recibida una denuncia, la Dirección Ejecutiva debe darle trámite y no puede rechazarla por defectos de forma.

Posteriormente, debe conformarse una comisión investigadora, integrada por profesionales de áreas como recursos humanos, psicología, medicina y derecho.

Ese órgano tiene entre sus funciones recopilar evidencia, recibir declaraciones de las partes y garantizar el debido proceso durante la investigación.

El reglamento también contempla la aplicación de medidas cautelares para proteger a la persona denunciante mientras avanza el procedimiento y prohíbe expresamente cualquier intento de conciliación entre las partes.

Una vez concluida la recepción de pruebas, la comisión debe elaborar un informe con sus conclusiones y una recomendación.

En términos generales, las sanciones por hostigamiento sexual dentro de la institución pueden ir desde una amonestación escrita hasta el despido sin responsabilidad patronal, dependiendo de la gravedad de los hechos acreditados.

Sin embargo, cuando se trata de un diputado, el régimen sancionatorio es distinto y la eventual consecuencia administrativa se limita a una amonestación verbal.

Pueblo Soberano dice que no minimizará la denuncia

La fracción de Pueblo Soberano afirmó que tratará el caso con seriedad, aunque recalcó que deben respetarse los procedimientos establecidos.

“Como fracción, tomamos con absoluta seriedad cualquier denuncia que se presente. No vamos a minimizar ninguna situación de esta naturaleza y seremos firmes ante cualquier conducta que, una vez comprobada mediante los procedimientos correspondientes, atente contra el respeto, la dignidad o la integridad de las personas”, señaló la bancada.

El oficialismo agregó que no adelantará criterios mientras los procedimientos continúen abiertos.

“Existen procedimientos establecidos que deben respetarse, así como el derecho de todas las partes al debido proceso. Esto no significa indiferencia ni falta de firmeza, sino actuar con responsabilidad y sobre hechos debidamente comprobados”, indicó.

La fracción añadió que evitará referirse a detalles de la denuncia debido a la confidencialidad del proceso y con el objetivo de prevenir cualquier posible revictimización.

Un antecedente dentro del despacho

La actual denuncia ocurre después de que trascendiera un episodio anterior relacionado con otra funcionaria que manifestó disconformidad con el trato recibido dentro del despacho del diputado.

Esa asesora se reunió con el jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, y con la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, para solicitar que fuera trasladada a otra dependencia.

Finalmente, la funcionaria fue asignada a labores de la jefatura de fracción.

El pasado 9 de junio, Acosta aseguró que no tenía conocimiento de una denuncia por acoso sexual relacionada con ese caso, aunque confirmó que se había producido un movimiento de plaza solicitado por la propia funcionaria.

Quién es Fernando Obaldía

Fernando Obaldía Álvarez, de 66 años, fue electo diputado por la provincia de Alajuela en la papeleta de Pueblo Soberano.

En su currículum se presenta como empresario y contador con más de 42 años de experiencia en el sector privado y figura además como coordinador territorial del partido en Alajuela.

Su trayectoria profesional incluye actividades vinculadas con construcción, acabados, instalación de vidrios, cerámica y pintura.

Ahora, el legislador deberá enfrentar paralelamente el avance de una investigación en el Ministerio Público y el procedimiento interno que corresponda dentro de la Asamblea Legislativa, en un caso en el que las autoridades deberán determinar si los hechos denunciados pueden ser acreditados y si derivan en alguna responsabilidad penal o administrativa.