El Ministerio de Hacienda recibió 3,757 denuncias por presunto contrabando y evasión fiscal entre enero y julio de este año, lo que representa un aumento del 45% en comparación con el mismo periodo de 2025.
Este incremento coincide con una mayor cantidad de decomisos, más investigaciones por facturas falsas y el impulso de una política oficial orientada a endurecer las sanciones contra el comercio ilícito.
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Según cifras publicadas por El Observador, durante los primeros siete meses de 2025 se habían reportado 2,587 denuncias.
Entre los motivos más frecuentes, se encuentran la entrega de facturas no autorizadas, la exigencia de pagos en efectivo y el cobro incorrecto del Impuesto al Valor Agregado.
También se recibieron reportes sobre personas cuyo crecimiento de ingresos resulta cuestionable, comercios que no cumplen con los requisitos del Régimen de Tributación Simplificada y contribuyentes que no declaran la totalidad de sus ingresos.
El viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal, sostuvo que este aumento puede interpretarse como una señal de respaldo ciudadano a los controles tributarios implementados.
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Carvajal señaló: “Nosotros estamos yendo a visitar estos locales que nos están dando esa información valiosa, y vamos a seguir trabajando. Los directores generales nos apoyan con alguna búsqueda y profundización de datos”.
Los decomisos y los operativos recientes
El incremento en la cantidad de denuncias se produjo en paralelo con un aumento en el número de decomisos. El Ministerio de Hacienda informó el 7 de agosto que, entre mayo y julio de este año, las incautaciones crecieron 58% respecto del mismo periodo de 2025.
Las estadísticas oficiales indican que la cantidad de unidades decomisadas pasó de 13 millones a 30 millones en ese mismo lapso.
El aumento se concentró principalmente en cigarrillos y habanos, seguidos de licor, cosméticos, calzado y productos de perfumería. En julio, las autoridades presentaron 15 denuncias ante el Ministerio Público por compra y uso de facturas falsas, con una evasión tributaria estimada en ¢809.5 millones (aproximadamente USD 1.5 millones, según el tipo de cambio promedio al momento de la redacción).
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En diferentes operativos realizados en San José, Alajuela y Heredia, funcionarios de las direcciones generales de Tributación, Aduanas y de la Policía de Control Fiscal decomisaron más de 259,000 unidades de cigarros, cerca de 2,000 perfumes finos, así como calzado y bebidas carbonatadas. El jueves pasado, la Policía de Control Fiscal allanó un local en Avenida 3, cerca de la escuela Juan Rafael Mora Porras, donde se decomisó toda la mercadería por carecer de documentación que respaldara su procedencia.
Sobre este caso, Carvajal explicó: “En este caso hemos estado siguiendo algunas importaciones donde hemos logrado escanear contenedores y a la hora que llegamos al almacén fiscal, a la inspección, incluso ya han descargado los contenedores”.
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Estrategia de operativos y desafíos internos
El viceministro Carvajal indicó que la estrategia continuará basada en operativos sorpresa, y que los destinos de estas intervenciones se mantienen en reserva hasta poco antes de ser ejecutados. Según lo citado por El Observador, en ocasiones solo él conoce la ubicación hasta momentos antes de la salida del personal.
Carvajal relató un operativo en Alajuela donde, al no aplicar el protocolo habitual, una persona en bicicleta alertó a los comercios para que cerraran antes de la llegada de los inspectores. Señaló que, aunque no puede afirmar que existan funcionarios que filtren información, reconoce que el riesgo es alto, por lo que la comunicación de los operativos al personal policial suele realizarse en el último momento.
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El funcionario planteó que sería necesario endurecer las sanciones y adoptar medidas más estrictas para que las respuestas no se limiten solamente al decomiso de mercadería. Actualmente, las autoridades fiscales pueden incautar productos, pero no tienen facultad para ordenar el cierre de los establecimientos involucrados.
En cuanto a la mercadería decomisada, Hacienda informó que carecía de documentos de respaldo y que su valor asciende a varios millones de colones.
Los operativos continuarán cada semana en diferentes cantones y los artículos incautados se destruyen una vez que los jueces autorizan su desecho.
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