La presidenta de la República, Laura Fernández, y diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) acudieron este lunes a la Corte Suprema de Justicia para presentar una querella por el presunto delito de prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional, luego de que ese órgano ordenara prorrogar temporalmente el nombramiento de los magistrados suplentes mientras la Asamblea Legislativa completa su proceso de elección.
La acción judicial fue presentada contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, quienes integraron la mayoría de cuatro votos que avaló mantener a los suplentes en funciones hasta que el Congreso designe a sus reemplazos.
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La llegada de Fernández y de la fracción oficialista ocurrió cerca de las 10:38 a. m. en la sede de la Corte Suprema de Justicia, donde fueron recibidos por diputados oficialistas, miembros del gabinete y simpatizantes del movimiento político, indicó La Nación.
La querella había sido anunciada días atrás por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, quien sostuvo que la resolución de la Sala Constitucional representaba una invasión de competencias del Poder Legislativo y una violación al principio de separación de poderes.
El delito de prevaricato, establecido en el artículo 357 del Código Penal, sanciona a funcionarios judiciales o administrativos que dicten resoluciones contrarias a la ley o fundamentadas en hechos falsos. La pena establecida va de dos a seis años de prisión, aunque puede aumentar en casos específicos.
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Disputa entre poderes del Estado
El conflicto surgió luego de que la Sala Constitucional acogiera un recurso de amparo presentado ante la falta de nombramiento de los nueve magistrados suplentes del tribunal constitucional.
En su resolución, los magistrados ordenaron mantener temporalmente a los suplentes mientras la Asamblea Legislativa realiza las designaciones pendientes con base en la lista de candidatos enviada por la Corte Suprema de Justicia.
Además, el fallo obligó al Congreso a someter nuevamente la nómina de aspirantes al conocimiento del Plenario Legislativo en la próxima oportunidad posible.
La decisión fue aprobada por mayoría de cuatro votos contra tres. En contra votaron los magistrados Luis Fernando Salazar, Fernando Castillo y Anamari Garro.
Tras conocerse la resolución, la presidenta Laura Fernández acusó a un sector del Poder Judicial de intentar realizar un “golpe de Estado” contra la Asamblea Legislativa y afirmó que la Sala Constitucional asumió atribuciones que, según su criterio, corresponden únicamente al Congreso.
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Bloqueo legislativo
La disputa ocurre en medio de un prolongado bloqueo político para elegir a los nuevos magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
La Asamblea Legislativa ha realizado 11 rondas de votación sin lograr alcanzar los 38 votos necesarios para completar los nombramientos. En varias ocasiones, la bancada oficialista decidió no respaldar a los candidatos incluidos en la nómina enviada por la Corte Suprema de Justicia.
El Congreso también devolvió en dos ocasiones la lista de aspirantes a la Corte Plena, una decisión cuestionada por el Poder Judicial al considerar que no existían razones suficientes para rechazar la nómina.
La Sala Constitucional posteriormente anuló esa devolución y ordenó continuar con el proceso de elección.
Trámite podría enfrentar obstáculos
Aunque la querella fue presentada formalmente, abogados penalistas advirtieron a Amelia Rueda que el proceso podría enfrentar dificultades debido precisamente a la falta de magistrados suplentes.
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En caso de que avance una investigación y sea necesario analizar un eventual levantamiento del fuero de los magistrados señalados, la decisión correspondería a la Corte Plena.
Sin embargo, los cuatro magistrados denunciados tendrían que inhibirse de participar en el proceso, lo que impediría alcanzar la integración completa del máximo órgano judicial mientras no existan suplentes habilitados para ocupar esos espacios.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial mantiene abierta una de las mayores tensiones institucionales de los últimos años, con cuestionamientos cruzados sobre los límites de las competencias de cada poder del Estado.
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