Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua defiende la reforma constitucional que restringe a la oposición

La Asamblea Nacional de Nicaragua avanza en la aprobación de una reforma constitucional que busca fortalecer el marco jurídico, restringir la participación de opositores y ampliar los mandatos políticos y militares; en ese contexto, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, defendió la iniciativa y dijo que responde a una estrategia gubernamental para consolidar la soberanía y preservar el modelo denominado “Pueblo Presidente”.

Porras detalló en el programa “El Mapa” de Telesur que, actualmente, la reforma es objeto de consulta con distintos sectores sociales y políticos. El legislador argumentó que la historia nacional ha estado marcada por constantes intervenciones extranjeras, desde la invasión filibustera de William Walker en 1856 hasta la ocupación militar estadounidense en el siglo XX, episodios que, a su juicio, justifican el reforzamiento del orden constitucional.

“La reforma pretende impedir que quienes hayan promovido golpes de Estado, atentado contra la independencia nacional o violado los principios fundamentales de la Constitución puedan participar en procesos electorales”, indicó Porras, de acuerdo con Prensa Latina.

Uno de los puntos medulares de esta reforma es la propuesta de establecer períodos de siete años para los cargos de elección popular, así como para funcionarios designados por la Presidencia de la República o electos por el Parlamento.

Según el titular de la Asamblea, esta medida favorecería la continuidad de programas estatales en infraestructura, salud, educación y electrificación, y busca armonizar los plazos para los máximos responsables del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional. La reforma también contempla fortalecer las atribuciones del Consejo Supremo Electoral, otorgando potestad para cancelar la personalidad jurídica de partidos políticos que reciban financiamiento externo o promuevan sanciones e intervenciones contra el país.

En palabras de Porras, el objetivo es “elevar a rango constitucional normas dirigidas a proteger la democracia nicaragüense y evitar la repetición de episodios de injerencia extranjera registrados en el pasado”, según recogió Prensa Latina.

El parlamentario insistió en que Nicaragua continuará celebrando “elecciones limpias y transparentes”, mientras el modelo de desarrollo vigente mantendrá la gratuidad de la educación y la salud, junto a la expansión de la infraestructura y la lucha contra la pobreza.

Las palabras de Porras surgen pocos días después de que Daniel Ortega reafirmara públicamente la decisión de cancelar los procesos electorales como mecanismo de alternancia. Durante un acto oficial transmitido en Managua, Ortega hizo el anuncio oficial. “Aquí no va a volver a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”, según reportó EFE y replicaron medios internacionales. El mandatario sostuvo que la reforma constitucional permitirá realizar comicios “con soberanía”, y planteó que la oposición actúa como “golpistas” y “vendepatria” con apoyo extranjero.

La reacción internacional a las declaraciones de Ortega no se hizo esperar. La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció que evaluará la situación y ha convocado a una reunión de ministros de Exteriores de la región.

El Consejo Permanente de la OEA celebrará una sesión extraordinaria el 5 de agosto para considerar la propuesta de reforma y la suspensión de los procesos electorales, mientras gobiernos de países vecinos y Estados Unidos expresaron su rechazo a la medida.

De acuerdo con Prensa Latina, la reforma constitucional avanzará en la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, y podría aprobarse en septiembre.

Organizaciones como Amnistía Internacional advirtieron que la reforma amenaza con desmantelar las salvaguardas democráticas, al restringir la participación ciudadana y ampliar los mandatos presidenciales. El texto íntegro de la propuesta aún no ha sido publicado ni por el Parlamento ni por el Ejecutivo, pero la información oficial subraya que la finalidad es impedir la injerencia extranjera y garantizar la estabilidad institucional.

El contexto político nicaragüense, bajo el liderazgo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se caracteriza por la exclusión de opositores, la supresión del debate plural y el endurecimiento del control institucional. Mientras el gobierno defiende el proceso como una vía para asegurar el desarrollo y la soberanía, sectores internacionales y de la sociedad civil denuncian el cierre de los espacios democráticos y una deriva hacia el autoritarismo, según las reseñas de EFE y Prensa Latina.