La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) mantiene en marcha una revisión de entre 50 y 100 expedientes de adopción abiertos desde años anteriores para ordenar archivos, resolver casos pendientes y establecer si existieron irregularidades durante la tramitación de esos procedimientos.
La ministra de la SENAF Ada Mejía, informó que la institución encontró expedientes acumulados durante años, muchos de ellos sin seguimiento adecuado y con documentación dispersa, una situación administrativa que dejó procesos sin una respuesta definitiva e impactó directamente en niños, niñas y adolescentes que esperaban una resolución sobre su situación familiar.
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La funcionaria explicó que el primer paso consiste en organizar y reconstruir cada expediente, debido a que parte de la documentación se encontraba en diferentes ubicaciones
“Mientras no estén todos ordenados, no se puede establecer si las anomalías corresponden únicamente a un problema administrativo o si existe algún tipo de conducta fuera del marco legal”, señaló la titular de la institución al referirse al proceso de revisión.
La ministra indicó que, si durante el análisis documental se encuentran elementos que puedan constituir una irregularidad o una posible violación a la ley, la información será remitida al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes.
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Investigación por posibles irregularidades
La funcionaria manifestó que espera que los hallazgos estén relacionados principalmente con problemas de organización administrativa. Sin embargo, dejó claro que la institución no permitirá ninguna actuación ilegal dentro de los procesos de adopción.
“Si encontramos algo que deba ser investigado, existen los mecanismos legales para actuar”, afirmó.
Uno de los principales hallazgos durante la revisión ha sido la existencia de procesos de adopción que permanecieron sin una resolución definitiva durante largos períodos.
Aunque todavía no existe una cifra final porque el análisis continúa, la SENAF estima que el universo inicial de expedientes pendientes podría ubicarse entre 50 y 100 casos.
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La autoridad explicó que el objetivo es avanzar en la depuración de estos archivos para garantizar que cada niño, niña o adolescente tenga una respuesta legal sobre su situación y que los procesos cumplan con los requisitos establecidos por la normativa hondureña.
Entre los casos concluidos recientemente, la ministra destacó el de un menor cuya adopción esperó durante 17 años para obtener la documentación correspondiente.
Según explicó, se trataba de una adopción nacional en la que el niño había crecido dentro del hogar de la familia adoptiva, pero el proceso legal permanecía sin concluir. Finalmente, después de años de espera, se logró completar la documentación que reconoció formalmente la relación con sus padres adoptivos.
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Prioridad en adopciones nacionales
La titular también destacó que la legislación hondureña establece como prioridad las adopciones nacionales, es decir, las realizadas por familias dentro del país, antes que los procesos internacionales.
Explicó que la institución está enfocando sus esfuerzos en facilitar que niños, niñas y adolescentes puedan integrarse a hogares hondureños cuando existan las condiciones legales y familiares adecuadas.
Según la funcionaria, muchos menores expresan el deseo de contar con una familia y crecer en un entorno donde puedan recibir protección, cuidado y acompañamiento permanente.
Por esa razón, señaló que ordenar los expedientes pendientes representa una medida de protección de derechos para la niñez hondureña.
La revisión de los expedientes forma parte de las acciones impulsadas por la SENAF para mejorar los controles internos y garantizar mayor transparencia en los procedimientos de adopción.
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La institución busca que cada caso tenga un seguimiento adecuado, documentación completa y una resolución conforme a la ley, para evitar que los menores permanezcan durante años en una situación de incertidumbre jurídica.
La funcionaria aseguró que el compromiso institucional es garantizar que los procesos de adopción se desarrollen bajo criterios de legalidad, protección integral y respeto al interés superior del niño.
Mientras continúa la revisión documental, la SENAF mantiene abierto el análisis de los expedientes antiguos para determinar cuántos casos pueden ser cerrados administrativamente y cuáles requieren otro tipo de acciones.
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