Un pandillero salvadoreño, perfilado como integrante del Barrio 18, recibió 75 años de prisión tras una investigación que permitió confirmar su participación en varios delitos, entre ellos homicidio, dentro del territorio nacional, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La sentencia, dictada por el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana, refuerza la intención estatal de combatir la violencia.
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La condena recayó sobre Mauricio Humberto Alarcón Portillo, hallado culpable de homicidio, un intento de homicidio y agrupaciones ilícitas, informaron las autoridades.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2015, en Chalchuapa, Santa Ana, cuando el sentenciado persiguió a dos personas que intentaron refugiarse en una vivienda tras presenciar un ataque.
Disparó contra ambas: una murió en el lugar y la otra resultó con lesiones graves. Los magistrados consideraron que las pruebas reunidas por la Fiscalía fueron determinantes para establecer la responsabilidad del acusado en los delitos imputados.
El Salvador endureció las penas para quienes integran estructuras pandilleriles, especialmente en casos de homicidio y extorsión. Las reformas legales recientes incrementaron de forma significativa los años de prisión para estos delitos, en un intento por frenar la violencia y la presión económica que ejercen las pandillas sobre comunidades y sectores productivos.
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Las nuevas disposiciones judiciales buscan limitar la capacidad operativa de las estructuras criminales y proteger a la población.
Más de 50 pandilleros en la costa de La Unión fueron condenados
Como parte del Régimen de Excepción, el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso duras penas a 53 miembros de la Mara Salvatrucha (MS), responsables de múltiples homicidios perpetrados en la zona costera de Conchagua, La Unión. Entre las víctimas figuran un padre y su hija, privados de libertad, asesinados y enterrados en un predio tras ser acusados falsamente de fungir como informantes. Este crimen ocurrió en 2019 en el cantón Playas Negras.
Las investigaciones policiales también vincularon a esta estructura con el homicidio de un estudiante en San Miguel en 2018. La víctima fue interceptada al salir del instituto, bajo la sospecha de pertenecer a una pandilla rival.
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Estos hechos evidencian la violencia que se vivía en la región y el alcance de la operación judicial que permitió llevar a los responsables ante los tribunales.
Las sentencias establecidas incluyen 45 años de cárcel para 10 homeboys de la clica, así como 30 años de prisión para 4 chequeos y 8 sujetos identificados como “paros”.
Todos los condenados fueron capturados bajo el régimen de excepción, herramienta legal utilizada para intensificar las acciones contra estructuras criminales de alto perfil.
El endurecimiento de las resoluciones judiciales contra miembros del Barrio 18 y la MS representa un esfuerzo sostenido para recuperar el control en territorios históricamente afectados por la criminalidad. El efecto de estas sentencias trasciende lo jurídico y apunta a reconstruir la confianza en la institucionalidad, condición fundamental para reactivar actividades económicas y sociales en áreas golpeadas por la violencia.
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