El ajuste de cuentas concentra la mayoría de los homicidios dolosos registrados en Costa Rica entre enero y abril de 2026

El informe del OIJ dibuja un patrón letal ligado a estructuras ilegales y focos territoriales que explican esa proporción

Numerosos casquillos de bala de color dorado esparcidos sobre una superficie oscura y rugosa; al fondo, una cinta amarilla con el texto "NO PASE".
Casquillos de bala se encuentran dispersos en el suelo oscuro, bajo una cinta amarilla de seguridad que indica "NO PASE". (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 61% de los 228 homicidios dolosos registrados en Costa Rica entre enero y abril de 2026 respondió a ajustes de cuentas, una cifra que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) vincula directamente con la violencia del crimen organizado y que convierte al país en uno de los escenarios más activos de esa dinámica en la región.

El dato sitúa el ajuste de cuentas como el móvil dominante por amplio margen: el segundo lugar lo ocupa la categoría “otro o indeterminado” con apenas el 19%, seguida de discusiones o riñas (11%) y homicidios cometidos durante otro delito (7%).

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La violencia doméstica y la represión de actividad criminal suman, cada una, el 1% restante.

Mapa de Costa Rica con silueta de persona, cinta policial y marcadores de escena del crimen. Infografía con estadísticas de delitos y víctimas de enero a abril de 2026.
Una infografía detalla más de 12,000 delitos contra la vida y la propiedad en Costa Rica entre enero y abril de 2026, señalando la concentración en San José y el predominio de víctimas masculinas adultas, según datos del OIJ. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes mueren y dónde

El perfil de las víctimas es consistente: el 87% son hombres, el 81% son mayores de edad y el 83% tienen nacionalidad costarricense. El 11% proviene de otras nacionalidades y el 5% restante permanece sin identificar.

La distribución geográfica concentra la mayor carga en San José, con el 29% de los casos, y en Limón, con el 24%. Le siguen Puntarenas (17%), Cartago (12%) y Alajuela (10%), mientras que Guanacaste (5%) y Heredia (4%) registran los índices más bajos.

Ese patrón geográfico, que combina la capital con provincias costeras, es coherente con las rutas del narcotráfico que atraviesan el territorio nacional y que alimentan buena parte de los conflictos letales.

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Más de 12,000 delitos contra la propiedad en cuatro meses

Mientras los homicidios acaparan la atención pública, el OIJ contabilizó 12,038 delitos contra la propiedad en el mismo período: 3,917 hurtos, 3,839 robos, 2,747 asaltos y 1,535 tachas de vehículo.

El 62% de las víctimas en esta categoría son hombres y el 33% mujeres. Los costarricenses concentran el 75% de los casos; los extranjeros, el 19%.

Imagen de archivo de turistas pasando junto a la escena de una acción violenta en San José, Costa Rica. 10 enero 2024. REUTERS/Mayela López
Imagen de archivo de turistas pasando junto a la escena de una acción violenta en San José, Costa Rica. 10 enero 2024. REUTERS/Mayela López

San José acumula el 40% de todos los delitos contra la propiedad, seguida por Alajuela (16%) y Puntarenas (13%). Las demás provincias se reparten el resto en proporciones menores.

Adultos mayores y menores, con patrones distintos

Los adultos mayores resultan más afectados por hurtos (369 casos) y robos (327) que por asaltos (141) o tachas (robos al interior) de vehículo (79). Los menores de edad, en cambio, concentran su victimización en asaltos y hurtos, con entre 92 y 98 casos respectivamente.

En cuanto a la modalidad, el asalto afecta principalmente a personas directas (74% de los casos), el hurto también (57%), mientras que el robo golpea sobre todo vehículos (42%) y viviendas (33%).

Ilustración a color de una adulta mayor asustada mientras un individuo encapuchado le apunta con una pistola e intenta robarle el bolso.
Una adulta mayor es asaltada a punta de pistola por un ladrón que intenta arrebatarle el bolso frente a un banco, en una dramática escena de delincuencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una radiografía útil para las políticas de seguridad

El informe del OIJ, publicado en mayo de 2026 con datos del primer cuatrimestre del año, apunta que el total de personas afectadas por delitos contra la vida y la propiedad asciende a más de 12.000, con 7,638 hombres y 4,042 mujeres entre las víctimas contabilizadas.

El estudio fue elaborado con fines de política pública y estrategia de seguridad. Sus autores advierten que la concentración de homicidios en San José y Limón, sumada al peso del ajuste de cuentas como móvil, dibuja un escenario en el que la violencia letal responde menos al crimen espontáneo y más a disputas dentro de estructuras delictivas organizadas.

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