Costa Rica: reforma para recortar la mora penal en un 30% sigue a la espera de convocatoria del Ejecutivo

El Poder Judicial de Costa Rica reporta una acumulación relevante de expedientes, con más de 48 mil causas nuevas registradas en 2026, lo que equivale al 20% del total de procesos judiciales. A raíz de este panorama, se presentó una propuesta de reforma procesal que, según la magistrada Patricia Solano, podría reducir la mora judicial en un 30%. No obstante, el avance del proyecto depende de que el Gobierno lo convoque a discusión durante el actual período de sesiones extraordinarias, lo cual no ha sucedido.

Cambios propuestos para agilizar el proceso penal

La reforma plantea como principal ajuste que tanto los sospechosos como las víctimas deban asistir a las audiencias preliminares. En esta fase, previa al juicio, se determina si un caso avanza tras la acusación penal. El objetivo es que, en esa instancia, se gestionen salidas alternas y procedimientos abreviados que actualmente ocupan espacio en juicios programados para debate.

Este cambio responde a un diagnóstico preciso: de cada 100 juicios, un 12% se suspende por ausencia de los imputados, un 9% por motivos del defensor, un 17% se concluye con medidas alternas durante el juicio y un 10% mediante procedimiento abreviado en esa etapa. Según Solano, si los imputados asistieran a la audiencia preliminar, muchos de estos desenlaces se podrían resolver antes, lo que facilitaría la reorganización de la agenda judicial y evitaría el uso ineficiente de los espacios asignados para debates.

La iniciativa busca que las decisiones relacionadas con medidas alternas o procedimientos simplificados, que representan hasta un 30% de los juicios si se excluyen los casos de imputados rebeldes, se tomen en la audiencia preliminar. Así, los tribunales de juicio destinarían sus recursos exclusivamente a expedientes que requieren una resolución judicial completa.

Impacto inmediato en la organización de los tribunales

La magistrada Solano describió, a partir de su experiencia, cómo la actual dinámica afecta la eficiencia: “Fui juez de juicio durante 20 años, toda mi vida profesional. Si en una semana tenía programado un juicio para tres días y, en la primera audiencia, surgía una solicitud de procedimiento abreviado o medida alterna, eso se resolvía en una mañana y el resto de la semana quedaba vacante, sin posibilidad de reasignar otros juicios”, contó a CR Hoy. Esta situación implica que, aunque los jueces realicen otras tareas, los recursos del sistema no se utilizan de manera óptima, ya que no es viable reorganizar con antelación las agendas de las partes cuando los acuerdos se logran en una etapa tardía.

La reforma permitiría mejorar la programación de las audiencias y reservar los espacios de debate solo para casos que realmente llegan a juicio. De esta manera, el Poder Judicial busca atender el crecimiento sostenido de expedientes y reducir la congestión en la administración de justicia.

Juicios unipersonales para ampliar la capacidad operativa

La propuesta también contempla ampliar la cantidad de juicios unipersonales para delitos con penas de hasta 10 años. Actualmente, el 60% de los procesos se resuelven bajo este modelo, mientras que el 40% restante corresponde a tribunales colegiados de tres jueces. De aprobarse el cambio, el 70% de los casos serían tramitados por un solo juez, lo que, según estimaciones de CR Hoy, incrementaría la capacidad operativa del sistema judicial en un 10%.

El objetivo es que solo lleguen a juicio los expedientes que requieren debate. En el contexto actual, el 70% de los casos que alcanzan esta etapa concluye en condena y la mayoría se resuelve antes, en la audiencia preliminar. Así, se busca optimizar la utilización de recursos y reducir los tiempos de espera para la resolución de los casos.

Origen y consecuencias de la distorsión en el proceso

El actual esquema, que permite gestionar acuerdos y salidas alternas en etapas avanzadas del juicio, surge de una resolución de la Sala Constitucional. En ese fallo, se autorizó que una persona solicitara una medida alterna durante el juicio, pese a que el Código Procesal Penal disponía que debía ser en la audiencia preliminar. El argumento fue que la persona desconocía la obligación de asistir a esa instancia, lo que marcó un precedente para la aplicación de estas medidas en cualquier fase del proceso penal.

El proyecto de reforma sigue sin ser discutido en la Asamblea Legislativa. Aunque cuenta con el aval de la Comisión de Asuntos Jurídicos y está listo desde marzo, el Gobierno no lo ha incluido en la agenda de sesiones extraordinarias, lo que impide que los diputados le den trámite entre el 1 de mayo y el 31 de julio. Consultado por CR Hoy, el jefe de la fracción oficialista, Nogui Acosta, no ha explicado la razón de la omisión.

La reforma presentada busca anticipar la resolución de causas y reorganizar la carga de trabajo en los tribunales, con el propósito de agilizar el proceso penal y reducir la mora judicial. Su futuro legislativo depende de la decisión del Gobierno sobre su convocatoria.