
La presidenta de Costa Rica Laura Fernández ordenó este miércoles desconvocar de la agenda legislativa el proyecto de armonización eléctrica, aprobado en primer debate el martes pero aún sin los 38 votos necesarios para el segundo.
La mandataria dijo que buscará abrir una negociación con bancadas opositoras antes de volver a someter el expediente 23,414 a votación.
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La iniciativa consiguió 27 votos a favor en primer debate y requiere 38 en el segundo para convertirse en ley.
La desconvocatoria se hará en sesiones extraordinarias, cuando el Poder Ejecutivo define la agenda del Congreso. Fernández pidió al ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, que redacte el decreto durante la tarde.
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno en Casa Presidencial, Fernández cuestionó a legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio que votaron en contra. Los calificó de “comunistas”, “vagabundos” y “enemigos del pueblo”.
La presidenta sostuvo que esas fracciones “venden humo” sobre los efectos de la iniciativa y defendió que la reforma no debilita al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). También dijo que un rechazo legislativo podría derivar en problemas de abastecimiento eléctrico como los que, según ella, afrontan Cuba y Venezuela.
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El Gobierno retiró el proyecto para abrir una negociación antes del segundo debate
Fernández dijo que retira de forma temporal el proyecto para “dar una pausa de cara al segundo debate”. Planteó abrir conversaciones con los diputados opuestos para revisar ajustes y pidió que estudien el contenido del expediente y el contexto internacional en materia energética.
“No le fallen al pueblo de Costa Rica”, afirmó en el cierre de la conferencia. También indicó que el plazo de la desconvocatoria lo definirá el Gobierno, con la expectativa de que el PLN y el Frente Amplio reconsideren su voto.
La mandataria vinculó la aprobación de la reforma con la capacidad del país para atender el aumento de la demanda eléctrica, atraer inversión y sostener el empleo. “Si hay un tema en particular en que le están vendiendo humo al pueblo de Costa Rica es con este”, dijo.
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Fernández aseguró que hay empresas interesadas en instalar industrias, pero que desisten por falta de disponibilidad de energía. Mencionó Limón, la Zona Sur, Puntarenas y la Zona Norte como territorios donde, afirmó, la población le traslada preocupación por el acceso a mejores empleos.
También acusó a diputados contrarios al plan de meter miedo con la idea de una desaparición del ICE y con eventuales aumentos tarifarios para las familias.
Para respaldar la iniciativa, el Gobierno dio espacio en la conferencia a representantes de sectores industriales y empresariales. La exdiputada Daniela Rojas defendió el proceso de negociación de los últimos cuatro años y dijo: “No botar esto hoy es echar a la basura negociaciones y trabajo”.
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Qué propone la reforma de armonización eléctrica y el nuevo operador del sistema
El proyecto plantea pasar de un esquema concentrado en el ICE a un mercado más abierto, con participación de actores públicos y privados para generar, vender y comprar electricidad bajo nuevas reglas. Propone un operador independiente, un mercado mayorista nacional, subastas para contratar energía y cambios en las funciones del Estado, el ICE, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y el Ministerio de Ambiente y Energía.
El texto prevé crear el Mercado Eléctrico Nacional, un esquema donde entidades estatales, cooperativas, municipalidades y empresas privadas participarían en transacciones mediante contratos, subastas y mercados diarios. El diseño apunta a una competencia regulada, con supervisión estatal y prioridad para el abastecimiento interno.
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Uno de los cambios centrales es la creación del Ecosen, una institución autónoma que asumiría funciones hoy a cargo del ICE. Entre sus tareas figuran operar el sistema eléctrico en tiempo real, definir el despacho, administrar el mercado, coordinar el despacho nacional y representar al país ante el mercado regional centroamericano.
La reforma diseña un mercado mayorista con tres mecanismos: contratos de mediano y largo plazo por subastas, un mercado diario de oportunidad y mercados para servicios auxiliares y capacidad.
Además, las empresas distribuidoras deberían contratar al menos el 90% de su demanda mediante subastas anuales organizadas por el Ecosen.
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