Gobierno de Laura Fernández crea la Fuerza Élite para articular acciones policiales contra el crimen organizado en Costa Rica

La presidenta Laura Fernández puso en marcha este lunes la Fuerza Élite, un esquema de reuniones semanales desde el Ministerio de Seguridad Pública con el que, según dijo la propia mandataria, asumirá el mando directo de la coordinación policial para enfrentar al crimen organizado, revisar inteligencia, fijar metas a 30, 60 y 90 días y exigir resultados a todos los cuerpos de seguridad del país.

En esa primera rendición de cuentas tras la sesión, Fernández informó que en Costa Rica operan 260 estructuras criminales, de las cuales 61 están en confrontación activa, con 4,300 miembros identificados por la inteligencia policial. También sostuvo que el Gobierno empezará a medir semanalmente aprehensiones, prisión preventiva, productividad de operativos y trazabilidad de los casos.

La mandataria afirmó que el equipo se reunirá todos los lunes a las 08:00 y que en la mesa participan directores regionales de la Fuerza Pública de todas las provincias y regiones, junto con responsables de Guardacostas, Policía Penitenciaria, Policía de Fronteras, unidades especiales e inteligencia. “Yo no voy a tolerar fronteras entre cuerpos policiales”, dijo Fernández.

La presidenta explicó que la reunión será “inminentemente técnica” y que ella misma verificará qué hicieron los cuerpos policiales en la semana anterior, qué acciones ejecutarán en la siguiente y cómo se articularán mejor. También señaló que espera incorporar en próximas sesiones al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa.

El Gobierno anunció reformas para cortar la operación de bandas desde las cárceles

Fernández aseguró que uno de los hallazgos centrales de la reunión fue que varias bandas continúan operando aun cuando sus cabecillas están presos. Como ejemplo, mencionó a la banda de los Lara en San José y a la del Gordo Leo en Desamparados, y sostuvo que sus jefes siguen activos desde prisión.

Según la presidenta, esa continuidad delictiva se explica, entre otros factores, por visitas, encomiendas de comida y comunicaciones que permiten el traslado de mensajes. Por eso anunció que promoverá una ley para restringir la comunicación de delincuentes de alta peligrosidad y otra para que las visitas a ese perfil de reclusos en máxima seguridad sean grabadas en video y audio.

También instruyó al ministro de Justicia y Paz Gabriel Aguilar a revisar reglamentos penitenciarios tras mencionar casos de reclusos con múltiples pares de zapatos de lujo, cigarros, encendedores y otras prerrogativas dentro de prisión. Aguilar sostuvo que “las épocas en que las cárceles eran considerados hoteles llenos de privilegios” terminaron y advirtió que los funcionarios corruptos “ya están siendo identificados”.

Fernández añadió que impulsará una ley que sancione la pertenencia a una banda criminal y dijo que planea presentarla en junio. A la vez, vinculó la futura cárcel de máxima contención con la necesidad de aislar a jefes criminales que, según afirmó, conservan capacidad de mando desde los centros penales.

La presidenta citó mapas de calor, caídas parciales en homicidios y fallas en judicialización

Durante su exposición, la presidenta dijo que el comportamiento delictivo no es homogéneo y que la sesión revisó provincia por provincia los llamados mapas de calor. Aseguró que el análisis permitió identificar bandas, movimientos territoriales y puntos específicos en San José, Limón, Cartago, Puntarenas, Liberia y Tamarindo.

Fernández afirmó que los delitos contra la vida bajaron 13,3% en 2026 frente a 2025, aunque aclaró que ese resultado “no es suficiente”. También señaló que hubo disminuciones en delitos contra la propiedad, pero alertó por un aumento de la tacha de vehículos mediante tecnología que inhibe la señal de cierre.

En su detalle territorial, dijo que en la zona sur de Puntarenas se dispararon los tumbonazos de droga; que Cartago enfrentó un triple homicidio al inicio del año; que San José es la provincia que más mejoró en delitos contra la vida; y que en Limón existe un “negocio de outsourcing de homicidios”. Sobre esos fenómenos, sostuvo que las autoridades conocen las bandas, sus integrantes y sus zonas de operación.

Fernández aseguró que “de cada cien detenidos solo cuatro son condenados”. También afirmó que solo 38% de las detenciones llega a un “final eficiente”, dato que usó para justificar nuevos indicadores de desempeño sobre operativos y resultados penales.

Esa es la respuesta directa que el Gobierno dio sobre el problema central que busca atacar con la Fuerza Élite: la policía detiene, pero una parte sustancial de los casos no deriva en prisión preventiva ni en condenas, según la evaluación expuesta por la presidenta, que reclamó mayor articulación con el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y los jueces.

El plan incluye polígrafo para mandos policiales y presión política sobre otros poderes

Fernández ordenó que todos los directores presentes en la reunión, además de los ministros, se sometan a una prueba de polígrafo con preguntas sobre crimen organizado y narcotráfico. Recordó que ella se hizo ese examen antes de asumir la candidatura presidencial y dijo que no tolerará “el menor tufito” de corrupción o infiltración criminal.

El ministro de Seguridad Pública Gerald Campos respaldó esa decisión y sugirió que también deberían someterse a esa prueba funcionarios vinculados a la lucha contra el crimen organizado en el Poder Judicial y en la Asamblea Legislativa. Campos dijo que el Ejecutivo está trabajando “como una familia” y reiteró que necesitan el apoyo de la policía judicial y del Ministerio Público para que las investigaciones y acusaciones prosperen.

La presidenta confirmó además que invitó a los 57 diputados a una reunión este viernes para revisar el estado de situación y discutir reformas legales.