Allanamientos sin orden judicial desatan polémica en Costa Rica tras propuesta de diputado oficialista

La posibilidad de autorizar allanamientos policiales sin orden judicial ha generado un intenso debate en Costa Rica, luego de que Nogui Acosta, diputado electo y futuro jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), defendiera la medida como respuesta urgente a la creciente inseguridad. Acosta propuso que, en determinadas circunstancias y mediante la suspensión de garantías, se elimine el requisito de la orden judicial para intervenir recintos privados, un mecanismo permitido solo en situaciones extremas según la Constitución. Esta iniciativa, vinculada a los planes de la presidenta electa Laura Fernández, enfrenta fuerte oposición por su potencial impacto en los derechos individuales.

Durante una entrevista en el programa Interferencia de Radioemisoras UCR, Nogui Acosta ilustró su postura con un caso reciente: “Hace algunos días, una jueza no permitió que el OIJ entrara en un edificio de una empresa de seguridad, aunque había indicios de que había droga ahí. 72 horas después, otro juez firmó y permitió; encontraron 400 kilogramos de droga”, relató el exministro de Hacienda. Acosta cuestionó la capacidad del régimen legal actual para responder a la dinámica del crimen organizado, al señalar que la demora en obtener autorización judicial permitió que los responsables evadieran la justicia.

La propuesta de Acosta implica levantar ciertas garantías constitucionales, de modo que los allanamientos policiales sin orden judicial puedan realizarse en contextos definidos por ley. El diputado ha enfatizado que la medida no implicaría suspender la totalidad de las garantías, sino solo las necesarias para detectar y prevenir delitos graves. “Yo creo que ha habido una mala interpretación de lo que se busca”, dijo Acosta en Radioemisoras UCR, al explicar que las limitaciones podrían aplicarse, por ejemplo, al movimiento dentro de un barrio específico o en zonas bajo investigación.

Según la Constitución Política de Costa Rica, la suspensión de garantías —como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, el derecho de reunión y la protección contra detenciones arbitrarias— solo puede decretarse mediante una mayoría calificada de 38 votos en la Asamblea Legislativa. El PPSO obtuvo 31 legisladores, por lo cual necesitaría el apoyo de al menos siete diputados de otras bancadas para impulsar esta reforma.

Debate sobre el daño y los límites de la intervención policial

La periodista Hulda Miranda interrogó a Acosta sobre el riesgo de que, al realizar un allanamiento sin autorización judicial y no hallar pruebas, se vulnere la propiedad privada de un ciudadano inocente. El diputado respondió: “¿Cuál fue el daño? Si entran a una casa y no había droga, ¿cuál fue el daño?”. Miranda insistió en que tal intervención constituye una violación constitucional al derecho a la propiedad privada, independientemente de la existencia de pruebas incriminatorias.

Acosta mantuvo su posición y explicó que, de existir daños materiales, los afectados tendrían derecho a una indemnización. “Si hubo un daño, se lo tienen que pagar”, afirmó. Frente a la observación de que pueden producirse afectaciones más allá de lo económico, el exministro reconoció que serían los tribunales quienes deberían determinar y reparar tales consecuencias: “Entonces los tribunales también van a tener que responder por eso, ¿o no?“

Las garantías individuales bajo escrutinio: límites constitucionales y reacción opositora

Las garantías individuales protegidas por la Constitución de Costa Rica incluyen la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, el derecho de reunión, la intimidad, el secreto de las comunicaciones, la libertad de expresión y de asociación, y la igualdad ante la ley. Para su suspensión se requiere una aprobación legislativa cualificada. Entre las garantías cuya limitación podría permitir allanamientos sin autorización judicial están el libre acceso a la información pública, la prohibición de detenciones arbitrarias y la inviolabilidad del domicilio.

La iniciativa del PPSO, respaldada por la presidenta electa Laura Fernández durante la campaña, encendió la alarma en las filas de la oposición parlamentaria. El futuro jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, calificó la propuesta de Acosta como “propia de las dictaduras”, y reafirmó a La Nación el compromiso de su partido de “luchar con determinación y firmeza en defensa de la libertad y las garantías individuales”.

Por su parte, la diputada electa de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, calificó la iniciativa de inconstitucional y “muy preocupante”. Gordienko, abogada, advirtió en sus redes sociales que el control previo por parte de un juez es una “garantía de legalidad y tutela efectiva frente a posibles abusos del poder del Estado”. En su opinión, suprimir esta exigencia transformaría una excepción constitucional en una norma, “socavando peligrosamente el principio de inviolabilidad que nos protege a usted, a mí y a toda la ciudadanía”.

Citando compromisos internacionales, Gordienko recordó que Costa Rica debe proteger la vida privada y la inviolabilidad del domicilio conforme a tratados ratificados, por lo cual “solo con esas salvaguardias se protege efectivamente la seguridad pública sin sacrificar derechos fundamentales ni la legitimidad del Estado de derecho”.