La diputada electa Claudia Dobles ha iniciado un trabajo conjunto con la Comisión de Expertos en Seguridad y Narcotráfico del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para definir y priorizar una agenda legislativa orientada a combatir el crimen organizado y optimizar la justicia penal desde el primer tramo de su gestión.
Este proceso incorpora criterios técnicos de exministros y exjerarcas policiales con el objetivo de fortalecer la eficacia estatal en inteligencia, persecución de capitales ilegales y endurecimiento de penas para delitos de portación ilícita de armas.
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Ocho proyectos en revisión inmediata y cinco nuevas iniciativas legislativas en seguridad
El primer paso de la articulación entre Dobles y el grupo de expertos será la revisión técnica de ocho proyectos de ley que actualmente se encuentran en la corriente legislativa. El análisis de estas iniciativas busca perfeccionar su alcance, asegurar coherencia normativa y acelerar los tiempos de debate parlamentario.
Simultáneamente, la diputada coordinará la formulación de cinco nuevos proyectos centrados en seguridad y justicia, además de promover la aprobación urgente del expediente legislativo No. 24.913, que introduce reformas procesales para reducir demoras y robustecer la eficiencia penal del país.
Reforma en inteligencia, capitales y armas, e impulso al control vial
Las propuestas legislativas concretas incluyen la elaboración de una Nueva Ley de Capitales Emergentes, cuyo fin será modernizar y fortalecer la lucha contra la legitimación de capitales al dotar al Estado de mecanismos más efectivos para confiscar recursos económicos y patrimoniales procedentes del crimen organizado.
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También se impulsará una reforma integral a la Ley 7786, que regula el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Esta modificación busca potenciar la Unidad de Inteligencia Financiera, incrementar la flexibilidad operativa de la institución y optimizar el aprovechamiento de bienes decomisados. Se proyecta aprobar una Nueva Ley de Inteligencia, cuyo marco normativo regulará las funciones de inteligencia bajo controles democráticos más estrictos, delimitará funciones y fomentará una coordinación interinstitucional más sólida.
Entre las prioridades, se contempla reformar la Ley de Armas y Explosivos (Ley No. 7530), con el fin de endurecer las penas asociadas a la portación ilegal de armas y establecer mayores controles sobre el armamento en poder de empresas de seguridad privada.
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En el ámbito vial, la agenda incorpora una propuesta de reforma a la Ley de Tránsito (Ley No. 9078) para facilitar la desinscripción expeditiva de vehículos decomisados y mejorar la gestión de los planteles del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI). El objetivo es fortalecer la capacidad operativa y la respuesta institucional ante el tráfico y control de vehículos involucrados en actividades ilícitas.
La Comisión de Expertos en Seguridad y Narcotráfico del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica está compuesta por profesionales con experiencia en altos cargos de la seguridad pública y privada, quienes aportan análisis jurídico-técnico esencial en la construcción de propuestas legislativas sólidas.
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Durante la reunión, Dobles afirmó: “Nuestra prioridad es la seguridad, y desde la Asamblea Legislativa impulsaremos todas aquellas iniciativas que vengan a brindar mayor protección a los y las costarricenses. El acompañamiento técnico del Colegio de Abogados y Abogadas será clave para construir reformas serias, responsables y efectivas”.
En las propuestas se incluyen mecanismos destinados a mejorar la investigación y la inteligencia estatal, reformas procesales para procurar mayor rapidez en la justicia penal y el despliegue de herramientas más eficientes para combatir la legitimación de capitales, con énfasis en medidas orientadas a la reducción de la violencia armada.
Dobles sostiene que el trabajo con especialistas resulta esencial para entregar resultados tangibles: la agenda legislativa que impulsa persigue introducir reformas serias, responsables y efectivas que permitan mejorar la seguridad del país y beneficiar tanto a personas como a familias y comunidades en todo el territorio nacional.
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