
La Organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, ha reiterado un llamado firme al Estado hondureño para garantizar que la elección de los nuevos funcionarios del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral se realice bajo criterios estrictos de idoneidad, independencia y capacidad profesional, en lugar de responder a intereses de carácter partidario.
El pronunciamiento se produce en un momento clave para la institucionalidad democrática del país, marcado por el inicio del proceso de recepción de postulaciones para cubrir vacantes en ambos órganos electorales.
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La OACNUDH enfatizó que la legitimidad del sistema electoral hondureño depende en gran medida de la transparencia y objetividad con que se desarrollen estos procesos de selección, especialmente en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones ha sido históricamente frágil.
En su declaración, la Oficina recordó que la elección de consejeros y magistrados debe estar basada en una evaluación integral de méritos, competencias, trayectoria profesional y ética personal.
Este enfoque, según el organismo internacional, no solo fortalece la institucionalidad, sino que también contribuye a garantizar elecciones libres, justas y confiables.
Asimismo, la OACNUDH hizo énfasis en la necesidad de reformar la Ley Especial de Juicio Político (Decreto 51-2013), señalando que dicha normativa aún presenta vacíos que la alejan de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
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La Oficina subrayó que una legislación adecuada en este ámbito es fundamental para asegurar mecanismos de rendición de cuentas que respeten el debido proceso y la independencia de los funcionarios públicos.
Este llamado no es nuevo. La recomendación forma parte del más reciente informe anual del Alto Comisionado sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, en el cual se insta explícitamente a que el proceso de nominación de los miembros del CNE y del TJE se realice con base en criterios de independencia, capacidad e idoneidad, evitando que la militancia política sea el factor determinante.
“La selección de estas autoridades debe responder al interés público y no a cuotas partidarias”, ha reiterado la Oficina, destacando que la politización de los órganos electorales puede debilitar gravemente la democracia y abrir espacio a conflictos postelectorales.
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En este contexto, la OACNUDH también expresó su disposición para brindar asistencia técnica al Estado hondureño.
Este acompañamiento incluiría asesoría en la elaboración de normativas, fortalecimiento de capacidades institucionales y promoción de buenas prácticas internacionales en materia electoral y judicial.
Mientras tanto, en el ámbito nacional, el proceso de selección ya ha comenzado a tomar forma. El diputado Antonio Rivera Callejas informó que la comisión especial encargada de dirigir este proceso recibió recientemente las primeras cuatro postulaciones para los cargos vacantes.
Según explicó el legislador, aunque cuatro personas se presentaron inicialmente, solo una logró completar de manera satisfactoria todos los requisitos exigidos. Se trata del congresista Germán Osvaldo Altamirano, representante del partido Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Santa Bárbara, quien formalizó su aspiración al cargo de magistrado del CNE.
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Rivera Callejas detalló que los otros tres aspirantes no lograron presentar su documentación completa debido a dificultades técnicas relacionadas con la descarga de los formularios desde la página oficial del Congreso Nacional.
Ante esta situación, los interesados acudieron personalmente a solicitar los documentos, lo que evidencia ciertos desafíos logísticos en el proceso.
“Llegaron cuatro personas, pero tres de ellas no habían podido bajar los formularios de la página del Congreso, entonces los fueron a pedir personalmente. Y uno de ellos sí presentó toda la información”, explicó el diputado, subrayando la importancia de cumplir con todos los requisitos establecidos para garantizar la transparencia del proceso.
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La participación de un actual diputado como aspirante a un cargo en el CNE ha generado diversas reacciones en sectores políticos y sociales.
Algunos consideran que este tipo de postulaciones refuerzan la percepción de politización, mientras que otros argumentan que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos legales tiene derecho a participar.
En este escenario, el llamado de la ONU adquiere especial relevancia. La insistencia en priorizar la idoneidad sobre la afiliación política busca precisamente evitar que los órganos electorales se conviertan en extensiones de los partidos, lo cual podría comprometer su imparcialidad.
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