El Concejo Municipal de San José aprobó la suspensión por 15 días sin goce salarial del alcalde Diego Miranda, tras agotar todas las instancias administrativas y judiciales de apelación.
El acuerdo, según lo informado por el propio concejo durante la sesión ordinaria número 95 de este martes 24 de febrero, entrará en vigor una vez que se firme el acta en la próxima reunión, momento a partir del cual la primera vicealcaldesa Yariela Quirós Álvarez asumiría la titularidad de forma interina.
Durante la última sesión, la moción para ratificar la sanción alcanzó siete votos a favor y cuatro en contra, distribuidos de la siguiente manera: Luis Murillo Cruz, Alexander Cano Castro e Iztarú Alfaro Guerrero por el Partido Liberación Nacional, Brandon Guadamuz Villalobos del Frente Amplio, José Manuel Jiménez Gómez del Partido Liberal Progresista, Yorleny Karina Córdoba Moya del Partido Progreso Social Democrático, y Álvaro Salas Carvajal del Partido Unidad Social Cristiana.
Por la negativa se posicionaron Bernardita Fallas Vargas y Mariana Zúñiga Pérez por Juntos San José, Juan Diego Gómez González de Más San José, y Rafael González Ovares como independiente.
La sanción se impone por el incumplimiento de un acuerdo vinculante previamente adoptado por el concejo, acto calificado como infracción al deber de probidad y al principio de legalidad. El Concejo Municipal explicó que la sanción quedó habilitada para ejecutarse porque todas las vías de revocatoria y apelación presentadas por Miranda fueron rechazadas o declaradas improcedentes por los órganos administrativos y tribunales Contencioso-Administrativos.
El Concejo precisó que la inexistencia de procesos pendientes, tanto en sede administrativa como judicial, respalda la inminente ejecución de la sanción, conforme lo estipula la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, la Sala Constitucional y otras instituciones relevantes.
La medida contra Miranda tiene origen en una supuesta gestión indebida relacionada con una licitación para la compra de vehículos eléctricos, proceso que ya había sido objeto de un acuerdo de suspensión mayoritaria desde el 21 de octubre. Diversas impugnaciones presentadas por el alcalde retrasaron la sanción hasta agotarse definitivamente los recursos.
Diego Miranda afirmó que el concejo carece de competencia para sancionarlo e indicó que, según su interpretación del Tribunal Contencioso, la atribución corresponde a la Contraloría General de la República. Señaló: “intentaron sancionarme los regidores en un acuerdo que no quedó en firme, precisamente porque tienen dudas, porque se pudo ver en la sesión cómo se evidencia una mala intención de una mayoría para tomar un acuerdo que es ilegal y que no tiene la competencia para tomar, además de que se evidenció en las intervenciones de algunos regidores cómo se ha presionado a algunos para que voten esta sanción de manera positiva, con chantajes, con extorsión”, sostuvo Miranda.
La mayoría de regidores ratificó su posición y sostuvo que el Concejo posee la competencia para adoptar este tipo de sanciones. En el acuerdo oficial se destacó: “El Concejo reafirma que nadie está por encima de la ley, reitera su compromiso con la transparencia, la correcta gestión pública y el respeto a los procedimientos administrativos, y rechaza cualquier amenaza y amedrentamiento tendiente a dejar sin efecto el cumplimiento efectivo de la ley en este y otros casos de probidad y anticorrupción. En consecuencia, se advierte que cualquier acto que el señor alcalde realice durante su periodo de suspensión carecerá de validez y estará afectado de nulidad absoluta”.
Una vez que el acuerdo quede en firme, la suspensión de Miranda se consumará al primer día hábil posterior a la notificación y durante ese periodo no podrá ejercer actos vinculados con la alcaldía.
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