Asociaciones de desarrollo en Costa Rica transforman chatarra en infraestructura comunitaria gracias a proyecto municipal

El aprovechamiento de recursos que antes permanecían sin uso se ha convertido en una fuente de financiamiento directo para comunidades de la provincia de Cartago, en Costa Rica, gracias a un proyecto que permite a asociaciones de desarrollo ejecutar obras locales mediante la venta de chatarra proveniente de activos municipales en desuso, como vehículos y maquinaria fuera de circulación.

La iniciativa, que actualmente avanza en su segunda fase, ha demostrado ser una alternativa concreta para canalizar fondos hacia proyectos comunales definidos por las propias organizaciones vecinales. En su primera etapa, la venta de chatarra permitió recaudar ₡27,028,204, unos $54 mil, recursos que fueron administrados por asociaciones de desarrollo de La Campiña, San Francisco, Ochomogo y El Carmen, las cuales recibieron más de ₡7 millones cada una para ejecutar obras prioritarias en sus comunidades.

Los fondos se tradujeron en mejoras tangibles para los vecinos. En El Carmen, por ejemplo, se llevó a cabo la remodelación del gimnasio comunal, un espacio clave para actividades deportivas, recreativas y sociales. En La Campiña, los recursos se utilizaron para el asfaltado de vías y la mejora del parque infantil, mientras que en San Francisco se construyó un puente peatonal que facilita la movilidad y aumenta la seguridad de quienes transitan diariamente por la zona.

Más allá de las cifras, el proyecto destaca por el nivel de autonomía que otorga a las asociaciones de desarrollo, que son las encargadas de gestionar la venta de la chatarra y decidir el destino de los recursos, siempre bajo un esquema de supervisión. Este modelo ha permitido que los fondos se orienten a necesidades específicas definidas por las propias comunidades, lo que fortalece la organización local y la participación ciudadana.

Para las asociaciones involucradas, el acceso a este tipo de financiamiento representa una oportunidad para concretar obras que, de otro modo, requerirían largos procesos de gestión o dependerían de presupuestos limitados. Además, el mecanismo impulsa una lógica de economía circular, al reutilizar o reciclar materiales que ya no cumplen una función operativa, pero que aún tienen valor económico.

El proceso contempla la aprobación previa del Concejo Municipal de Cartago para la donación de la chatarra. Una vez avalada, las asociaciones asumen la responsabilidad de comercializar los materiales y ejecutar los proyectos, con el compromiso de destinar los recursos exclusivamente a iniciativas de beneficio comunal. Esta dinámica ha sido vista por líderes comunales como una forma de descentralizar la inversión pública y acercarla a las necesidades reales de cada distrito.

En la segunda fase del proyecto, los recursos se destinarán a iniciativas impulsadas por las Asociaciones de Desarrollo Integral de Tierra Blanca y Residencial Cartago. Aunque aún no se han detallado públicamente las obras específicas, se espera que los fondos permitan desarrollar proyectos orientados a mejorar la infraestructura comunal y los espacios de convivencia, siguiendo la línea de impacto observada en la etapa anterior.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda, señaló que la iniciativa refleja un compromiso con el desarrollo social y el aprovechamiento responsable de los recursos, al tiempo que destacó el papel del Concejo Municipal en la viabilidad del programa. No obstante, el énfasis del proyecto ha estado en el beneficio directo para las comunidades, que encuentran en este esquema una herramienta para impulsar mejoras concretas en su entorno.

Experiencias como esta han despertado interés en otros sectores, al mostrar que la articulación entre instituciones y organizaciones comunales puede generar resultados visibles en plazos relativamente cortos. Para las asociaciones de desarrollo, el programa no solo representa un ingreso económico, sino también un reconocimiento a su capacidad de gestión y a su rol como actores clave en el desarrollo local.

Con la puesta en marcha de esta segunda etapa, las comunidades beneficiadas esperan replicar el impacto logrado en la primera fase y consolidar un modelo que combina reciclaje, participación comunitaria y obras de interés social, con efectos directos en la calidad de vida de los vecinos.