La victoria de Laura Fernández en las elecciones presidenciales de Costa Rica consolida la continuidad de la gestión del actual mandatario Rodrigo Chaves. Diversos sectores de la oposición han advertido que la llegada de una figura oficialista al poder podría derivar en un “camino autoritario”, preocupación alimentada por los recurrentes enfrentamientos de Chaves con los otros poderes del Estado, como el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y medios críticos.
En sus primeras declaraciones tras el triunfo, Fernández afirmó de forma categórica que planea seguir el legado de su antecesor durante los próximos cuatro años, alejándose de propuestas de ruptura.
La nueva presidenta, de 39 años y licenciada en Ciencias Políticas, accede al cargo tras desempeñarse como ministra de la Presidencia y de Planificación y Política Económica en el gobierno de Chaves, además de acumular experiencia de más de una década en el sector público desde 2010. En cuanto a sus prioridades, Fernández expresó su aspiración de reunir 40 de las 57 bancas de diputados en la Asamblea Legislativa, lo que permitiría al oficialismo impulsarlas reformas que considere.
Su vida personal también ocupó un espacio en la campaña. Nacida en Puntarenas, Fernández se presentó como una madre y esposa con rutinas cotidianas similares a las de muchas otras mujeres costarricenses.
En la recta final de la campaña, los sondeos de opinión la favorecían con ventaja sobre los otros 19 candidatos. Su objetivo era superar el 40 % de los votos, cifra requerida en Costa Rica para evitar una segunda vuelta y consagrarse de manera directa.
El eje económico fue central en su discurso y propuestas. Durante el periodo 2024-2025, Costa Rica mostró un repunte económico, descenso del desempleo y reducción de la deuda pública, logros que Fernández atribuye al gobierno saliente y que, según el informe Estado de la Nación 2025 (PEN), convirtieron al país en el de mayor dinamismo dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No obstante, el propio informe advierte sobre desafíos pendientes en materia de redistribución de la riqueza y la sostenibilidad a largo plazo.
La inseguridad y el crimen organizado han escalado en la agenda pública debido a los altos índices de violencia registrados. Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el año 2025 se convirtió en el tercero más violento en la historia reciente de Costa Rica, con una tasa de homicidios dolosos de 16,7 por cada 100 mil habitantes, atribuida principalmente al narcotráfico y las pugnas entre bandas delictivas. En relación con este panorama, la estrategia “Costa Rica Segura Plus 2023-2030” guiará las políticas de seguridad durante el nuevo gobierno, tal como afirmó Fernández, quien prometió mano dura contra la delincuencia.
Entre las medidas más discutidas se encuentra la propuesta de suspender garantías individuales en zonas críticas para capturar delincuentes asociados al narcotráfico, una iniciativa que ha recibido duras críticas de la oposición. Fernández apuesta, además, por fortalecer las sanciones contra el crimen organizado y culminar la construcción de una cárcel de máxima seguridad, inspirada en modelos internacionales como el implementado por Nayib Bukele en El Salvador.
Además de las cuestiones de seguridad y economía, el programa de Fernández contempla modernizar la educación, alcanzar la sostenibilidad ambiental, elevar la eficiencia estatal y restaurar la confianza en el sistema judicial. Su biografía señala también experiencia como consultora, funcionaria pública y especialista en áreas de empleo público, inversión y cooperación internacional, credenciales que ahora llevará a la gestión ejecutiva del país.
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