
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio marcha atrás con el proyecto original de emergencia económica y lo redefinió en una versión más “light” para atender los reclamos de sus aliados de Juntos por el Cambio. Este lunes, en una reunión con otros dirigentes de su bloque oficialista, reformuló los puntos más controversiales de la ley: eliminó el pago escalonado de los sueldos de la Ciudad “en caso de necesidad” y se autolimitó en las facultades del Poder Ejecutivo, como reasignar partidas para afrontar las prioridades que exige la propagación de coronavirus.
El proyecto original había generado el rechazo del Frente de Todos y de los sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires. Para la oposición, la iniciativa implicaba un “cheque en blanco” para la gestión, por lo que impulsó un despacho con un proyecto alternativo para la administración de la “coronacrisis”. Los dictámenes habían expuesto el desacuerdo interno Juntos por el Cambio: el proyecto oficialista no había sido acompañado con las firmas de algunos aliados de Larreta, entre ellos, los legisladores radicales y de la extrapartidaria agrupación GEN.
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La falta de consenso tuvo como efecto que, la semana pasada, el Frente de Todos no habilitara el tratamiento sobre tablas de la propuesta en la Legislatura porteña. Pero ante la polémica, la mesa política de Juntos por el Cambio avanzó con más modificaciones para solucionar los reparos de la UCR.
Uno de los puntos centrales de las negociaciones fue la anulación del artículo 19, que refería al pago escalonado de sueldos. Frente a una profunda recesión económica de alcance imprevisible y arcas públicas con menos recursos, Rodríguez Larreta quería contar con la atribución de abonar salarios de manera diferida. Pero esa potestad encendió las alarmas de las CTA autónoma y de los Trabajadores, junto a los gremios docentes como UTE, que consideraron “inadmisible” dicha facultad extraordinaria.
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Según señalaron fuentes del Gobierno porteño a Infobae, las modificaciones implican nuevas limitaciones y recortes en los poderes discrecionales que otorgaba la normativa sobre las partidas del Presupuesto 2020. Con ese objetivo, se acordó la creación de una Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento de la Emergencia Sanitaria para monitorear las medidas que ese tomen en el marco de la emergencia. Se trata de un planteo que era exigido por todos los bloques políticos en la Legislatura.
Además, la mesa de JxC resolvió que las reestructuraciones presupuestarias deberán ser informadas a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de manera mensual y a mes vencido. Y estableció una prohibición: no se podrán suspender ni postergar la ejecución de programas creados por leyes específicas en las áreas de Salud, Educación y Desarrollo Humano, sectores siempre críticos para resolver las demandas educativas, sanitarias y sociales de la población porteña más vulnerables.
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Otro punto que se revisó fue el uso de los fondos generados por los juegos de azar, que serán transferidos al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), una de las dependencias encargadas de resolver el deficit habitacional en la Ciudad. El organismo ahora recibirá un 35% de las utilidades de la ley del juego, según las nuevas correcciones.
“Nosotros siempre hacemos hincapié que esto es excepcional, no es como en Nación que siempre vive en emergencia con superfacultades. En la Ciudad tenemos una historia de cumplimiento presupuestario y de control. Eso no cambió, por eso hay un plazo delmitado al 31 de diciembre. Lo que hay es una crisis inédita”, definió el legislador porteño Martín Ocampo, del bloque UCR-Evolución.
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En la UCR porteña había satisfacción con la nueva versión de la emergencia económica y el retiro de los artículos más conflictivos. Al interior de la agrupación evaluaron positivamente que la Legislatura siga cumpliendo con su función de controlar al Poder Ejecutivo. “Es una ley mucho mejor a la que se planteó, nos encaminamos a aprobarla”, dijo a este medio otro los radicales de “Vamos Juntos” y estuvo presente en las reuniones de la comisión.

La versión “light” del proyecto de emergencia económica se resolvió ayer al mediodía, en la sede del Gobierno porteño de la calle Uspallata. Junto a Larreta, estuvieron presentes el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, el jefe de Gabinete Felipe Miguel, el secretario general Fernando Straface, el secretario general del PRO nacional y secretario de Ambiente Eduardo Macchiavelli, el senador Martín Lousteau, los diputados porteños Agustín Forchieri, Diego García de García Vilas, Roy Cortina, sus pares nacionales, Emiliano Yacobiti, Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto, y el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje.
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Mientras la Ciudad se prepara para flexibilizar la cuarentena en algunas actividades económicas a partir de la próxima semana, la gestión de Rodríguez Larreta quiere contar con los instrumentos para readecuar las prioridades presupuestarias hasta el 31 de diciembre. La recaudación en la Capital tuvo una caída en el mes de marzo y se desplomó en términos reales al 40% en abril. En el año, estiman una baja $80.000 millones de pesos. Nada indica que los próximos meses se produzca un repunte.
Por su lado, en el Frente de Todos coinciden la necesidad de una Ley de Emergencia en la Ciudad de Buenos Aires, dada las necesidades sanitarias y sociales que atrae aparejado el coronavirus. La Capital Federal es uno los distritos donde más cantidad de contagios se registraron. Por el momento, desde la oposición no hubo señal de acercamiento para que no vote por separado el próximo jueves 7 de mayo. Sin embargo, en “Vamos Juntos” esperan una votación con menor tensión a la prevista. De no haber dado marcha atrás con el escalonamiento, en el espectro sindical evaluaban a viva voz una convocatoria a protestas.
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“Es un proyecto más light. Lo que no se entiende es la oposición del Frente de Todos, que es bastante contradictoria. A nivel nacional votan la emergencia, mientras que en la Ciudad no la acompañan. Es evidente que la Ciudad tiene incluso menos instrumentos que el Gobierno nacional y no puede emitir moneda. Hay una falta de compromiso con la realidad de esta crisis”, comentó el radical Martín Ocampo.
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