La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso el 15 de octubre de 2025 una sanción histórica al fútbol profesional colombiano, con multas superiores a $8.000 millones, que recayeron sobre la División Mayor del Fútbol Colombiano y cinco clubes: Boyacá Chicó, Deportivo Pasto, Unión Magdalena, Envigado Fútbol Club y Atlético Fútbol Club, por prácticas anticompetitivas en contratación de jugadores.
La decisión, resultado de una investigación iniciada tras denuncias de la Asociación de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), sacudió los cimientos del balompié rentado al exponer un esquema de cartelización que restringía la movilidad laboral de los futbolistas y afectaba la transparencia en el sector. Un hecho que, como era de esperarse, generó fuertes repercusiones en los medios de comunicación locales.
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La resolución de la SIC identificó la existencia de un “pacto de caballeros” entre los clubes, con el respaldo de la Dimayor, que consistía en vetar a jugadores que intentaban finalizar sus contratos o cambiar de equipo. Esta concertación ilegal se traducía en el intercambio de información y la negativa sistemática a contratar a futbolistas en conflicto con otras instituciones; como parte de ese trato tácito entre elencos.
Esto, a juicio de la SIC, impedía a los profesionales ejercer libremente su oficio. Además de las entidades, la sanción alcanzó a directivos que desempeñaron un papel activo en la configuración de estas prácticas, subrayando la responsabilidad individual en la colusión; siendo esta una nueva y fuerte sanción contra el fútbol profesional, luego de la impuesta a la Federación Colombiana por reventa de boletería.
Cielo Rusinque rechazó insinuaciones sobre presuntos tratos con el FPC, a cambio de una sanción menor
Tras el anuncio de la sanción, la superintendenta Cielo Rusinque respondió a una serie de interrogantes planteados por el periodista deportivo Alejandro Pino Calad. La funcionaria defendió la independencia y el rigor jurídico de la decisión, y rechazó cualquier insinuación sobre motivaciones políticas o acuerdos ocultos; lo anterior frente a los rumores sobre si estaría negociando algún acuerdo laboral o, incluso, derechos de TV.
“Nuestras decisiones no responden a ningún cálculo político o interés particular”, afirmó Rusinque, e invitó a quienes tuvieran pruebas en contrario a presentarlas. La funcionaria remarcó que la SIC actúa con estricto apego a la ley y que, desde su llegada en febrero de 2024, se reactivó la investigación, se adelantó el periodo probatorio y se evaluaron los elementos recabados para presentar resultados en solo cinco meses.
En su intervención, la funcionaria explicó que las multas se impusieron bajo criterios de proporcionalidad, considerando la cuota de participación en el mercado, el impacto de la conducta y el patrimonio de las sociedades involucradas. “Estas sanciones no pueden ser expropiatorias ni inviables desde el punto de vista financiero”, precisó en su argumentación y dejó en claro que el objetivo es enviar un mensaje ejemplarizante.
“Hay algo que a mí no me cuadra en la sanción de la SIC a la Dimayor: ¡la sacaron muy barata! El presidente de Dimayor debía ser sancionado al igual que otros clubes... ¿Estarán negociando algo detrás con el gobierno? ¿Acuerdo laboral, derechos de TV?”, había cuestionado Pino. En su extenso mensaje, Rusinque sí lamentó que, en el caso de otros implicados, la caducidad impidió la imposición de sanciones.
Un proceso de vieja data que llegó a su fin
El proceso de investigación se remonta a 2021, cuando la SIC abrió el expediente tras las denuncias de Acolfutpro. Sin embargo, el caso se cerró en 2022 durante la administración anterior, lo que obligó que, al inicio del nuevo Gobierno, en 2023, se detectó que el archivo del caso no había sido adecuado. Con la llegada de Rusinque en febrero de 2024, la investigación se reactivó y se impulsó el análisis de más de 16 equipos.
La decisión final se adoptó tras recibir el informe motivado de la Delegatura y hacer un análisis detallado de las pruebas. Este proceder tiene implicaciones de gran alcance para el fútbol colombiano: pues, por un lado, refuerza la protección de la libre competencia y los derechos de los jugadores profesionales, al tiempo que advierte sobre las consecuencias de la colusión y el abuso de poder en el deporte.
Mientras que, por otro, abrió la puerta a posibles recursos legales por parte de los sancionados, lo que podría derivar en nuevos episodios judiciales y mantener el caso en la agenda pública. Para la funcionaria es un hito en la regulación del fútbol profesional colombiano, al establecer límites claros a las prácticas restrictivas y promover un entorno más transparente y justo para los futbolistas y el sector en su conjunto.
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