
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo una audiencia pública nacional de seguimiento a las medidas cautelares de protección otorgadas a los comparecientes de la fuerza pública y de las extintas Farc.
La diligencia fue dirigida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y contó con la participación de firmantes del acuerdo de paz, organizaciones que los representan, entidades del Gobierno nacional, autoridades departamentales y municipales, organismos de control y delegados de 59 alcaldías y gobernaciones.
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Durante el encuentro, la magistratura escuchó los reportes sobre las condiciones de seguridad de quienes dejaron las armas y actualmente cumplen compromisos ante el Sistema Integral de Paz. La convocatoria respondió a las solicitudes y acciones urgentes presentadas por los firmantes, particularmente desde las 17 Nuevas Áreas de Reincorporación que enfrentan niveles altos de riesgo en Antioquia, Cauca, Huila, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.
De acuerdo con la información expuesta, durante 2026 se denunciaron amenazas, atentados, desplazamientos, una desaparición y cinco homicidios ocurridos en agosto. También se reportó una incursión armada en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Aldemar Galán, ubicado en Patía, Cauca.
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La seguridad de los firmantes como compromiso de Estado

En el desarrollo de la audiencia, la Sección recordó que el acuerdo de paz tiene carácter de política de Estado y que las personas que dejaron las armas son sujetos de especial protección constitucional. En ese sentido, señaló que cada administración puede definir los mecanismos para implementar lo pactado, pero no desconocer los compromisos adquiridos ni retroceder en los avances alcanzados.
La magistratura insistió en que garantizar la vida de los firmantes no constituye únicamente una decisión de política pública, sino una obligación que debe permanecer en el tiempo y una condición para la credibilidad del proceso de paz.
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Uno de los asuntos examinados fue el funcionamiento de las garantías de seguridad contempladas en el Acuerdo Final, agrupadas en el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep). Frente a este punto, la Defensoría del Pueblo advirtió que los avances en los territorios son desiguales y que varios de los compromisos aprobados todavía no se traducen en acciones concretas de prevención y protección para las comunidades de firmantes.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, también pidió fortalecer la verificación de las medidas de seguridad y la coordinación entre las instituciones responsables. Además, alertó sobre las posibles consecuencias de las restricciones presupuestales en aspectos como la vivienda, los proyectos productivos y el acompañamiento territorial de los procesos de reincorporación.
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Las cifras de violencia y la necesidad de protección integral

Otro de los puntos centrales de la audiencia fue la necesidad de abordar la seguridad desde un enfoque humano, que no se limite a la asignación de escoltas y vehículos blindados. Aunque estos mecanismos son necesarios cuando existe un riesgo concreto, la JEP señaló que no son suficientes para garantizar la vida de los firmantes ni su permanencia en los lugares donde desarrollan sus proyectos de reincorporación.
La protección integral también comprende condiciones dignas de vivienda, continuidad de los proyectos productivos, presencia institucional en los territorios, investigación y sanción de los responsables de los hechos violentos y acciones para combatir la estigmatización.
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La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) explicó que las afectaciones contra esta población no se limitan a los asesinatos. También incluyen hechos que impiden a los firmantes permanecer en sus territorios, trabajar, garantizar la educación de sus hijos y desarrollar sus proyectos de vida.
En relación con los señalamientos públicos, la UIA identificó 233 cuentas en redes sociales que difundieron mensajes hostiles e incitaciones a la violencia contra firmantes del acuerdo de paz. Según lo presentado, estos perfiles reúnen más de un millón de seguidores.
Además, la UIA reportó 533 firmantes asesinados, de los cuales 18 corresponden a 2026. También registró 1.584 víctimas de desplazamiento forzado, 31 de desaparición forzada y 34 de secuestro. En conjunto, indicó que el 17% de las personas que dejaron las armas ha sido asesinada o ha sufrido otra afectación grave.
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Por su parte, la Defensoría del Pueblo señaló que el 67 % de los homicidios ocurrió en municipios donde existían alertas tempranas vigentes. La Fiscalía General de la Nación, entretanto, informó sobre una reducción de los homicidios durante 2026 frente al año anterior y presentó avances en investigaciones, capturas y sentencias contra los responsables.
Gobierno anunció medidas y compromisos presupuestales

Durante la audiencia también intervinieron representantes del Gobierno nacional, quienes expusieron las acciones previstas para atender las condiciones de seguridad de los firmantes.
El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, afirmó que la protección de esta población y el cumplimiento de las órdenes judiciales son prioridades para el Gobierno. Entre los anuncios presentó la realización de nuevos estudios de riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), bajo los estándares establecidos por la Corte Constitucional.
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El ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, manifestó que la protección de los firmantes ubicados en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación es una responsabilidad de su cartera. Según las cifras entregadas, 1.513 uniformados acompañan a 1.548 firmantes en esos espacios.
A su turno, la consejera comisionada de Paz, Viviane Morales, aseguró que el Gobierno respetará los derechos de las víctimas y de los firmantes, así como las decisiones judiciales. También anunció que se formularán propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo y que el Presupuesto General de la Nación buscará garantizar los recursos destinados a la seguridad de los firmantes y sus familias, teniendo en cuenta el marco de austeridad fiscal.
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