
La controversia por la falta de sistemas para enfrentar ataques con drones en Colombia abrió un nuevo frente político contra exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro. Durante un debate en el Congreso, representantes señalaron a Angélica Verbel, exviceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, por viajes internacionales que, según sus críticos, no se tradujeron en la compra de tecnología para contrarrestar los artefactos usados por grupos armados ilegales.
El ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Mora, sostuvo ante la Comisión Segunda de la Cámara que la anterior administración congeló la adquisición de inhibidores de drones, una capacidad que hoy reclama la fuerza pública en departamentos como Cauca, Huila y Tolima. En ese escenario, calificó parte de las actividades internacionales de funcionarios de la cartera como un posible “turismo burocrático”.
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“Uno dice: ¿hasta dónde se puede llegar y jugar con la vida de nuestros soldados y policías de la patria de esa manera?”, afirmó Mora durante su intervención ante los congresistas.
El debate surgió por la falta de inhibidores contra ataques con drones
La discusión se da mientras organizaciones armadas ilegales recurren a drones cargados con explosivos para atacar estaciones de Policía, unidades militares y poblaciones en distintas regiones del país. Los congresistas que cuestionaron al gobierno anterior sostienen que el Estado perdió tiempo en la búsqueda de alternativas tecnológicas, sin que se hubiera concretado una respuesta operativa frente a esta amenaza.

El representante a la Cámara Germán Rodríguez, del Movimiento de Salvación Nacional, aseguró que Verbel viajó a varios países bajo el argumento de conocer sistemas destinados a responder a ese tipo de ataques. Según su versión, esas misiones no dejaron resultados concretos para reforzar las capacidades de defensa.
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Rodríguez afirmó que durante el proceso técnico se evaluaron opciones de Estados Unidos e India. De acuerdo con su denuncia, desde el viceministerio se habría intentado orientar el estudio hacia una propuesta de este último país, pese a las objeciones de integrantes del equipo encargado de revisar las alternativas.
“Al final del estudio técnico quedan los drones de la India y los Estados Unidos. Ahí es donde la viceministra da la orden a varios de los que estaban en el equipo técnico que hicieran un estudio técnico a favor de la India y muchos de esas personas dicen: ‘yo no voy a firmar eso’”, sostuvo el congresista.
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Germán Rodríguez habló de viajes a Europa y Asia con recursos públicos
El representante afirmó que los desplazamientos de Verbel incluyeron destinos en Asia y Europa, con una comitiva del Ministerio de Defensa. También invitó a revisar publicaciones de la exfuncionaria en redes sociales, en las que, según dijo, aparecen registros de algunos de esos viajes.

“Te invito antes de que la señora cierre la cuenta de Instagram o la pongan en privada, ustedes mismos se den cuenta de los viajes en primera clase, en los mejores restaurantes de esta señora cada vez que iba a un país diferente”, expresó Rodríguez.
El legislador calculó que las visitas pudieron abarcar entre siete y 12 países. En su intervención, sostuvo que las salidas terminaron como un supuesto “turismo burocrático” financiado con dineros públicos, mientras avanzaban los ataques de grupos criminales con dispositivos no tripulados.
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Rodríguez aseguró que la alternativa de India al parecer no cumplía con los requerimientos para atender la amenaza que enfrentaba Colombia. También afirmó que otras ofertas, entre ellas una de Israel, no habrían tenido una consideración suficiente en los estudios técnicos.
Piden a la Fiscalía investigar posibles responsabilidades
El representante a la Cámara Simón Molina respaldó las críticas y pidió a la Fiscalía General de la Nación que determine si hubo responsabilidades entre los funcionarios que participaron en el proceso. El congresista citó cifras del Ministerio de Defensa sobre el impacto de los ataques con estos dispositivos.

Según Molina, se registraron 723 ataques con drones y más de 1.900 explosivos lanzados mediante esos aparatos. El legislador vinculó esos datos con la falta de equipos de protección y sostuvo que las demoras en las decisiones de compra pudieron tener consecuencias sobre integrantes de la fuerza pública y la población civil.
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“Lo que queremos es también que la Fiscalía investigue a fondo si hay responsabilidad, no solamente del ministro de Defensa, sino de qué funcionarios dentro del Ministerio que tomaron esta decisión que se dedicaron, como lo decía el senador, a pasear por todos los paraísos de Europa y de Asia”, manifestó Molina.
El representante señaló que la investigación debería abarcar tanto las decisiones de quienes dirigían la cartera como las de los equipos que intervinieron en la selección de tecnología. Para los congresistas, el foco debe estar en establecer si existieron omisiones en un proceso que no entregó a tiempo herramientas para reducir los riesgos de los ataques con drones.
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