Denuncia penal llegó a la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos del Simit: piden revisar comparendos de 7,5 millones de conductores

A la Fiscalía General de la Nación llegó una denuncia penal tramitada por el abogado Ricardo Ruge Cabrera, que alerta posibles irregularidades en la contratación de servicios tecnológicos para el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), al parecer, auspiciados por la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios).

Conforme a la acusación, en el caso estarían involucrados directivos de la asociación de municipios, de la empresa de Desarrollo de Infraestructura Civil y Servicios Técnicos Especializados de Gestión para las Regiones (Dicitec S.E.M. S.A.S.) y a los Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (Masora).

La denuncia, conocida por Infobae Colombia, sostiene que ese modelo de contratación pudo afectar recursos provenientes de multas de tránsito. Por ende, pide a las autoridades revisar comparendos que, según el denunciante, habrían sido impuestos sin cumplir todos los requisitos legales.

Ruge Cabrera afirmó que cerca de 7,5 millones de personas podrían estar afectadas por los comparendos cuestionados. De ese grupo, aseguró que unos seis millones figurarían como morosos, tendrían medidas de embargo o aparecerían en registros de cobro, mientras que alrededor de 1,5 millones ya habrían pagado las sanciones.

“No todas las fotomultas impuestas en el país son ilegales, ni cualquier conductor puede reclamar automáticamente una devolución”, aclaró el abogado.

Qué es lo que se cuestiona en los contratos entre la Federación y Dicitec sobre el modelo de comparendos

El documento llevado a la Fiscalía señala al director ejecutivo y representante legal de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro Giraldo; al gerente de Dicitec, Enrique Alfonso López Pinilla; y al director ejecutivo de Masora, Fabio Antonio Ríos Urrea.

Según la denuncia, desde Fedemunicipios se habrían celebrado al menos seis contratos con Dicitec, registrados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), por $43.181 millones. Con un contrato de 2022 y servicios de alojamiento de datos certificados por la Federación, el monto mencionado por el denunciante ascendería a cerca de $45.821 millones.

“El detrimento patrimonial inicialmente fue estimado en 98.000 millones de pesos, luego ascendió a 170.000 millones de pesos y tras otra revisión que hicimos creemos que esta cifra puede alcanzar medio billón de pesos”, dijo el denunciante.

Los contratos se relacionarían con infraestructura tecnológica, almacenamiento en la nube, alojamiento de datos, actualización del Simit y continuidad de servicios informáticos. El cuestionamiento consiste en que esos negocios habrían sido suscritos bajo contratación directa, mediante convenios o contratos interadministrativos.

Según Ruge, la empresa Dicitec habría sido presentada como una sociedad de economía mixta pese a que, según la hipótesis expuesta en el escrito, no tendría acreditados los requisitos legales para esa condición.

De la misma manera, también se advierte sobre un posible conflicto de intereses, dado que Toro Giraldo presuntamente habría participado como ordenador del gasto de la Federación y como representante de esa entidad en su condición de accionista de Dicitec.

En la denuncia se asegura que Masora tendría el 50,1% de las acciones de Dicitec, mientras que la Federación Colombiana de Municipios tendría el 5%. El resto del capital estaría en manos de sociedades privadas.

El abogado también cuestionó si Masora contó con las autorizaciones requeridas para invertir recursos públicos en la empresa. También pidió verificar la adquisición de acciones que, según el documento, pertenecieron inicialmente al municipio de Zarzal, en Valle del Cauca, así como que la eventual condición pública mayoritaria de Dicitec dependería de la participación accionaria de Masora.

Por ese motivo, solicita revisar actas, autorizaciones de concejos municipales, soportes de pago, libros de accionistas y estados financieros.

La denuncia atribuye de manera preliminar posibles conductas como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, concierto para delinquir, falsedad documental y fraude procesal.

Un presunto subcontrato

La denuncia señala que Dicitec subcontrató con Smart Cloud International Corporation S.A.S. servicios de infraestructura tecnológica. El contrato entre la Federación Colombiana de Municipios y Dicitec habría alcanzado $25.290 millones, mientras que el subcontrato superó los $17.432 millones.

El documento también pide revisar certificaciones de experiencia emitidas a favor de Dicitec, que habrían sido utilizadas en procesos de contratación con el Senado de la República.

El caso se suma a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó a la Federación restituir más de $84.752 millones a municipios y distritos por excedentes y rendimientos financieros del Simit.

El fallo precisó que la Federación puede administrar el 10% de las multas para financiar la operación del sistema, pero no apropiarse de los recursos excedentes. La suma incluye $55.445 millones por excedentes operacionales y $29.307 millones por rendimientos financieros.

La iniciativa es impulsada por conductores que otorgaron poder al abogado y cuenta, según el denunciante, con el respaldo de Conduapps y organizaciones de camioneros, motociclistas y transportadores. Los promotores habilitaron el portal SIMITDEVUÉLVEMELAPLATA.COM para reunir a posibles afectados.