Alejandro Ordóñez reveló qué pasará con la protección para los comparecientes ante la JEP y cuestionó la política de Paz Total: “Que paguen por sus delitos”

El 12 de noviembre de 2026, se llevó a cabo la audiencia sobre medidas de protección a comparecientes, con presencia del ministro de Interior, Alejandro Ordoñez, que en su intervención aseguró que la protección para los comparecientes ante la JEP es una prioridad para el Gobierno nacional, al igual que la verificación del cumplimiento de las órdenes judiciales.

“Lo es porque se trata de cumplir la obligación de garantizar los derechos humanos, que se deriva de nuestro ordenamiento constitucional y del derecho internacional. Es, además, un imperativo ético, una obligación moral”, expuso Ordoñez.

A lo largo de su intervención, el exprocurador general de la Nación sostuvo que fortalecerá los filtros y estudios para determinar quiénes necesitan que la Unidad Nacional de Protección (UNP) asigne esquemas de seguridad.

“La protección es para quienes actúen en la legalidad y cumplan con la Constitución. Desde el Ministerio, en nuestra función de articulación y en el marco de las políticas que son de nuestra competencia, vamos señores magistrados a dar prioridad a las medidas de seguridad que se requieran para que los perpetradores de los más graves violaciones de derechos humanos e infractores del derecho internacional humanitario paguen por sus delitos”, señaló.

En ese sentido, Ordoñez señaló que ese servicio estatal es para las personas que en verdad lo necesiten, por lo que buscará aumentar las sanciones por irregularidades en la entrega se esquemas de seguridad.

“Así sea con sanciones como las consagradas en el ordenamiento jurídico, que resultan sin protección alguna frente a la gravedad de sus atrocidades y más de carácter simbólico. En cualquier caso, el cumplimiento de esas sanciones propias debe ser riguroso. Estamos dispuestos a coordinar los esfuerzos gubernamentales y territoriales indispensables para que existan las condiciones de seguridad que permitan que los victimarios realicen las actividades comunitarias que se les han impuesto”, concluyó.

El titular de la cartera también cuestionó el Acuerdo de Paz de 2016, señalando que fue “mal hecho y mal diseñado”. También responsabilizó a la política de Paz Total impulsada por el gobierno Petro del aumento de los cultivos de coca y del crecimiento de los grupos armados. En efecto, sostuvo que este panorama dificulta garantizar la seguridad de los firmantes de paz y de las comunidades.

Bajo el criterio de Ordoñez, “la política de paz total que disolvió los esfuerzos estatales por la seguridad se tradujo en el escalamiento de poder criminal en esas mismas regiones. La paz total multiplicó la coca a cerca de trescientas mil hectáreas, doscientas sesenta y un mil contabilizadas por la ONU a 31 de diciembre de 2024. Veintitrés meses después, calculen a cuánto llegan”, dijo.

Y agregó: “La paz total multiplicó también los grupos armados organizados. Según el más reciente informe del Análisis de Capacidades Críticas de la Amenaza, elaborado por Mindefensa del Gobierno anterior, con participación de la Fiscalía General de la Nación, a julio de 2026, se contaban más de veintinueve mil integrantes en sus filas, un número quizás cercano al que tuvo las Farc en su mayor despliegue terrorista”.

El alto funcionario también dijo que “la paz total hizo más difícil la implementación del acuerdo y la eficacia de las medidas de seguridad y protección para los desmovilizados y las comunidades. El origen de esta deplorable situación está en la base misma del acuerdo de La Habana, un acuerdo mal hecho, mal diseñado, que nos han llevado a nadar en coca y tener una grave amenaza criminal”.

En su análisis, consideró la estructura armada y las milicias bolivarianas, “ustedes saben muy bien de qué hablo”. Resumiendo, dijo, “la paz total hizo más difícil la implementación del acuerdo y la eficacia de las medidas de seguridad y protección para los desmovilizados y las comunidades”.