La JEP imputó a un brigadier y un sargento del Ejército por su participación en torturas y desapariciones en Bogotá: estarían involucrados en el exterminio de la UP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al brigadier general retirado Álvaro Hernán Velandia Hurtado y al sargento viceprimero retirado Bernardo Alfonso Garzón Garzón, junto con otros seis exintegrantes del Ejército, por un plan criminal de inteligencia militar que incluyó secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de opositores políticos y presuntos insurgentes en Bogotá entre 1985 y 1993.

La decisión sitúa a Velandia, entonces comandante de la Brigada XX, y a Garzón, integrante del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici), dentro de una estructura que distribuía tareas para identificar víctimas, vigilarlas, detenerlas sin orden judicial, interrogarlas bajo tortura, ocultar los cuerpos y encubrir los hechos. La Sala les imputó crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio.

El caso de Garzón había sido determinante para esclarecer el paradero de Nydia Erika Bautista Arellana, militante del M-19 desaparecida en agosto de 1987. Un testimonio suyo, recogido por el abogado Eduardo Umaña Mendoza, permitió localizar los restos de Bautista y aportó información sobre el funcionamiento de la unidad de inteligencia a la que pertenecía.

Para la JEP, el expediente no describe acciones aisladas de agentes que se apartaron de sus funciones. La Sala concluyó que operó una Compañía de Operaciones Especiales (COE), adscrita primero al Coici del Batallón Charry Solano y después a la Brigada XX, que ejecutó operaciones clandestinas contra integrantes de la Unión Patriótica (UP), el M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Farc.

Los otros imputados son los sargentos mayores retirados Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita; el sargento viceprimero retirado Julio Roberto Ortega Araque; el coronel retirado Carlos Armando Mejía Lobo; el teniente coronel retirado Camilo Pulecio Tovar; y el coronel retirado Óscar Diego Sánchez Vélez. La Sala atribuyó a los ocho una coautoría con división de tareas, sin derivar la responsabilidad únicamente del grado militar o de la pertenencia a una unidad.

El secuestro de Guillermo Marín muestra el método de la compañía de operaciones especiales

Según el expediente difundido por la revista Cambio, el 8 de abril de 1986, Guillermo Antonio Marín Martínez, militante del M-19, fue secuestrado en el centro de Bogotá y trasladado al Batallón Charry Solano. Allí fue torturado. Según el expediente, le dispararon y lo introdujeron en un costal para desaparecerlo, pero sobrevivió. Más tarde se exilió y declaró ante la JEP.

La Sala estableció que la COE cometió 13 hechos contra 15 personas vinculadas con el M-19, el EPL y las Farc. Sus integrantes preparaban operaciones a partir de “blancos”: seguían a las víctimas, vigilaban sus viviendas y espacios de reunión y actualizaban cuadros de contactos antes de definir cuándo capturarlas.

En la jerga de inteligencia, esas acciones eran denominadas “levantamientos”. Los grupos actuaban sin órdenes judiciales, con hombres de civil, vehículos e identidades encubiertas. Las víctimas eran detenidas desarmadas o fuera de combate y llevadas a instalaciones militares o inmuebles clandestinos, donde eran sometidas a interrogatorios bajo tortura física y psicológica.

La JEP documentó que en al menos un caso hubo violencia sexual como método de tortura y que la mayoría de los interrogatorios terminaron en ejecuciones y desapariciones de los cuerpos. Algunas víctimas participaban en actividades políticas o en acercamientos exploratorios de paz, y no en hostilidades al momento de su captura.

Además de Marín y Bautista, entre las víctimas del M-19 se encuentran Cristóbal Triana Bergaño, Jorge Luis González Orozco y José del Carmen Cuesta Novoa. Del EPL fueron identificados Carlos Enrique Uribe Restrepo, Amparo del Carmen Tordecilla y Óscar William Calvo; el expediente también incluye a Luis Enrique Prieto, comandante del frente XV de las FARC. Cuesta Novoa también sobrevivió y entregó su versión a la Sala.

El testimonio de Garzón y el caso de Nydia Erika Bautista revelaron parte de la estructura

Bautista fue torturada y desaparecida por militares en agosto de 1987. Su caso se convirtió en una de las primeras ventanas judiciales al funcionamiento de la inteligencia militar, después de que Garzón declarara ante Umaña Mendoza y esa información permitiera ubicar sus restos.

La Fiscalía declaró el crimen como de lesa humanidad tras décadas de acciones judiciales impulsadas por Yanette Bautista, hermana de la víctima y defensora de familiares de desaparecidos. La desaparición forzada solo fue tipificada como delito en Colombia en 2000.

La Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir en junio el proceso contra Velandia, Ortega, Hernández y Angarita. El alto tribunal señaló que la desaparición de Bautista hacía parte de “un patrón sistemático de conducta ejercido por la Brigada XX - Batallón Charry Solano”.

Otro de los casos examinados es el de Tordecilla, desaparecida el 25 de abril de 1989 en Chapinero, Bogotá. La mujer adelantaba conversaciones con la Comisión de Notables para evaluar eventuales diálogos de paz con el EPL. Tras su detención arbitraria, fue llevada a una sede clandestina en Soacha, donde permaneció varios días, fue interrogada, torturada y asesinada.

Su cuerpo fue arrojado cerca de Guayabetal y continúa desaparecido. En este expediente, la JEP identificó diez víctimas de desaparición forzada, de las cuales cinco aún no han sido localizadas.

Un archivo de 3.306 carpetas conectó las operaciones con la Brigada XX

La principal base documental de la imputación es el archivo oficial de la extinta Brigada XX. En sus inspecciones, la JEP reunió 3.306 carpetas con resúmenes semanales y apreciaciones de inteligencia, órdenes de trabajo, registros de seguimientos, organigramas y movimientos de gastos reservados, material que no había sido examinado antes bajo una perspectiva macrocriminal.

La Sala también analizó 23 versiones voluntarias de antiguos miembros del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Charry Solano (Binci), el Coici, la Brigada XX y la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte), rendidas entre febrero de 2021 y mayo de 2026. A ello se sumaron 834 solicitudes de acreditación de víctimas, 17 expedientes de las jurisdicciones ordinaria, penal militar y disciplinaria, y diez declaraciones juradas.

Entre los documentos apareció un listado de la Dinde bajo la etiqueta “UP-FARC”, con 2.624 nombres. De los 163 dirigentes y militantes incluidos en esa relación que vivían en Bogotá, 18 fueron victimizados antes del 11 de agosto de 1994, de acuerdo con el cruce de información realizado por la JEP.

La inteligencia militar trató a la oposición y a la insurgencia como un mismo enemigo

La Sala concluyó que un sector de la inteligencia militar interpretó, durante los años ochenta, que el país se encaminaba hacia una “insurrección general”. En esa lectura confluyeron el crecimiento de las guerrillas, las protestas sindicales, estudiantiles y cívicas, el avance electoral de la UP, la revolución sandinista en Nicaragua, el Frente Farabundo Martí en El Salvador y el antecedente del Paro Cívico de 1977.

El Reglamento de Combate de Contraguerrillas del Ejército, adoptado en noviembre de 1987, incluía a sindicatos, organizaciones campesinas, movimientos estudiantiles y partidos opositores entre los “instrumentos de desestabilización”. Según la JEP, esa doctrina diluyó la diferencia entre la actividad política legal, la movilización social y la insurgencia armada.

La UP fue presentada como supuesto “brazo político” de las Farc, aunque era un partido reconocido que participaba en elecciones. La decisión sostiene que esa visión condujo a una respuesta contra tres frentes: las guerrillas, las organizaciones sociales y los partidos de izquierda que los militares asociaban con una posible revuelta.

En Bogotá, la UP registró 353 víctimas entre 1984 y 2016. El 53,8 % de esa victimización ocurrió entre 1985 y 1993, y no hubo un año sin ataques contra integrantes de la organización entre 1984 y 2006.

La Sala documentó 14 hechos que dejaron 18 víctimas por estigmatización, seguimientos, amenazas y asesinatos de dirigentes y militantes de la UP en la capital. Esos hechos fueron incluidos en el genocidio contra el partido político que la JEP declaró a finales de 2025.

El 26 de junio de 1987 fueron detenidos, torturados, asesinados y desaparecidos Bertil Prieto, Francisco Luis Tobón, Víctor Manuel Nieto y José Alfredo Ávila. José Miller Chacón, dirigente del Partido Comunista y de la UP, fue asesinado el 25 de noviembre de 1993 luego de meses de seguimientos y señalamientos. Ese año también se intensificaron las vigilancias y amenazas contra Aída Avella, entonces presidenta de la colectividad, quien posteriormente se exilió.

La JEP señaló que en estos crímenes habrían intervenido paramilitares, agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), policías y otras unidades militares. Sin embargo, atribuyó a los organismos de inteligencia un lugar central en la producción y circulación de información, el refuerzo de los señalamientos y, en ciertos episodios, la selección y ubicación directa de las víctimas.

La Sala imputó genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra

Los homicidios, las torturas y un caso de violación fueron calificados como crímenes de guerra porque las víctimas estaban privadas de la libertad o fuera de combate, situaciones en las que debían recibir trato humano. Los mismos hechos fueron imputados como crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura, violación, desaparición forzada y deportación, al hacer parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.

Para el patrón dirigido contra la UP, la JEP aplicó el artículo 101 del Código Penal. Consideró que los homicidios, desapariciones, seguimientos intimidatorios y amenazas contra militantes del partido constituyen actos de genocidio contra un grupo político.

La imputación distingue entre los ejecutores directos de capturas, torturas y asesinatos; quienes facilitaron inmuebles o recursos; quienes dirigieron los grupos y autorizaron el uso ilícito de la información; y los mandos que organizaron y aseguraron la continuidad de la estructura.