
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a cinco personas en condición de migrantes, que contaban con condenas previas por delitos violentos y tráfico de drogas en cinco estados.
El operativo fue divulgado el 10 de noviembre por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) dentro de su iniciativa “Los peores de los peores”, con la que la entidad difunde arrestos de inmigrantes en situación irregular que, según el Gobierno federal, tienen antecedentes penales graves.
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Entre los detenidos se encuentra el colombiano Manuel Francisco Tasama-Portilla, quien había sido condenado en Reading, Pensilvania (Estados Unidos), por posesión de una sustancia controlada con intención de distribuirla.

Tasama-Portilla fue incluido junto con cuatro detenidos: los mexicanos Gustavo Rodríguez-Callado, condenado en Caldwell, Idaho, por asesinato en segundo grado, tres cargos de agresión agravada y robo; Juan Contreras-Saucedo, condenado por agresión sexual en San Antonio, Texas; y José Adrián Mejia-García, condenado en Freeport, Illinois, por tráfico de sustancias controladas y fabricación y distribución de más de 900 gramos de cocaína.
La lista también incluyó al camboyano Poeurt Nhean, condenado en Santa Ana, California, por agresión con un arma mortal que causó lesiones corporales graves y por cuatro cargos de posesión de sustancias controladas.
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El DHS indicó que los cinco arrestos ocurrieron el mismo día en estados distintos. En el caso de Tasama-Portilla, los comunicados consultados no precisaron el lugar de la captura ni las medidas migratorias posteriores.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, vinculó los operativos con la política migratoria del presidente Donald Trump. “Seguiremos cumpliendo el mandato del pueblo estadounidense de detener y deportar a los extranjeros en situación irregular de nuestro país”, afirmó en el comunicado oficial.
La entidad cuestionó además a las jurisdicciones que limitan su cooperación con ICE. Según el DHS, las detenciones y las medidas de control de las agencias federales han priorizado a personas con antecedentes penales.
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Colombianos capturados por ICE
Los arrestos de ciudadanos colombianos por parte de ICE aumentaron 53% durante los primeros siete meses de 2026, frente al mismo período del año anterior, de acuerdo con datos recopilados por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) y citados por El Universal.
Además de Tasama-Portilla, el caso de la estudiante Paula Valentina Albornoz Hernández, de 23 años, tuvo repercusión en noviembre. ICE la detuvo el 30 de octubre en el Aeropuerto Internacional de San Francisco cuando se disponía a viajar a Portland, Oregón, junto a su pareja.

Albornoz Hernández, alumna de la Universidad de California en Berkeley, tenía una solicitud de asilo pendiente y un permiso de trabajo vigente. Una jueza federal ordenó su liberación inmediata el 9 de noviembre tras determinar que el Gobierno había vulnerado su derecho al debido proceso.
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En el mismo centro de detención de California City, en el condado de Kern, permaneció bajo custodia Érika Herrera Avendaño, colombiana de 33 años, detenida en Redwood City, California, en circunstancias que sus familiares intentaban esclarecer.
El activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, también fue detenido por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), unidad adscrita a ICE, el 16 de junio en Arizona.

El DHS sostuvo que había permanecido en Estados Unidos cerca de diez años después de que venciera su visa B1/B2. Sus familiares respondieron que ingresó legalmente, tenía una solicitud de asilo pendiente y contaba con autorización de trabajo vigente.
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Tras cerca de un mes bajo custodia migratoria, fue deportado a Colombia en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana junto con otros connacionales.
La muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero en Maine sigue bajo investigación
En un caso distinto, el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años y padre de una niña, murió el 13 de julio de 2026 durante un operativo de ICE en Biddeford, Maine. Agentes federales intentaban detener el automóvil blanco que conducía, aunque buscaban a otra persona, según el abogado de la familia, Sean P. Murphy.
Murphy sostuvo que Durán Guerrero recibió cuatro disparos en la cara y el cuello. El DHS afirmó que un agente abrió fuego porque consideró que el vehículo intentaba escapar y existía un riesgo para la seguridad pública. La identidad del agente que efectuó los disparos no ha sido confirmada públicamente por las autoridades.
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No obstante, familiares del agente David Brouillette afirmaron que él les contó que había matado a Durán Guerrero. Su exesposa, Ashley Brouillette, y una hija de ambos hicieron esa declaración, mientras que la oficina del inspector general del DHS y el fiscal general de Maine, Aaron Frey, mantienen investigaciones sobre lo sucedido.

El DHS sostuvo inicialmente que Durán Guerrero había ingresado de manera irregular a Estados Unidos. Después rectificó esa versión ante el senador independiente de Maine Angus King, tras conocerse que el colombiano tenía permiso de trabajo en el país, de acuerdo con Murphy.
The New York Times difundió correos electrónicos que Brouillette habría enviado a su hermana antes de ingresar a ICE. En esos mensajes, según el diario, expresó comentarios racistas y xenófobos sobre la pareja colombiana de ella, que residía legalmente en Estados Unidos y cursaba un doctorado en Educación.
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Elizabeth Emen, hermana del agente, afirmó al periódico que Brouillette no tenía razones para creer que su pareja se encontraba en situación migratoria irregular. “Se trataba de cómo lo veía por su raza”, declaró. También relató que su hermano le había dicho que clasificar y deshumanizar a las personas por su origen racial reducía su empatía hacia ellas.

Brouillette ingresó a ICE el 1° de diciembre de 2025, en medio de una campaña de contratación de la administración Trump. Según las informaciones divulgadas, pasó por una revisión preliminar acelerada y no realizó el curso completo de entrenamiento en Georgia tras alegar experiencia policial. Al momento del tiroteo, el informe integral sobre sus antecedentes aún no había sido revisado.
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Entre 2015 y 2025, el agente tuvo al menos siete empleos y enfrentó denuncias de sus dos exesposas por agresiones físicas, acusaciones que él negó. Su madre, Susan Bedard, lo describió ante el diario neoyorquino como una persona peligrosa que no debía portar armas.
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