Reforma pensional: faltarían $16,2 billones para cubrir los gastos de 2027, advirtió el Ministerio de Hacienda a la Corte Constitucional

El Gobierno nacional no tendría los recursos presupuestales suficientes para asumir los costos adicionales de la reforma pensional en 2027, año en el que está prevista la entrada en vigor de la mayor parte de sus disposiciones, el 1 de abril de 2026.

Así lo expuso el Ministerio de Hacienda, cartera que lidera Miguel Gómez Martínez, en un documento enviado a la Corte Constitucional, en el que detalló las necesidades de financiación de los pilares del nuevo sistema y los recursos que no fueron incluidos en el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para esa vigencia.

El pronunciamiento se conoce mientras la Corte Constitucional estudia la solicitud del Gobierno para moderar los efectos fiscales de su decisión sobre la Ley 2381 de 2024. Entretanto, la Cámara de Representantes se prepara para discutir nuevamente nueve apartes de la reforma y una proposición que fueron devueltos al Congreso por el alto tribunal debido a problemas de procedimiento legislativo.

En la comunicación remitida a la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, el ministerio explicó que la incorporación de las nuevas obligaciones sin una fuente de financiación prevista podría afectar la programación de las finanzas públicas. “La implementación de la reforma en la vigencia 2027 impediría incorporar de manera coherente las nuevas obligaciones con fuentes adicionales de financiamiento previstas en los instrumentos de planeación financiera del Gobierno, lo cual generaría un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas”, señaló la entidad.

Los recursos que faltan para los pilares contributivo y solidario

En un oficio fechado el 8 de octubre, el Ministerio de Hacienda precisó que hay un déficit para transferir recursos a Colpensiones y cubrir los gastos del pilar contributivo y el semicontributivo. “Para la vigencia 2027 hay un déficit estimado en $5,4 billones para transferir a Colpensiones y que cubra los gastos asociados a la implementación de la Ley 2381 de 2024”, indicó la cartera en el documento.

Estos recursos corresponden a las transferencias adicionales que tendría que realizar el Gobierno para atender las obligaciones de ambos componentes del sistema. Incluyen el pago de mesadas pensionales y prestaciones económicas inferiores a un salario mínimo contempladas en el nuevo esquema.

A este monto se suma el costo del pilar solidario, destinado a ampliar la cobertura de los apoyos económicos para la población adulta mayor que no cuenta con una pensión. Aunque el programa Colombia Mayor continuará funcionando, la reforma establece un alcance superior al de los subsidios actuales.

Las proyecciones citadas en el oficio contemplan una población potencial de hasta 4,6 millones de beneficiarios, cada uno con una transferencia mensual aproximada de $258.000. El costo calculado para financiar este componente entre abril y diciembre de 2027 es de $11,75 billones.

Además, el ministerio indicó que la cuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional aportaría $0,9 billones, por lo que el esfuerzo fiscal restante de la Nación sería mayor. “Cabe mencionar que para la vigencia 2027 está previsto que los recursos que la cuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional podría aportar ascienden a $0,9 billones, de manera que el esfuerzo fiscal de la Nación sería de $10,85 billones, pero estos recursos no están considerados en el proyecto del presupuesto de 2027”, señaló el documento.

En total, las cifras rojas superan los $16,2 billones no contemplados en el proyecto de Presupuesto General de la Nación. La cartera explicó que estos recursos no fueron incorporados al presupuesto porque la decisión de la Corte que permitió avanzar hacia la entrada en operación del nuevo esquema se conoció dos días antes de que el presupuesto reformulado fuera presentado al Congreso. Para ese momento, la implementación de la reforma permanecía suspendida.

Cabe recordar que en la Sentencia C-264 de 2026, la Corte declaró exequible la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, que estableció la reforma pensional impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, ordenó devolver al Congreso tres artículos completos, seis apartes de otros artículos y una proposición para que fueran discutidos y votados nuevamente.

Entre las disposiciones que deberán revisarse están los artículos 36 y 93, así como apartes de los artículos 11, 19, 23, 63, 84 y 92. Los temas incluyen las cotizaciones, las reglas tributarias aplicables a las pensiones, el régimen especial para comunidades étnicas y campesinas y la administración de los recursos del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.

Así las cosas, la Cámara de Representantes deberá debatir y subsanar varios artículos y vicios de trámite devueltos por el alto tribunal en un plazo que vence el 29 de octubre de 2026.

Colpensiones también solicitó aplazar durante un año la entrada en vigor de la reforma, hasta el 1 de abril de 2028. Sin embargo, mientras la Corte Constitucional no modifique el calendario establecido, la fecha prevista para el inicio de la implementación continúa siendo el 1 de abril de 2027.