Contraloría pone la lupa sobre contrato para restaurar arrecifes en San Andrés por presunto detrimento de $3.000 millones

La recuperación de los ecosistemas marinos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina quedó bajo escrutinio de los organismos de control por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos. La Contraloría General de la República abrió una investigación fiscal para establecer si un contrato destinado a restaurar arrecifes coralinos ocasionó pérdidas para el Estado.

El proceso busca esclarecer el destino de $3.000.841.596 vinculados a la iniciativa, financiada con recursos del Fondo Nacional Ambiental. El caso involucra a la Corporación para el Desarrollo Sostenible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), la Asociación de Municipios de la Costa y la organización Escudo Ambiental de Colombia.

El proyecto tenía como objetivo recuperar y fragmentar arrecifes afectados por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo, una amenaza para estas formaciones marinas. Ahora, la Contraloría examina si las actividades contratadas se realizaron conforme a lo previsto y si los pagos correspondieron a los trabajos efectivamente ejecutados.

La apertura del proceso no significa que ya exista una declaración de responsabilidad fiscal. La investigación deberá establecer si se produjo un daño al patrimonio público, cómo se habría generado y qué personas tendrían responsabilidad en los hechos.

Actividades pendientes y gastos bajo revisión

Entre los elementos identificados durante la revisión preliminar aparecen labores de restauración que, según el organismo de control, aparentemente no se ejecutaron o quedaron inconclusas frente a las metas establecidas en el contrato. La Contraloría también encontró posibles inconsistencias en los documentos que respaldan los gastos. Este punto resulta relevante para determinar si los desembolsos realizados guardan correspondencia con las actividades previstas y los resultados que debía entregar el proyecto ambiental.

Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores son los pagos relacionados con viajes a Bahamas. De acuerdo con la información divulgada por el ente de control, estos gastos no estarían debidamente justificados dentro de la iniciativa de recuperación de los arrecifes.

A las observaciones se suman aparentes indicios de fragmentación y posible direccionamiento contractual mediante alianzas entre entidades locales y asociaciones externas. La investigación deberá precisar las circunstancias en que se adelantaron los acuerdos y establecer si las actuaciones examinadas tuvieron consecuencias sobre los recursos públicos.

Por estos hechos, el organismo de control vinculó al proceso a servidores públicos y extrabajadores que habrían intervenido en decisiones administrativas relacionadas con el contrato. Su participación y eventual responsabilidad deberán determinarse a partir de las pruebas que se incorporen durante la actuación fiscal.

El contralor general, Jorge Eliécer Laverde, señaló que la entidad continuará con las labores de vigilancia sobre los recursos destinados a la conservación ambiental en el archipiélago. “La Contraloría continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia y control fiscal en San Andrés para que se haga efectiva la protección de los arrecifes coralinos fundamentales para la conservación ambiental desde el territorio”, aseguró Laverde.

San Andrés, bajo la lupa por presuntos hechos de corrupción

La investigación sobre el contrato de restauración coralina se conoce en medio de otros cuestionamientos relacionados con el manejo de recursos públicos en San Andrés. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia, liderada por Cristina Lombana, solicitó a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía activar mecanismos de intervención e investigación.

La petición también incluyó la conformación de un grupo conjunto externo con sede en Bogotá, con el propósito de proteger los procesos frente a posibles influencias locales. Por su parte, la Fiscalía mantiene activas al menos 33 noticias criminales e investigaciones por presuntos hechos de corrupción en distintas entidades del archipiélago. Estas actuaciones hacen parte de un panorama más amplio de indagaciones sobre la gestión pública en el departamento.

El caso también se produce después de que el presidente Abelardo De La Espriella pidiera investigar hechos relacionados con Coralina y cuestionara públicamente a la gobernadora departamental, Girley Natacha Ordóñez, y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz.

El mandatario afirmó que estaba al tanto de la situación en la isla y advirtió que no toleraría presuntas irregularidades en el manejo de los recursos. Por ahora, el proceso de responsabilidad fiscal se concentra en establecer si el contrato para recuperar los arrecifes produjo un detrimento patrimonial y quiénes podrían responder por él.