Contraloría de Bogotá advirtió que la nueva sede de la Alcaldía de Teusaquillo está abandonada y con un daño fiscal de $36.400 millones

La Contraloría de Bogotá confirmó en segunda instancia el fallo de responsabilidad fiscal por más de $36.400 millones tras comprobar graves irregularidades en la construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, una obra de infraestructura pública que permanece inconclusa, abandonada y sin prestar servicio a los ciudadanos.

La ratificación de la medida quedó consignada en un auto administrativo con fecha del 13 de octubre de 2026, mediante el cual el organismo de control fiscal determinó que la edificación no cumplió el propósito institucional para el cual fue contratada ni presta atención a la comunidad.

El informe técnico de la entidad reveló que el edificio presenta fallas en sus sistemas de comunicaciones, logística y seguridad industrial, además de la omisión en la construcción de baños públicos para los usuarios y presuntos daños en predios vecinos a la edificación.

El cálculo del daño fiscal se consolidó al sumar el valor invertido en la obra inconclusa, el pago del contrato de interventoría, los estudios de consultoría posteriores y los cánones de arrendamiento que la Alcaldía de Teusaquillo debió seguir pagando por sedes temporales al no poder ocuparla.

“La Contraloría de Bogotá confirmó en segunda instancia la responsabilidad fiscal por irregularidades en la construcción de la nueva sede de la alcaldía local de Teusaquillo. Estamos hablando de una obra por más de $36.400 millones que quedó inconclusa”, dijo el director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Arístides Herrera.

Y añadió: “Que no cumplió el propósito esperado y que no presta el servicio para el que fue contratado, lo que sigue afectando el funcionamiento de la alcaldía local y la atención a los ciudadanos”.

El funcionario confirmó además que la Contraloría de Bogotá dispuso el envío inmediato de copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las pesquisas penales a que haya lugar en el marco de sus competencias institucionales.

¿Elefante blanco?: el origen de la obra y las fallas en la supervisión

El proyecto de infraestructura se formalizó mediante el contrato de obra 088 de 2016 suscrito con el Consorcio JR Sede por un monto de 22.298 millones de pesos, asignando las labores de interventoría técnica a la empresa Velnec GNG en la vigencia 2017.

La estructura consiste en un edificio de 13 pisos y 3 niveles de sótano situado en la carrera 30 con calle 40A, cuya fase de construcción inició en 2017 con una fecha inicial de entrega fijada para comienzos de 2019.

A pesar de que las autoridades locales concedieron adiciones de tiempo para extender el plazo de entrega hasta 2021, los trabajos quedaron totalmente frenados desde 2020 a raíz de dictámenes periciales que evidenciaron inconsistencias técnicas e inundaciones en los sótanos por estancamiento de agua.

Los organismos de fiscalización establecieron que la falta de controles efectivos en la supervisión del contrato impidió advertir las fallas operativas a tiempo, permitiendo la paralización progresiva de la edificación.

El dinero faltante para terminar el proyecto y el seguimiento de la Personería

Con el objetivo de rescatar la estructura abandonada, las autoridades locales liberaron cerca de $7.000 millones pertenecientes a una etapa anterior del proyecto y solicitaron a la administración distrital una suma superior a los $8.000 millones.

Sin embargo, los resultados de un estudio de consultoría contratado para evaluar la edificación indicaron que terminar la sede administrativa y dejarla operativa demandará un presupuesto adicional estimado en $16.000 millones.

El personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, realizó una inspección directa a las instalaciones de 13 pisos para constatar el estado físico de la infraestructura y anunció la creación de una mesa de seguimiento permanente junto con las entidades involucradas.

A pesar de las gestiones administrativas para buscar recursos de terminación, la falta de avance real en la construcción llevó a la Contraloría de Bogotá a cerrar la vía fiscal con la confirmación de la responsabilidad sobre los contratistas e interventores.