Ponente del presupuesto de 2027 negó vicios en su trámite y atribuyó la diferencia entre Cámara y Senado a un “error de comunicación”

El trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó en el centro de una controversia legislativa tras conocerse que la Cámara de Representantes aprobó un texto diferente al del Senado en el artículo 65 del proyecto. Mientras la cámara alta aprobó ese apartado sin proposiciones, la Cámara acogió una modificación relacionada con las disposiciones sobre operaciones de cobertura frente a las variaciones de los precios del petróleo, los combustibles y el dólar.

Ante las dudas sobre el procedimiento, el representante Jhon Édgar Pérez, de Cambio Radical y coordinador ponente del proyecto en la Cámara, aseguró que no hubo un vicio en el trámite, sino un problema de comunicación derivado del desarrollo simultáneo de las sesiones y de la falta de publicación oportuna del texto aprobado por el Senado.

El congresista explicó que la Cámara continuó con la discusión de los artículos a partir de la información disponible sobre las proposiciones que habían recibido el aval del Ministerio de Hacienda y que fueron aprobadas durante el debate. Según indicó, esta dinámica llevó a que las dos corporaciones avanzaran con textos que posteriormente debían ser comparados.

Pérez explicó por qué la Cámara no adoptó el texto del Senado

En declaraciones a los medios de comunicación, el representante sostuvo que la simultaneidad de las sesiones impidió que la Cámara conociera oficialmente el contenido aprobado por el Senado antes de continuar con su propia discusión.

“Recordemos que el debate se dio de manera simultánea y, cuando termina Senado, nosotros también estábamos en discusión. La Cámara nunca tuvo la publicación del Senado para darse cuenta de qué se había aprobado, de manera que lo que estábamos haciendo era un ejercicio que han llamado un ejercicio espejo. (…) Por eso, como ponente, inclusive, me opuse a que se aprobara una proposición de adoptar un texto del Senado porque no estaba publicado y no se conocía”, afirmó.

Además, en entrevista con El Tiempo, el coordinador ponente amplió su explicación sobre la manera en que se desarrolló el procedimiento. “Teníamos una información y un paquete de cuáles habían sido las proposiciones aprobadas y avaladas por el Ministerio de Hacienda para de esa manera ir separando en bloque los diferentes artículos. A mí me entregan el bloque de las proposiciones que se habían debatido en Senado, que tenían aval y que habían sido aprobadas. Y ahí estaba la del artículo”, mencionó.

De acuerdo con Pérez, con esos datos, la corporación avanzó en la discusión de los artículos, en lugar de adoptar de manera general el texto de la cámara alta. La controversia se concentra en el artículo 65, en el que se identificó una diferencia entre los textos de ambas plenarias. El contenido está relacionado con las operaciones de cobertura que buscan reducir el impacto de las variaciones de los precios del petróleo, los combustibles y el dólar sobre las finanzas públicas.

Pérez también se refirió a la publicación de las proposiciones que contaban con aval y precisó que la Secretaría General de la Cámara había divulgado esos documentos al inicio de la sesión correspondiente al 20 de octubre.

“Además, también quiero hacer claridad. Cuando inició la sesión, después de la medianoche, la sesión del 20 de octubre, la Secretaría General de Cámara ya había publicado las diferentes proposiciones que tenían aval. Estaban debidamente publicadas. De manera que, vuelvo y repito, esto es algo normal. Digamos que el trámite de una ley siempre reviste modificaciones entre una cámara y la otra. Lo que ocurre es que por eso existe la figura de la conciliación. Los tiempos eran ajustados. Estábamos sobre el tiempo y eso fue lo que ocurrió”, puntualizó.

Siguiendo la línea del coordinador ponente, la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) emitió un comunicado en el que señaló que no existen elementos suficientes para afirmar que el Presupuesto General de la Nación de 2027 se haya hundido como consecuencia de la posible diferencia entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara.

La fundación citó el artículo 161 de la Constitución, que exige conciliar las diferencias entre ambas cámaras, y el artículo 189 de la Ley 5.ª de 1992. Esta última disposición establece que, si las discrepancias persisten después de repetido el segundo debate, las disposiciones divergentes se consideran negadas, siempre que no sean fundamentales para el sentido de la nueva ley.

En su análisis, la organización también hizo referencia a las sentencias C-055 de 1995 y SU-150 de 2021 de la Corte Constitucional, relacionadas con la posibilidad de conservar el resto de un proyecto cuando la exclusión de las disposiciones discrepantes no altera su sentido. Asimismo, mencionó la sentencia C-264 de 2026, en la que, según el comunicado, se reiteró la necesidad de preservar las disposiciones aprobadas válidamente cuando los defectos de procedimiento afectan solo una parte del articulado.

FEDe. Colombia sostuvo que, si la diferencia se limita a los dos parágrafos del artículo 65, su exclusión no implicaría necesariamente la caída de todo el presupuesto, puesto que se mantendrían la autorización para realizar las operaciones de cobertura y las reglas sobre sus costos. La fundación agregó que esas disposiciones no modificarían el monto del presupuesto, las apropiaciones de gasto ni las fuentes de financiación.