Presto fue autorizada por la Supersociedades para ser vendida ante su liquidación: qué pasará con los restaurantes y los empleados

Franquicias y Concesiones S.A.S., operadora de la cadena Presto, reconocida franquicia colombiana de restaurantes de comida rápida, podrá mantener abiertos determinados lugares, unidades de apoyo y su planta de producción durante la liquidación judicial en la que está inmersa, luego de que la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) autorizó la continuidad temporal de las operaciones con el objetivo de preservar el valor del negocio y explorar la venta como unidad económica productiva.

La autorización quedó consignada en el auto 2026-01-759994, expedido el 19 de octubre de 2026. El permiso no tiene fecha fija de vencimiento: se extenderá hasta 20 días hábiles después de que quede en firme la aprobación de la calificación y graduación de créditos, y no revierte ni suspende el proceso de liquidación judicial.

Dicha medida abarca los establecimientos que la liquidadora mantenga activos, junto con las áreas de apoyo necesarias para su funcionamiento y la planta de producción. Por ahora no se informó sobre compradores potenciales ni negociaciones concretas para adquirir la cadena, según fuentes no identificadas.

Presto podrá operar mientras busca un comprador

Por medio de una comunicación dirigida a acreedores, proveedores, arrendadores y concedentes, la empresa explicó que la decisión busca “mantener abiertos los restaurantes y la planta, conservar los empleos y, sobre todo, buscar la venta de la empresa en marcha como unidad económica productiva, que es la alternativa que mayor valor genera para el pago de todos los acreedores”.

Vender una compañía operativa permitiría transferir restaurantes, producción y contratos indispensables como un conjunto económico, en lugar de liquidar los activos de forma inmediata. Ese objetivo busca maximizar los recursos disponibles para responder a las reclamaciones dentro del proceso.

Sin embargo, la liquidación judicial continúa vigente. La Superintendencia terminó el acuerdo de reorganización y abrió de manera formal el trámite el 13 de octubre de 2026, debido a una solicitud presentada directamente por Franquicias y Concesiones el 30 de septiembre.

Condiciones para contratos y pagos durante la liquidación

Los productos, servicios, cánones y demás compromisos causados desde el 14 de octubre de 2026 tendrán tratamiento de gastos de administración y se pagarán con preferencia mediante los ingresos de la operación, de acuerdo con la comunicación. Esa prioridad está destinada a sostener los restaurantes y unidades autorizados durante la vigencia del permiso.

Además, la comunicación señaló que “los contratos de los puntos de venta y unidades de apoyo que siguen operando continúen vigentes mientras dure la autorización”. La permanencia de esos acuerdos depende de que Franquicias y Concesiones pague oportunamente las obligaciones nuevas que genere.

Mientras rija la autorización, los arrendadores, concedentes y proveedores vinculados a los establecimientos activos no podrán terminar unilateralmente los contratos por la liquidación judicial ni por obligaciones anteriores, ni suspender suministros ni iniciar o mantener procesos de restitución de inmuebles por esos motivos. Dicha protección contractual está condicionada al pago puntual de las deudas posteriores a la apertura del proceso. Además:

• Los ingresos operacionales podrán destinarse a gastos necesarios para sostener el servicio, entre ellos nómina, aportes a seguridad social, arrendamientos, concesiones, servicios públicos y pagos a proveedores indispensables.
• La liquidadora Mónica Alexandra Macías deberá entregar informes mensuales sobre la gestión, las cifras, las acciones y las decisiones tomadas durante el periodo de operación.
• Se deberán identificar los contratos laborales, de arrendamiento, concesión y suministro que permanecerán vigentes para asegurar el funcionamiento de los puntos autorizados.

El futuro de los trabajadores y acreedores ante el proceso judicial

La autorización contempla conservar los empleos relacionados con los establecimientos que continúen abiertos. La liquidadora podrá reemplazar a los trabajadores que renuncien en esos puntos y contratar auditores zonales para supervisar el recaudo y las actividades comerciales.

De igual manera, la Superintendencia autorizó destinar hasta el 5% de las deudas externas de la compañía a pagos laborales pendientes. “Se cubrirán primero las acreencias de quienes reciban menos de dos salarios mínimos, y el saldo se distribuirá proporcionalmente entre los demás trabajadores”, informó.

Esa autorización es distinta de los salarios y prestaciones causados desde octubre de 2026, que se pagarán como gastos de administración con los recursos generados por la operación. Las obligaciones laborales, facturas y otras deudas causadas hasta el 13 de octubre deberán presentarse como créditos mediante el formulario correspondiente, dentro del plazo que establezca el aviso de apertura.

A qué se debió la solicitud de liquidación de Presto

Como se recordará, la solicitud de liquidación se debió a la pérdida de la hipótesis de negocio en marcha, la caída del flujo de caja y el incumplimiento de obligaciones posteriores al acuerdo de reorganización, así como de gastos de administración. La apertura del proceso dejó a la sociedad con capacidad jurídica únicamente para actos indispensables de conservación y liquidación de su patrimonio.

Se resalta que:

• La empresa había registrado ingresos por $108.629 millones en 2025, pero no logró superar sus dificultades financieras.
• El proceso comenzó con activos contables reportados por $46.943.175, cifra sujeta a ajuste según el valor neto de liquidación.
• En abril de 2026, Franquicias y Concesiones había obtenido la aprobación de un acuerdo de reorganización para reestructurar pasivos por $31.000 millones durante seis años.
• El plan contó con el respaldo del 81,39% de los acreedores calificados y graduados, según fuentes no identificadas.

Presto inició operaciones en 1981 y abrió su primer establecimiento en Chapinero, Bogotá. La autorización temporal mantiene abierta la posibilidad de que esa operación continúe como empresa en marcha, aunque su permanencia dependerá de los resultados del proceso de liquidación y de una eventual venta.