Niñez wayuu bajo la lupa: Procuraduría investiga a 25 funcionarios por incumplir órdenes de la Corte Constitucional

La falta de avances suficientes para garantizar los derechos fundamentales de la niñez wayuu mantiene bajo seguimiento a las entidades responsables de atender la crisis en La Guajira. La Procuraduría General de la Nación tiene abiertos procesos disciplinarios relacionados con el incumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, que buscan asegurar condiciones básicas de vida para las comunidades indígenas de la región.

Durante una sesión técnica convocada por el alto tribunal en Riohacha, el procurador general, Gregorio Eljach, informó que 25 funcionarios públicos ya están vinculados a investigaciones disciplinarias por presuntas faltas en el cumplimiento de sus deberes. Los procedimientos están relacionados con la Sentencia T-302 de 2017, que reconoció una vulneración masiva de los derechos humanos de los niños y niñas wayuu.

El seguimiento judicial busca establecer qué tanto han avanzado las autoridades nacionales y territoriales en la respuesta a las necesidades de las comunidades. Entre las prioridades están el acceso al agua potable, la alimentación, los servicios de salud y la infraestructura educativa, aspectos contemplados en las órdenes de la Corte.

Procuraduría acumula 125 procesos desde 2017

Eljach explicó que la entidad ha registrado 125 causas desde que comenzó la aplicación de la sentencia, en 2017, hasta el corte actualizado al viernes 9 de octubre de 2026.

De ese total, 41 dieron paso a la apertura de investigaciones disciplinarias, mientras que 25 ya cuentan con funcionarios vinculados formalmente a esos procedimientos. “Ya nosotros tenemos abiertas 125 causas desde 2017, cuando empezó la sentencia, hasta el viernes pasado, cuando hicimos un corte actualizado”, explicó el procurador Eljach.

El funcionario precisó que los expedientes continúan su curso para determinar si hubo incumplimientos de las obligaciones asignadas a los servidores públicos. Además, indicó que cuatro casos fueron remitidos por competencia a otras autoridades y que uno está pendiente de apertura.

Aunque no reveló los nombres de las personas investigadas, el jefe del Ministerio Público sostuvo que las actuaciones buscan establecer posibles responsabilidades individuales frente a las órdenes judiciales. La apertura de estos procesos no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad, pues las investigaciones deben avanzar hasta determinar si existen faltas disciplinarias.

Eljach defendió la continuidad de las actuaciones y señaló que el propósito es garantizar el cumplimiento de las obligaciones institucionales: “Eso va a seguir avanzando. Pero no es para meter miedo. Es para decir que aquí hay un Estado de derecho y unas instituciones que velan porque todos los servidores públicos cumplamos con nuestros compromisos”.

La revisión disciplinaria se suma al seguimiento que realiza la Corte Constitucional sobre las medidas ordenadas hace más de siete años. La sentencia declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de derechos fundamentales de la niñez wayuu en Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, municipios de La Guajira donde persisten necesidades relacionadas con la atención básica.

Agua potable, el derecho con mayor rezago

La sesión técnica del 13 de octubre reúne a entidades del orden nacional y regional para revisar los avances en la ejecución de las medidas. La finalidad es verificar qué acciones se han implementado para responder a la crisis y qué aspectos requieren mayor atención por parte de las instituciones responsables.

Las órdenes judiciales apuntan a evitar que más niños wayuu mueran por desnutrición y a garantizar condiciones mínimas para su desarrollo. Entre los objetivos están asegurar una cantidad básica de agua diaria, mejorar el acceso a la alimentación y la salud, y disponer de infraestructura educativa adecuada para las comunidades.

Sin embargo, los indicadores oficiales muestran que todavía hay tareas pendientes. De acuerdo con el Tablero de Control del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el avance físico de la infraestructura destinada a cumplir los objetivos de la sentencia alcanza el 89,69%.

Dentro de los componentes evaluados, el acceso al agua potable aparece como el derecho más rezagado. Este indicador mantiene la atención sobre una de las necesidades esenciales de las comunidades wayuu y sobre las responsabilidades de las autoridades encargadas de ejecutar las medidas.

La revisión de la Corte Constitucional pretende establecer el grado de cumplimiento de las órdenes y conocer los resultados presentados por las instituciones convocadas. Al mismo tiempo, los procesos de la Procuraduría avanzan para esclarecer si las demoras o los incumplimientos atribuibles a servidores públicos ameritan sanciones disciplinarias.