Estados Unidos confirma la captura de Álvaro Pulido, empresario colombiano y socio de Alex Saab, por lavado de dinero

Todd Blanche confirmó la detención de Álvaro Pulido Vargas por parte de las fuerzas de seguridad estadounidenses y aseguró que el empresario deberá responder por dos procesos judiciales relacionados con presuntas operaciones financieras ilícitas.

“Las fuerzas del orden de la @HSTaskForce arrestaron a Álvaro Pulido Vargas, quien ahora enfrenta dos acusaciones federales separadas en EE. UU. de 2019 y 2021 por presuntos esquemas de lavado de dinero venezolano y sobornos por miles de millones de dólares vinculados al régimen de Maduro”, escribió Blanche en redes sociales.

El funcionario también cuestionó el presunto uso de recursos públicos para beneficio particular y sostuvo que las operaciones investigadas habrían afectado programas gubernamentales destinados a cubrir necesidades básicas de la población venezolana.

“Sus presuntas acciones muestran un flagrante desprecio al pueblo venezolano al corromper programas gubernamentales destinados a proporcionar alimentos, medicinas y vivienda críticos para el enriquecimiento personal y explotar el sistema financiero estadounidense para hacerlo”, afirmó el fiscal.

Blanche agregó que el Departamento de Justicia mantendrá la cooperación con las autoridades federales y sus aliados internacionales para llevar a los implicados ante los tribunales estadounidenses. Pulido permanecía detenido en Venezuela desde 2023. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre el anuncio.

Los negocios de Pulido y Alex Saab

Álvaro Pulido es señalado por autoridades estadounidenses y venezolanas como uno de los principales socios de Alex Saab, empresario colombiano vinculado a investigaciones por presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero en Venezuela.

Las pesquisas se relacionan, entre otros asuntos, con contratos estatales para importar y distribuir alimentos de la canasta básica destinados a los sectores más vulnerables del país. Según las acusaciones estadounidenses, desde 2016 empresas vinculadas con Saab y Pulido habrían obtenido contratos exclusivos para estas operaciones.

Las autoridades sostienen que las compañías inflaron los costos de los productos y utilizaron sociedades constituidas en jurisdicciones como Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Los expedientes señalan presuntos pagos ilícitos a funcionarios venezolanos y operaciones que habrían canalizado más de 350 millones de dólares, en un entramado que continúa bajo investigación por las autoridades estadounidenses y venezolanas.

El caso también coincide con investigaciones por corrupción en el sector petrolero venezolano, incluidas las relacionadas con la gestión de Tareck El Aissami al frente del Ministerio de Petróleo. La Fiscalía venezolana lo señaló de presuntamente integrar una red que comercializaba crudo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) mediante intermediarios privados, sin registrar los pagos correspondientes en las arcas estatales. Por estos hechos, le formuló cargos por corrupción, usurpación de funciones, enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir.

Asimismo, en octubre de 2021, la Corte del Distrito Sur de Florida acusó formalmente a Pulido Vargas por conspiración para cometer lavado de dinero. En abril de 2023, fue detenido en Caracas durante la operación anticorrupción ‘Pdvsa-Cripto’.

Contratos de alimentos bajo investigación

Las investigaciones sobre los negocios de Pulido y Alex Saab se remontan a 2013, cuando la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) comenzó a seguir sus operaciones. Entre ellas figuraban contratos con Suvinca por 20 millones de dólares para suministrar materiales destinados a un polideportivo en el estado venezolano de Vargas.

Otro frente de las investigaciones está relacionado con el programa de alimentos Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap). Según las autoridades estadounidenses, presuntas irregularidades en contratos de suministro habrían permitido desviar recursos destinados a atender a sectores vulnerables, mientras se indaga el posible uso de mecanismos para ocultar el origen de las operaciones financieras.

La DEA y el Departamento de Justicia investigan si empresas fachada, facturas ficticias y documentos presuntamente adulterados facilitaron operaciones con alimentos importados desde Colombia y México, así como el traslado de fondos hacia cuentas bancarias estadounidenses.