El Gobierno negó que vaya a reducir el salario mínimo de $2 millones en 2026 ni a exigir la devolución de pagos ya recibidos: “¡Que no lo confundan!"

El Gobierno nacional aseguró que el salario mínimo de 2026 continúa vigente en $2 millones mensuales para los trabajadores que reciben auxilio de transporte y negó que exista una orden para reducir ese monto o exigir la devolución de los pagos ya percibidos.

Según la información oficial que publicó la ministra de Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, el ingreso está compuesto por $1.750.905 de salario básico y $249.095 de auxilio de transporte. La funcionaria indicó que esos valores deben aplicarse mientras siga vigente la norma que los estableció.

También aseguró que las versiones sobre una eventual eliminación del aumento del 23%, aprobado como el Salario Mínimo Vital durante el Gobierno Petro, carecen de fundamento.

“En los últimos días han circulado versiones falsas y mensajes que buscan generar miedo, incertidumbre y confusión entre los colombianos, asegurando que el Gobierno nacional eliminará el incremento del 23% del salario mínimo. Eso es falso y hoy queremos desmentirlo de manera categórica”, dijo la funcionaria.

El Consejo de Estado estudia demandas contra el decreto

La jefe de la cartera laboral, sin embargo, explicó que el Consejo de Estado analiza demandas contra el decreto que fijó el incremento del salario mínimo para 2026. Aún así, aclaró que ese trámite judicial no implica, por sí mismo, la suspensión de los pagos ni una modificación automática de la remuneración vigente.

“La existencia de una demanda no significa que el salario mínimo haya sido reducido, que el incremento haya desaparecido o que los trabajadores deban devolver el dinero recibido”, sostuvo.

La ministra también explicó que cualquier decisión sobre la validez del decreto corresponde exclusivamente al alto tribunal. “Como Gobierno respetamos la independencia de la justicia, la separación de poderes y las decisiones de los jueces”, dijo.

En su declaración, la titular de la cartera de Trabajo indicó que una persona que percibe el salario mínimo y cumple los requisitos para recibir el auxilio de transporte debe continuar con un pago mensual de $2 millones.

“Estos valores deben seguir aplicándose mientras se mantenga vigente la norma que lo establece. Y si ya recibió su salario de enero, febrero o de cualquier otro mes de este año, ese dinero es suyo. Es fruto de su esfuerzo y de su trabajo. Nadie puede exigirle que devuelva esos recursos por el solo hecho de que exista una demanda contra el decreto que fijó el salario mínimo. Que quede absolutamente claro”, expresó.

El Gobierno nacional pidió a los ciudadanos consultar los canales oficiales y las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo ante dudas sobre la liquidación de salarios y los derechos laborales.

Salario mínimo de 2027 en Colombia: la negociación pone bajo la lupa la inflación, el empleo y el costo fiscal

La definición del salario mínimo de 2027 en Colombia comenzará a tomar forma a finales de noviembre de 2026, cuando el Gobierno, las centrales obreras y los gremios empresariales cuenten con los principales indicadores económicos para sustentar sus propuestas.

La discusión tendrá como eje el poder adquisitivo de los trabajadores, aunque también incluirá el efecto de un eventual ajuste sobre la inflación, el empleo formal, las pensiones y las finanzas públicas.

De hecho, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl) abrió una etapa de conversaciones el 1 de octubre, sin que las partes presentaran un porcentaje inicial. El encuentro dejó como resultado la creación de mesas técnicas y jurídicas para revisar asuntos laborales que generan diferencias entre los sectores.

La negociación formal se desarrollará durante las últimas semanas de 2026. Si trabajadores y empleadores no llegan a un acuerdo antes del 15 de diciembre, el Gobierno nacional deberá establecer el incremento por decreto a más tardar el 30 de diciembre.

El centro de estudios Anif planteó que la decisión debe proteger el ingreso real de los trabajadores, pero debe considerar las consecuencias de un aumento sobre el mercado laboral, el comportamiento de los precios y el gasto estatal.