Policías vinculados con operativo contra Enilce López, la empresaria de chanche, serían investigados: juez hizo petición a la Fiscalía

El Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santa Marta pidió a la Fiscalía General de la Nación que se adelanten las investigaciones contra los policías judiciales Dikson Charrupí Moncada y Geiner Tarazona Guerrero por un presunto fraude vinculado con pruebas incautadas en 2010 a empresas de Enilse López Romero, conocida como La Gata, cuyos bienes fueron avaluados entonces en 1,7 billones de pesos.

Según información conocida por la revista Cambio, la decisión podría abrir un nuevo frente judicial por el proceso que relacionó a la fallecida empresaria del chance con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

La orden fue impartida el 17 de septiembre por el juez Helder Said Durán Rodríguez, quien consideró que la Fiscalía debía avanzar en la indagación por presunto fraude procesal y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El magistrado advirtió que, pese al tiempo transcurrido desde el supuesto daño de las pruebas, los dos investigadores no habrían sido llamados como indiciados.

“En criterio de este funcionario, esos señores debieron al menos ser interrogados por la Fiscalía”, afirmó Durán durante la diligencia. El juez sostuvo que los funcionarios pudieron haber afectado tanto la investigación penal como el derecho a la defensa de la denunciante y de los socios de las empresas de apuestas.

La controversia se originó en un allanamiento realizado el 17 de junio de 2010 en Aposmar, una empresa de chance de propiedad de López. Dos discos duros extraídos durante el procedimiento aparecieron dañados en septiembre de ese mismo año, según la denuncia que presentó “La Gata” cuatro años antes de morir.

López cumplía una condena de 37 años de prisión por sus nexos con grupos paramilitares y por el homicidio del vigilante Amaury Fabián Ochoa cuando denunció que la destrucción del material le impidió controvertir las pruebas empleadas en procesos por lavado de activos y extinción de dominio. Esos expedientes se basaron, según su versión, en informes elaborados por los investigadores judiciales.

“Bajo la custodia de la Fiscalía se han dañado e inutilizado los elementos con los que se ha iniciado un proceso en mi contra y, por tanto, no me he podido defender”, expresó López en la denuncia. La empresaria cuestionó que la información contable de sus compañías no pudiera verificarse contra los discos originales.

El expediente señala que la fiscal Tania Amparo Leal y los investigadores del caso habrían conocido el daño de las pruebas desde septiembre de 2010. La defensa de López, en cambio, aseguró que solo fue informada de esa situación nueve años después, en 2019.

“En la actualidad solo existe un informe de auditoría practicada por policía judicial donde se inserta información falsa, pues manipularon y cambiaron los datos encontrados”, denunció “La Gata” en su momento. Su equipo jurídico sostuvo que la imposibilidad de revisar los soportes contables habría permitido que los informes incluyeran información falsificada o alterada.

Charrupí habría elaborado junto con la investigadora Astrid Adriana Pérez el informe de policía judicial sobre el procedimiento en Aposmar. Uno de los discos dañados habría estado inicialmente bajo su custodia y después pasado a manos de Tarazona, quien figuró posteriormente entre los agentes que certificaron el deterioro de los dispositivos.

La defensa de la familia de López y del empresario Jesús María Villalobos, conocido como “El Perro”, afirmó que ambos investigadores supuestamente destruyeron un disco duro Samsung de 500 GB, serial 9475. Según ese planteamiento, el dispositivo almacenaba imágenes de los computadores del contador, el auxiliar contable, el servidor de la empresa, la gerencia y la gerencia administrativa de Aposmar.

Parte de la familia de La Gata fue reconocida como víctima dentro de la investigación contra los dos policías. La familia de Villalobos, exsocio de López y asesinado en mayo de 2014, también se considera afectada por las actuaciones atribuidas a Charrupí y Tarazona.

La inclusión de Martha Dereix en los informes judiciales

Los abogados de los empresarios del chance sostienen que los informes sobre los discos duros introdujeron un dato falso: la presunta participación de Martha Dereix, exesposa de Salvatore Mancuso, en el esquema empresarial de López. La inclusión habría reforzado la hipótesis de que las compañías de chance lavaban recursos de grupos paramilitares.

Mancuso también cuestionó esa información en un memorial. El exjefe paramilitar habló de “la inclusión maliciosa y fraudulenta” del nombre de su exesposa “en un supuesto informe contable, copiado presuntamente en un disco duro durante un allanamiento”.

“Dicho dispositivo fue formalmente ingresado en cadena de custodia, bajo resguardo exclusivo de la DIJIN, y aun así terminó dañado de manera inexplicable y con claras trazas de manipulación ilícita, siendo absolutamente imposible que la fiscalía extrajera información alguna”, afirmó Mancuso en su momento.

La defensa de López y el excomandante paramilitar aseguran que Charrupí y Tarazona incorporaron a Dereix como supuesta accionista de Aposmar, en Santa Marta, y de Uniapuestas, empresa de chance de Barranquilla. Ambas compañías eran controladas por La Gata.

También sostienen que el proceso por lavado de activos surgió de un supuesto montaje de Deivis y Leonardo Rojas, dos exescoltas de López. Según esa versión, los hermanos denunciaron hechos para obtener una parte de los bienes de la estructura empresarial.

La recompensa sobre los bienes de La Gata

Deivis y Leonardo Rojas figuran como delatores en los procesos de extinción de dominio y lavado de activos contra la estructura de su antigua jefa. Esas investigaciones también incorporaron informes de la DEA, la oficina del Gobierno de Estados Unidos encargada de combatir el narcotráfico.

Mancuso y la defensa de López cuestionaron la autenticidad de esos documentos, fechados entre 2009 y 2011, y los calificaron como “espurios”. El informe de 2009 que sirvió de base para los allanamientos mencionaba a varias de las personas vinculadas al proceso, incluido el empresario momposino Alfonso Hilsaca Eljaude.

Los hermanos Rojas declararon que Mancuso presuntamente entregaba, mediante terceros, tulas con grandes sumas de dinero para ser lavadas a través de las empresas de La Gata. El exjefe paramilitar y los abogados de la empresaria fallecida consideran que esas afirmaciones respondían a una persecución orientada a obtener una recompensa.

En 2014, cuando la justicia impuso medidas cautelares sobre bienes relacionados con el emporio de chance en la costa Caribe, Charrupí envió dos cartas a una fiscal de extinción de dominio a cargo del expediente de López y Mancuso. Allí dejó consignado que los hermanos Rojas Zabala esperaban recibir hasta 5% de los bienes presuntamente ilícitos de su antigua jefa.

El proceso por lavado de activos contra las empresas de chance es la única investigación que actualmente pesa sobre Mancuso en la justicia ordinaria. La causa, radicada en un juzgado especializado de Cartagena, se acerca a la prescripción después de más de una década desde la imputación de cargos, una situación que ha sido advertida por la Procuraduría General de la Nación.