La incautación de más de 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína permitió a la Fiscalía General de la Nación identificar y judicializar a ocho presuntos integrantes de una estructura señalada de instalar, financiar y administrar laboratorios para el procesamiento de estupefacientes en el oriente de Colombia, en una información compartida por el ente acusador el jueves 8 de octubre de 2026.
La investigación reúne al menos cuatro operaciones en las que las autoridades encontraron droga, insumos químicos y caletas.
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Las diligencias también permitieron establecer la presunta existencia de complejos destinados a transformar sustancias ilícitas en Vichada, Casanare y otros departamentos de esa región del país.
La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional capturó a los investigados en Bogotá, Soacha, Maní, Villanueva, Yopal, San Luis de Gaceno y Puerto Concordia. Tras las audiencias preliminares, una juez de control de garantías de Maní ordenó que los ocho procesados permanezcan en un centro carcelario.
Fiscalía señaló a un supuesto cabecilla que operaba desde Bogotá
Entre los judicializados están Helver Ramiro Martínez Roa, Wilson Palencia García, Heber Camilo Martínez Díaz, Pablo Enrique Martínez Gaitán, Helber Anselmo Ramos Sierra, William Pérez Sandoval, Pedro Pablo Morales Mendoza y José Senen Moreno Perilla.
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Según la hipótesis de la Fiscalía, Martínez Roa sería el presunto cabecilla y financiador de la organización. Desde Bogotá, habría impartido directrices para levantar los laboratorios y disponer los recursos necesarios para su funcionamiento.
El ente acusador indicó que Palencia García presuntamente asumía tareas relacionadas con la logística, la compra de precursores químicos y la gestión de pagos. A su vez, Morales Mendoza habría actuado como enlace con la base operativa de la estructura.
Los demás capturados estarían vinculados, de acuerdo con la investigación, con la producción de cocaína, la adecuación de las instalaciones y el transporte de cargamentos. La Fiscalía deberá probar esas responsabilidades durante el proceso judicial.
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La estructura invertía hasta $150 millones en cada complejo
Los elementos recopilados durante la investigación señalan que el grupo habría destinado hasta $150 millones para montar cada laboratorio. Esos recursos presuntamente cubrían la construcción de los complejos, la adquisición de materiales y los insumos para el procesamiento del alcaloide.
Otro de los hallazgos expuestos por la Fiscalía tiene que ver con la identificación de los cargamentos. La organización, según el reporte, marcaba la cocaína con “marquillas propias” para que los compradores reconocieran el origen de la producción.
Esa práctica habría permitido diferenciar los lotes elaborados por la red dentro de la cadena de distribución ilegal. El boletín no precisa los destinos finales de la sustancia ni identifica a los posibles compradores de los cargamentos incautados.
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La reciente investigación también detectó una presunta estrategia para retomar las actividades después de las intervenciones de las autoridades. Algunas personas vinculadas al grupo habrían buscado recuperar equipos y materiales ocultos luego de cada incautación.
Las autoridades investigan el alcance de las actividades en el oriente del país
Los procedimientos que dieron origen al caso incluyeron la localización de caletas, insumos y droga lista para su traslado.
La Dirección Especializada contra el Narcotráfico sostuvo que las actividades de policía judicial permitieron reconstruir el papel que, presuntamente, cumplía cada uno de los ocho procesados dentro de la red. La información conocida hasta ahora apunta a una organización con funciones divididas entre financiación, logística, producción y transporte.
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Una fiscal de esa dependencia imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, de acuerdo con el nivel de participación que les atribuye la investigación.
Los ocho procesados no aceptaron los cargos. La medida de aseguramiento implica que permanecerán privados de la libertad mientras avanza el expediente, sin que ello anticipe una condena.
Por último, la Fiscalía General de la Nación continuará con la recolección y evaluación de pruebas para establecer la dimensión de la estructura, sus posibles conexiones y el alcance de los laboratorios que, según la investigación, operaban en el oriente colombiano.
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