
Hay revuelo en el departamento de La Guajira, después de que líderes de la comunidad indígena wayuú denunciaran que una menor recién nacida falleció el 24 de septiembre, al parecer, por una omisión de las entidades de salud a cargo de los territorios apartados de la región.
De hecho, los reparos llegaron hasta la Corte Constitucional después de que los voceros instauraran una denuncia en la que exigen una investigación contra la entidad de salud que, entre otras, habría negado la prestación del servicio alegando largas distancias y condiciones de seguridad.
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Según el expediente conocido por la revista Semana, la emergencia neonatal expuso las dificultades de movilidad en esta zona de La Guajira: una comitiva de la Corte Constitucional tardó más de 6 horas en llegar desde Riohacha hasta el corregimiento de Jojocinto, donde vive la comunidad. El trayecto formó parte de una inspección judicial sobre la situación de la niñez wayuú.
Entre las acciones del alto tribunal se ordenó al Ministerio de Salud, a las secretarías de salud de La Guajira y Uribia, a Nueva EPS y a la IPS Súpula Wayuu que presenten, en 10 días hábiles, un informe detallado sobre lo ocurrido. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría deberán hacer seguimiento a esos requerimientos.
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Las horas previas al parto sin traslado médico

Según reporta en la denuncia, una joven de 24 años comenzó a sentir fuertes dolores de parto alrededor de las 6:00 p. m. del 24 de septiembre en medio del desierto de Jojocinto. Su hermano, líder de la comunidad, llamó a la IPS Súpula Wayuu y a la Secretaría de Salud de Uribia para solicitar el traslado a un centro asistencial.
Sin embargo, la familia habría recibido como respuesta que no era posible desplazarse hasta la comunidad por “la distancia, la hora y razones relacionadas con la seguridad”, según la denuncia presentada ante el alto tribunal. La falta de una ambulancia o de un equipo médico llevó a los habitantes a buscar medios propios para atender la emergencia.
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Una hora y media después, el hermano contactó a una autoridad tradicional para pedir apoyo de la comunidad. Cerca de las 9:00 p. m., un aparente funcionario de la IPS Súpula Wayuu se comunicó con la familia y confirmó que la ruta de atención estaba activa, aunque explicó que solo recibía órdenes y que su superior no había autorizado la salida.
La condición de la gestante empeoró entre las 11:50 p. m. y las 11:57 p. m. Un profesor de la comunidad la subió a un vehículo para sacarla de la zona, pero el parto ocurrió pocos minutos después de iniciado el trayecto y el bebé “nació sin vida”.
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La mujer fue trasladada durante dos horas por las vías del departamento hasta la Clínica Talapui, en Uribia, donde recibió atención por el sangrado posterior al parto.
“Además de enfrentar la pérdida de su hija, esta joven madre debe cargar con el dolor de saber que durante horas su familia tuvo que buscar por sus propios medios una respuesta ante una emergencia que, en principio, debía ser atendida mediante la ruta institucional de salud”, señalaron los demandantes.
La crisis de salud y agua en comunidades wayuú
La Corte Constitucional declaró hace nueve años un Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira por la vulneración de derechos como el acceso al agua potable, la salud y la alimentación. La Sala Especial de Seguimiento, presidida por el magistrado Carlos Camargo, ordenó este año inspecciones judiciales en cuatro municipios para evaluar las condiciones actuales.
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La diligencia, liderada por el magistrado auxiliar Hugo Escobar, identificó problemas de fragmentación en el aseguramiento de niñas y niños wayuú, falta de atención de los equipos de salud en comunidades dispersas y afectaciones a la salud mental de menores que permanecen en el sector de La Pista, en Maicao.

También se ordenaron medidas frente a la escasez de agua potable. Camargo pidió investigar posibles incumplimientos institucionales relacionados con la garantía de ese servicio en la región.
El Instituto Nacional de Vías deberá establecer si Jojoncito está dentro del área de influencia de alguno de los 36 corredores viales priorizados por la Corte e informar sobre las condiciones de movilidad hacia los centros médicos más cercanos.
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El caso ocurrió pocos días antes de una sesión técnica de la Corte Constitucional con 25 entidades convocadas para revisar el cumplimiento de las órdenes destinadas a proteger a la niñez wayuú.
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