El Tribunal de Cundinamarca ordenó frenar las estafas virtuales del Soat: seis entidades deberán reforzar controles y canales seguros

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a seis entidades del Estado adoptar medidas coordinadas para prevenir las estafas relacionadas con la comercialización del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) por medios virtuales.

La decisión, contenida en la Sentencia 181 del 21 de agosto de 2026, concluyó que las autoridades demandadas vulneraron los derechos colectivos de los consumidores y usuarios, así como la seguridad pública, al no demostrar una respuesta institucional integral y suficiente frente a esta problemática.

La providencia fue emitida por la Sección Primera, Subsección C, del tribunal, con ponencia de la magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides, dentro de una acción popular presentada por Camilo Araque Blanco contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa —Policía Nacional— y la Superintendencia Financiera de Colombia.

El demandante solicitó la protección de los derechos colectivos ante la falta de acciones efectivas para identificar y eliminar páginas web, aplicaciones, líneas telefónicas, plataformas digitales y otros canales utilizados para suplantar a aseguradoras o intermediarios autorizados. Según lo expuesto en la demanda, estos mecanismos se empleaban para ofrecer pólizas falsas o inexistentes y obtener dinero de los ciudadanos que buscaban cumplir con la obligación de adquirir el seguro.

La Superintendencia Financiera reportó 2.870 inconformidades por posibles fraudes o suplantaciones en la compra virtual del Soat entre 2022 y el primer semestre de 2025. De acuerdo con la información incorporada al expediente, los departamentos con mayor concentración de reportes fueron Cundinamarca, con 1.183 casos; Antioquia, con 535, y Valle del Cauca, con 340.

Falta de una estrategia estatal coordinada

En el análisis del caso, el tribunal examinó las actuaciones reportadas por cada entidad y las competencias legales relacionadas con la supervisión de las aseguradoras, la seguridad digital, la investigación de delitos y la protección de los consumidores.

La Superintendencia Financiera informó que realizó actividades de supervisión, visitas de inspección, requerimientos a las compañías aseguradoras, órdenes administrativas y campañas de educación financiera. También reportó procesos sancionatorios que culminaron en multas contra varias entidades vigiladas: $900 millones a Mundial de Seguros, $500 millones a Seguros del Estado, $500 millones a Suramericana y $700 millones a AXA Colpatria. A La Previsora se le impuso un llamado de atención. Según el informe incorporado al proceso, estas decisiones quedaron en firme.

Las órdenes administrativas impartidas en 2023 a cinco aseguradoras incluyeron la suspensión de prácticas de no expedición del seguro, la garantía de una oferta permanente en el territorio nacional, el fortalecimiento de los canales digitales, la publicación de información accesible sobre los procedimientos de compra y el mantenimiento de mecanismos de atención al usuario.

Por su parte, la Policía Nacional señaló que la Dijín, con apoyo del Centro Cibernético Policial y en coordinación con la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adelantaba investigaciones para identificar y judicializar a los responsables de la comercialización fraudulenta del seguro. Sin embargo, los detalles de esas actuaciones estaban sujetos a reserva legal.

La Fiscalía informó sobre investigaciones activas relacionadas con la emisión ilegal del Soat durante el periodo 2021-2025. No obstante, el Tribunal advirtió que los datos estadísticos presentados no permitían establecer resultados concretos en materia de prevención, judicialización o desarticulación de las estructuras dedicadas a estas conductas.

Para la corporación, las actuaciones acreditadas no demostraron la existencia de una estrategia estatal coordinada, preventiva y permanente que garantizara la adquisición segura del Soat por canales virtuales.

La sentencia señaló que, aunque algunas autoridades habían desarrollado acciones de supervisión, divulgación, capacitación y orientación a los ciudadanos, buena parte de las medidas reportadas correspondía a respuestas posteriores a la materialización de los fraudes. Tampoco encontró pruebas suficientes para determinar que las actuaciones institucionales fueran pertinentes, adecuadas y oportunas frente a la magnitud del problema.

Al referirse a la responsabilidad de las entidades, el tribunal cuestionó que estas alegaran falta de competencia sin acreditar una respuesta conjunta capaz de enfrentar la situación. La providencia destacó que sus funciones, aunque diferentes, guardan relación con la prevención, vigilancia, investigación, control y coordinación institucional frente a los riesgos derivados de la comercialización fraudulenta del seguro.

En ese sentido, la corporación indicó que la protección de los consumidores no podía limitarse a recomendaciones para evitar las estafas, sino que requería condiciones que permitieran adquirir la póliza mediante canales digitales seguros.

Seis entidades deberán adoptar medidas específicas

La sentencia ordenó a la Superintendencia Financiera formular e implementar, dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria del fallo, un plan para garantizar que las aseguradoras ofrezcan canales digitales seguros de adquisición del Soat y adopten mecanismos de detección temprana del fraude. La entidad deberá presentar informes semestrales al comité encargado de verificar el cumplimiento de la decisión y reportar los avances e impactos de las órdenes impartidas a las aseguradoras en 2023.

A la Fiscalía General de la Nación le ordenó fortalecer las estrategias investigativas relacionadas con los delitos asociados a la comercialización fraudulenta del seguro y consolidar información estadística periódica sobre las investigaciones en curso. Estos reportes deberán presentarse semestralmente ante el comité de verificación.

En cuanto al Ministerio de Defensa —Policía Nacional—, la providencia dispuso que, por medio del Centro Cibernético Policial, fortalezca la identificación y el desmonte de páginas web, perfiles y canales digitales empleados para vender fraudulentamente el Soat. También deberá promover la articulación permanente con la Fiscalía, las aseguradoras y la Superintendencia Financiera para prevenir estas conductas.

El Ministerio de Transporte deberá coordinar con la concesión encargada de operar el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) el fortalecimiento de los mecanismos de consulta para que los ciudadanos puedan comprobar de manera simple, inmediata y gratuita la autenticidad y vigencia de las pólizas registradas. Además, tendrá que desarrollar campañas educativas permanentes para prevenir el fraude durante la adquisición del seguro.

El Dapre deberá convocar y liderar una mesa interinstitucional para diseñar e implementar una estrategia nacional articulada de prevención, detección y reacción frente al fraude en la comercialización del Soat.

Por su parte, el MinTic tendrá un plazo de seis meses, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia, para adoptar un protocolo de cooperación interinstitucional que permita identificar, reportar, gestionar y mitigar los riesgos asociados a sitios web, perfiles en redes sociales, aplicaciones, enlaces y otros canales tecnológicos utilizados para comercializar fraudulentamente el seguro. El protocolo deberá contemplar mecanismos de intercambio de información, alertas tempranas, divulgación de los canales oficiales de adquisición y estrategias de prevención dirigidas a la ciudadanía.

Como parte de las medidas de seguimiento, el tribunal conformó un comité de verificación integrado por el despacho judicial, representantes de las entidades demandadas, el actor popular y un agente del Ministerio Público. Este organismo deberá hacer seguimiento a la ejecución de las órdenes impartidas en la sentencia.