La Contraloría General de la República requirió a Emcali (Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P.) la documentación completa del proceso de licitación del alumbrado público de Cali, valorado en aproximadamente $452.711 millones.
La decisión se conoció luego de una denuncia formal de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia (Red Ver) por presuntas irregularidades que podrían afectar el patrimonio público y las tarifas que pagarán los usuarios durante los próximos 20 años.
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El ente regulador notificó el requerimiento mediante el oficio 2026EE0214301 del 7 de octubre de 2026, dirigido al gerente de Emcali, Roger Mina Carbonero.
El organismo solicitó el expediente precontractual completo, el estado actual del proceso y todas las actuaciones relacionadas con la Invitación Pública No. 500-CCE-001-2026, con un plazo de respuesta de tres días hábiles.
El contrato tiene vigencia proyectada hasta 2045 y afectará directamente las tarifas de alumbrado público de propietarios de inmuebles residenciales, comerciales e industriales en Cali.
La Red Ver alertó sobre una situación que podría dejar el proceso con un único oferente habilitado: de las tres propuestas presentadas al cierre del 25 de septiembre, una podría ser excluida porque el último correo electrónico vinculado a esa oferta habría llegado aproximadamente cinco minutos después del horario límite de cierre, las 4:30 p. m..
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Las condiciones del proceso en Emcali, bajo cuestionamiento
El mecanismo de recepción de ofertas es uno de los ejes de la denuncia. En el documento oficial se dispuso que las propuestas se enviaran por correo electrónico, y no a través del módulo transaccional del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), lo que la Red Ver señala como una anomalía de procedimiento.
Para determinar la validez de la oferta en cuestión, la veeduría considera necesario revisar los registros electrónicos (logs), la hora exacta de envío y recepción, la integridad de los archivos, su cadena de custodia digital y si los documentos recibidos fuera de término tenían carácter sustancial o podían subsanarse.
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Si la exclusión se confirma, el proceso avanzaría con un único proponente habilitado, lo que la Red Ver vincula directamente con el uso de un llamado “pliego sastre”: un pliego de condiciones cuyas exigencias habrían restringido la participación.
La veeduría también cuestionó los requisitos de experiencia, el número de luminarias exigido y los perfiles profesionales solicitados.
En el caso de Emcali, además de la Contraloría, también intervino la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación también ejerce control preventivo sobre el proceso. Según la Red Ver, el organismo formuló requerimientos y recomendaciones a EMCALI desde el 28 de septiembre, es decir, más de una semana antes de la intervención de la Contraloría.
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Las tres ofertas fueron publicadas junto con el informe preliminar de evaluación, pero la veeduría sostiene que esa publicación no despeja las dudas sobre las condiciones en que las propuestas fueron recibidas, custodiadas y evaluadas.
Ante la confluencia de cuestionamientos y la intervención de dos organismos de control, la Red Ver solicitó formalmente la suspensión del proceso hasta que se aclaren los hechos y se completen las verificaciones.
La organización pidió en específico que no se produzca ninguna adjudicación mientras persistan las dudas sobre la igualdad de condiciones entre los oferentes y la recepción de las propuestas.
“La Contraloría ya está requiriendo a EMCALI el expediente y la información del proceso por posibles irregularidades y afectaciones al patrimonio público”, indicó la veeduría en el comunicado, y se concluyó que “por la magnitud del contrato, consideramos indispensable que se esclarezcan estos hechos antes de cualquier adjudicación”.
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Procuraduría ya le tenía puesta la lupa al gerente general de Emcali
El 29 de diciembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente a dos funcionarios por presuntas irregularidades en el proceso de contratación del servicio de alumbrado público en Cali.
La medida recayó en Roger Mina Carbonero, gerente general de Emcali, y en José David Insuasti Avendaño, gerente de la Unidad Estratégica de Negocios.
La suspensión provisional fue de tres meses. Durante ese periodo, la Procuraduría revisó las condiciones del negocio jurídico, la documentación disponible, las actividades relacionadas y la participación de las personas involucradas.
La medida se tomó evitar una posible reiteración de las conductas investigadas, la intervención de los funcionarios en otros procesos contractuales o el incumplimiento de las normas aplicables.
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El expediente analizó la selección de un aliado estratégico para prestar el servicio durante 20 años, y por el que ahora la Contraloría aperturó la indagación.
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