Álvaro Leyva se fue contra la JEP y la acusó de incumplir con lo estipulado ante la ONU: “Kafkas haciendo de magistrados”

El excanciller Álvaro Leyva Durán cuestionó en la mañana del martes 6 de octubre a la Jurisdicción Especial para la Paz a pocos días del segundo debate del Presupuesto General de la Nación para 2027, al afirmar que la entidad se apartó de lo acordado con las extintas Farc ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

A través de su cuenta de X, Leyva sostuvo que la actuación actual de la JEP no corresponde a lo establecido en el documento que reponsa en las Naciones Unidas. “La JEP de hoy no es lo estipulado, lo consagrado, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su documento S/2017/272. ¿Hoy la JEP es una provocadora metamorfosis de lo allí señalado? ¿Kafkas haciendo de magistrados? Habría que decirles, ¡mamola!”, expresó.

La controversia ocurre mientras la Jurisdicción busca que el Congreso mantenga los $821.803 millones de pesos incluidos inicialmente por el gobierno de Gustavo Petro para su funcionamiento en 2027. En el primer debate fue aprobado un recorte de $ 170.000 millones, que reduciría la asignación a $ 651.803 millones.

La reducción equivaldría a una caída del 16,6% frente a los recursos asignados a la JEP para 2026. El ajuste contempla 140.000 millones de pesos menos para inversión y $30.000 millones menos para funcionamiento.

La entidad advirtió que la disminución de los recursos de inversión limitaría las audiencias y diligencias judiciales en los territorios donde ocurrieron los crímenes del conflicto armado. También afectaría la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial de las víctimas acreditadas.

Actualmente, la Jurisdicción Especial para la Paz registra 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos, que representan a cerca de 634.804 personas. La restricción presupuestaria comprometería la atención dirigida a esos grupos, según advirtió el líder de esa justicia especial, el magistrado Alejandro Ramelli.

El recorte también alcanzaría las garantías judiciales de 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y de 4.736 integrantes de la fuerza pública sometidos a la Jurisdicción. Los recursos de inversión financian su defensa técnica, asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial.

La reducción de $30.000 millones para funcionamiento pondría en riesgo los esquemas de seguridad destinados a víctimas, testigos, comparecientes y funcionarios judiciales. Con los recursos disponibles, la JEP calcula que podría cubrir, en promedio, solo cuatro meses de medidas de protección.

Además, la Unidad de Investigación y Acusación podría ver limitadas sus investigaciones en territorio, las actividades técnico-forenses y los análisis de riesgo. También quedaría comprometido el seguimiento al cumplimiento de las sanciones propias ya impuestas y de aquellas que se definan en los próximos meses.

Críticas del Centro Democrático a los arriendos de la JEP

El 29 de septiembre de 2026, la senadora del Centro Democrático María Clara Posada cuestionó los gastos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en contratos de arrendamiento.

Según documentos que divulgó la congresista, la entidad destinó $ 170.735 millones a dos sedes entre 2017 y 2026: $ 160.005 millones para la Torre Squadra y $ 10.730 millones para un segundo inmueble contratado entre 2024 y 2026.

Posada sostuvo que la nueva sede se justificó por el aumento de la planta de personal, que habría pasado de una proyección inicial de 1.057 personas a 1.455 cargos en 2024. La senadora afirmó que, de haberse previsto la operación en más de un edificio, se habría podido escoger desde el comienzo una alternativa de menor costo.

La congresista basó sus cuestionamientos en capturas de documentos oficiales que publicó en X. De acuerdo con la información expuesta, el contrato de la sede principal en el edificio Torre Squadra incluyó acuerdos suscritos inicialmente por el Fondo Colombia en Paz. La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco había explicado en 2017 que el inmueble permitiría concentrar en un solo lugar la operación de la justicia transicional.

Para Posada, el posterior arrendamiento de un segundo inmueble contradijo ese criterio inicial. La legisladora señaló que la JEP atribuyó la decisión a la necesidad de ubicar a los funcionarios que excedían la capacidad prevista para la sede principal, entre ellos cargos de la Unidad de Investigación y Acusación. Según sus cálculos, la diferencia frente a la planta proyectada era de 398 puestos.