La JEP advierte que reducción presupuestal pondría en jaque la atención a víctimas en 2027: “No se puede recortar la justicia”

La discusión sobre el Presupuesto General de la Nación para 2027 abrió una alerta en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que pidió al Congreso mantener los recursos previstos para su operación y advirtió sobre las consecuencias que tendría una nueva reducción durante un año clave para el avance de sus procesos.

La entidad explicó que el Gobierno nacional había contemplado inicialmente una asignación de $821.803 millones para la JEP, aunque esa cifra ya estaba por debajo de los $947.642 millones que había solicitado para atender sus necesidades del próximo año. El faltante frente a esa solicitud asciende a $125.839 millones.

El panorama cambió aún más con el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado. Allí se planteó una reducción adicional de $170.000 millones frente al monto que había radicado inicialmente el Gobierno.

Con ese ajuste, la JEP pasaría a contar con $651.803 millones en 2027. La cifra representa $129.667 millones menos frente al presupuesto vigente durante 2026. Del recorte planteado, $140.000 millones corresponden a inversión y otros $30.000 millones a gastos de funcionamiento.

Para la jurisdicción, la disminución tendría consecuencias directas sobre la atención de las víctimas y las garantías de los comparecientes. La advertencia llega cuando avanzan las investigaciones de los 11 macrocasos y las diferentes etapas de juicio.

“Esta reducción tendría efectos sumamente perjudiciales en la garantía de derechos de víctimas y comparecientes en un momento crucial de la jurisdicción”, señaló la justicia transicional en su comunicado.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación son las audiencias y diligencias judiciales que deben realizarse en los territorios donde ocurrieron los hechos relacionados con el conflicto armado. La JEP señaló que el ajuste presupuestal podría limitar además la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial que reciben las víctimas durante estos procesos.

La entidad también alertó sobre posibles efectos en el debido proceso y la seguridad jurídica de 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y de 4.736 integrantes de la fuerza pública sometidos a la Jurisdicción.

La JEP dice que ya aplica medidas de austeridad

Frente a la discusión fiscal, la JEP aseguró que ha adoptado medidas para reducir gastos y utilizar de manera más eficiente los recursos públicos. Entre ellas están el uso de herramientas virtuales para algunas diligencias, la programación anticipada de audiencias, ajustes en la operación logística y un plan institucional de ahorros.

Según la entidad, esas decisiones permitieron generar ahorros cercanos a $21.575 millones entre 2024 y julio de 2026. La Jurisdicción aseguró que mantendrá esa política y prepara un nuevo plan con metas más exigentes para disminuir costos y tiempos de operación.

La JEP aclaró que su solicitud al Congreso no pretende ampliar su mandato ni obtener recursos adicionales a los planteados inicialmente por el Gobierno. También recordó que no ha propuesto extender su periodo de vigencia constitucional, fijado en 15 años y previsto hasta 2033. La entidad reiteró que continuará rindiendo cuentas sobre el uso de los recursos públicos y trabajando para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.

La JEP advirtió que el impacto del recorte no se limitaría a sus cuentas internas. Según explicó, una menor disponibilidad presupuestal podría reducir las posibilidades de que una víctima participe en una audiencia, tenga representación jurídica, reciba protección frente a eventuales riesgos o conozca qué ocurrió con un familiar.

Al mismo tiempo, la reducción podría afectar la capacidad de la jurisdicción para establecer responsabilidades, imponer sanciones a los máximos responsables, poner en marcha las condenas y resolver la situación jurídica de los comparecientes de la fuerza pública y de las extintas Farc-EP, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz.

La Jurisdicción sostuvo que mantener una financiación suficiente resulta necesario para cumplir las obligaciones que asumió frente a las víctimas y los comparecientes durante las etapas que todavía están pendientes de sus procesos judiciales y actuaciones vigentes.