El Gobierno nacional anunció la revocatoria del Decreto 973 de 2026, la norma que había establecido las reglas para el funcionamiento de los mercados de carbono en Colombia, y confirmó que prepara una nueva regulación para reorganizar este mecanismo.
El anuncio fue realizado por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, durante la Climate Week Medellín 2026. Según explicó, la decisión responde a razones jurídicas y a la necesidad de replantear las condiciones bajo las cuales funcionará este mercado.
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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el Ejecutivo busca reconstruir el esquema con mayores garantías de seguridad jurídica y con incentivos que permitan atraer recursos hacia proyectos de conservación y servicios ecosistémicos.
La norma revocada había sido expedida el 4 de agosto de 2026 y establecía un marco para organizar los mercados de carbono y otros instrumentos relacionados con el precio de las emisiones.
Qué regulaba el Decreto 973
El decreto definía reglas sobre la forma en que podían generarse, verificarse, registrarse y comercializarse los resultados de reducción o captura de gases de efecto invernadero.
En términos generales, estos mercados permiten que proyectos que reduzcan o capturen emisiones, por ejemplo mediante la conservación de bosques o determinadas actividades productivas, generen certificados que posteriormente pueden ser adquiridos por otros actores.
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La norma también creó un Sistema Nacional de Mecanismos de Mercado de Carbono e Instrumentos de Precio al Carbono, con procedimientos de seguimiento, verificación y control.
Además, contemplaba reglas de transparencia para conocer la información sobre los proyectos y los resultados obtenidos.
El esquema distinguía dos grandes tipos de mercado.
Por un lado, estaba el mercado de cumplimiento, relacionado con obligaciones establecidas por el Estado, como el impuesto nacional al carbono y otros instrumentos regulatorios.
Por otro, se encontraba el mercado voluntario, en el que empresas u otros actores podían adquirir certificados sin que existiera una obligación legal directa de hacerlo.
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El decreto también distribuía funciones entre diferentes entidades públicas, entre ellas los ministerios de Ambiente, Interior, Comercio y Hacienda, así como la Superintendencia de Industria y Comercio.
Estas entidades tenían responsabilidades relacionadas con regulación, consulta previa, calidad de los mecanismos, instrumentos financieros y vigilancia.
Gobierno anuncia nueva propuesta
Tras anunciar la revocatoria, Arjona señaló que el Gobierno quiere reconstruir el mercado bajo un nuevo marco que permita mayor confianza para quienes participan en este tipo de proyectos.
El objetivo, según el ministro, es que los mercados de carbono funcionen como un instrumento capaz de movilizar recursos hacia la conservación ambiental.
“Queremos recuperar realmente el mercado de carbono como un instrumento”, afirmó.
El Gobierno también anunció que propondrá dentro del Plan Nacional de Desarrollo recuperar el 100 % de la no causación del impuesto al carbono.
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La intención sería fortalecer la demanda de certificados y aumentar el valor económico asociado al carbono dentro del mercado nacional.
Con esa propuesta, el Ejecutivo pretende generar mayores incentivos para proyectos vinculados con conservación, reducción de emisiones y servicios ecosistémicos.
La revocatoria del Decreto 973 no significa que el Gobierno abandone los mercados de carbono. Por el contrario, el Ministerio de Ambiente plantea reemplazar la reglamentación vigente por un nuevo esquema.
Por ahora, no se conocen todos los detalles de la propuesta que sustituirá el decreto ni el cronograma para su expedición.
La discusión se concentrará en definir cómo se garantizarán la transparencia, la verificación de los proyectos, la participación de entidades públicas y privadas y las condiciones para atraer inversión.
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El Gobierno sostiene que el nuevo marco deberá combinar seguridad jurídica con mecanismos que permitan que los proyectos de conservación encuentren una mayor fuente de financiación.
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