La bancada del Pacto Histórico promovió el 16 de septiembre de 2026 una moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Enrique Mora, para apartarlo del Gobierno de Abelardo de la Espriella por el bombardeo en el departamento del Guaviare en el que murieron tres menores de edad. La plenaria del Senado debatirá la iniciativa y deberá reunir las mayorías necesarias para que el funcionario deje el cargo.
El operativo de las Fuerzas Militares ocurrió el 27 de agosto de 2026 en la zona rural de El Retorno, Guaviare, y estuvo dirigido contra el bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc. El documento legislativo sostiene que esa estructura está comandada por alias Calarcá.
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La acción militar dejó 10 personas muertas, entre ellas tres adolescentes, una condición que Medicina Legal confirmó después de la operación. Los senadores cuestionan que el Estado colombiano no haya precisado si conocía previamente la presencia de menores reclutados en el lugar ni qué medidas adoptó para protegerlos.

Según anunció el presidente de la Corporación, Honorio Henríquez, el Senado de la República votará la moción de censura contra el ministro Mora el miércoles 23 de septiembre de 2026 a las 3:00 p. m. La decisión definirá si la iniciativa alcanza los votos necesarios para apartarlo del cargo.
Henríquez evitó anticipar el resultado y señaló que la determinación dependerá de la plenaria: “Sí, el próximo miércoles a las tres de la tarde, miércoles 23, si no me falla la memoria, y sesión ordinaria el miércoles 22 de septiembre”. El mecanismo de control político fue promovido por sectores de oposición tras operaciones militares contra estructuras armadas en las que murieron menores reclutados por esos grupos.
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La fecha quedó confirmada después del debate realizado el 16 de septiembre. Al terminar la sesión, el presidente del Senado pidió mantener una discusión sin agresiones y llamó al orden al senador David Racero por algunas expresiones utilizadas durante su intervención: “Mi invitación, como lo he hecho desde el primer día, es a un debate franco, sincero, con altura, sin agresiones, moderando el lenguaje”.
Ministro de Defensa defendió su gestión<b> </b>

El mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, ministro de Defensa Nacional de Colombia, afirmó ante el Senado que la Fuerza Pública mantendrá la ofensiva contra los grupos armados, pese a que sus integrantes crecieron 92% frente a 2022 y se acercan a 30.000 combatientes.
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Mora advirtió que esa amenaza no incluye las redes de apoyo de las estructuras armadas organizadas. Sostuvo que la respuesta estatal exige conservar la iniciativa operacional, restringir la libertad de acción de esos grupos y recuperar los territorios afectados por economías ilícitas y hechos violentos.
El titular de la cartera también expuso las necesidades presupuestarias del sector defensa para sostener su capacidad operacional: cerca de $1,95 billones. Del total, $497.000.000.000 corresponden a dotaciones, pertrechos, inteligencia y preparación; $960.000.000.000 a sanidad, y $495.000.000.000 al pago de asignaciones de retiro para integrantes de la reserva y veteranos.
En sus primeros 39 días de gestión, la fuerza pública obtuvo resultados contra 24 cabecillas de estructuras criminales, rescató a 29 personas secuestradas y recuperó a 39 menores de edad. Los menores quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.
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La operación aérea en Guaviare fue sometida a planeamiento militar y asesoría jurídica
Jorge Eduardo Mora López también sostuvo que la operación aérea de alta precisión en Guaviare se decidió tras información de inteligencia sobre un campamento de un grupo armado organizado y la presencia de integrantes en función continua de combate. El ministro de Defensa afirmó que la acción se ajustó a los principios de necesidad militar, distinción, proporcionalidad y precaución, bajo las reglas del Derecho Internacional Humanitario.
Al referirse a los controles aplicados a ese tipo de procedimientos, el funcionario declaró: “Aquí no hay improvisación”.
Mora López insistió en que la fuerza pública no dirige sus operaciones contra menores reclutados por su condición de víctimas, sino contra amenazas militares identificadas con la información disponible. Rechazó el reclutamiento, entrenamiento, utilización y traslado de niños, niñas y adolescentes a los campamentos de grupos armados organizados.
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