Vocero de Abelardo de la Espriella acusó de “negligencia” a Petro por polémica liquidación del Ministerio de Igualdad: “Se fundó como una vitrina ideológica”

Miller Soto, que oficia como vocero de Presidencia, afirmó la puesta en marcha de la Directiva Presidencial 02, firmada por el presidente Abelardo De la Espriella, busca reorganizar las funciones del Ministerio de Igualdad y Equidad tras su liquidación, con el objetivo de impedir que los programas dirigidos a poblaciones vulnerables queden sin responsable institucional.

En su declaración, Soto aprovechó para referirse a la manera, a su juicio improvisada, en la que la pasada administración, la de Gustavo Petro, determinó el fin de esta dependencia. Y habló de “la negligencia con la que el gobierno anterior dejó esos derechos colgando de un hilo”, en relación con personas con discapacidad, mujeres y comunidades étnicas.

El vocero del Ejecutivo se centró en el decreto de liquidación, expedido el 19 de junio por el Gobierno Petro, solo un día antes de que el plazo fijado por la Corte Constitucional se venciera. “Dos años para planear y lo que dejaron fue un ministerio liquidándose en el aire, sin que nadie supiera a dónde iban a parar los programas que atendían a la gente”, sostuvo.

Así pues, Soto recordó que si bien la corte declaró inexequible en mayo de 2024 la ley que creó la cartera, fijó un plazo de dos legislaturas, contado desde julio de ese año, para reorganizar sus funciones. “El Estado tuvo un plazo generoso para reorganizar con calma las funciones de esa entidad sin dejar a nadie desprotegido”, agregó el funcionario en este hecho.

Por ello, la directiva firmada por De la Espriella ordenó a los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, al Departamento Administrativo de la Función Pública y a Prosperidad Social coordinar la reasignación de funciones, programas, proyectos y recursos; además de comprometer a la rama ejecutiva a atender las solicitudes del agente liquidador, Jhon Milton Rodríguez.

Se deberán identificar qué programas y recursos serán reasignados

El documento emitido establece que la Función Pública coordinará un plan de acción con las entidades involucradas para identificar y reasignar los asuntos que estaban a cargo del Ministerio de Igualdad y Equidad. El propósito del Gobierno es que ninguna de las poblaciones atendidas por esa cartera quede sin cobertura durante el proceso que se llevará a cabo.

Al describir las instrucciones impartidas a las entidades, Soto afirmó que el plan debe resolver el destino de “las funciones, los programas, los proyectos y los recursos que quedaron sueltos para que nada se quede sin dueño”. En ese orden de ideas, la directiva también exige que las dependencias respondan oportunamente a los requerimientos del liquidador.

El vocero también señaló que la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y otros organismos de control fueron invitados a acompañar y vigilar el trámite. “Este gobierno no le teme a que lo vigilen. Todo lo contrario, prefiere que estos órganos lo acompañen”, destacó el funcionario, que fue el encargado de revelar los puntos claves de la referida directiva.

Soto cuestionó la gestión de Petro y atribuyó al ministerio un “propósito ideológico”

Durante su intervención, Soto sostuvo que la administración previa no dejó mecanismos definidos para trasladar los programas y recursos de la entidad; y, al referirse a la creación del ministerio no dudó en calificarlo como una plataforma ajena a su misionalidad “Se fundó como una vitrina ideológica, más preocupados por el discurso que por el resultado”, refirió.

En su declaración, el vocero relacionó esa valoración con la forma en que, según dijo, se produjo el cierre de la cartera. “Cuando llegó la hora de cerrarlo, ese mismo gobierno que tanto habló de proteger a las personas más vulnerables las dejó expuestas, sin ruta, sin garantías, sin que nadie respondiera por ellas”, agregó Soto frente a las consecuencias.

A su vez, destacó que el Gobierno acepta la decisión de la Corte Constitucional, aunque cuestionó la ejecución de la liquidación previa. “Lo que no puede aceptar, y no va a aceptar, es que la irresponsabilidad de quienes se fueron termine costándole la protección a la gente que más la necesita”, dijo Soto, que insistió en que no fue un “error de gestión” sino “negligencia”.

Y cerró su declaración con una advertencia sobre los grupos que dependían de estos programas. “Un ministerio se puede acabar, una bandera ideológica se puede guardar, pero los derechos de las personas con discapacidad, de las mujeres, de las comunidades étnicas y de los sujetos de especial protección constitucional no se liquidan con un decreto mal hecho”.