Procuraduría indaga a Cortolima por tala y quema en plena emergencia por incendios

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de Cortolima, por presuntas irregularidades relacionadas con labores de tala y quema de material vegetal en una finca ubicada en la vereda Guacamayas, zona rural del municipio de Dolores, en Tolima.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la actuación busca establecer si una funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Tolima habría autorizado o contratado estas actividades en un predio rural, mientras el departamento atravesaba una emergencia por incendios forestales.

El Ministerio Público también verificará si existían permisos o autorizaciones para adelantar la tala y quema controlada, así como las medidas y restricciones ambientales vigentes para el momento en que ocurrieron los hechos.

La investigación se conoce después de que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, solicitara a las autoridades competentes esclarecer lo ocurrido y ejercer una vigilancia especial sobre el caso.

Indagan posible participación de funcionaria

Según el comunicado oficial de la Procuraduría, la indagación busca determinar la posible participación de una funcionaria de Cortolima, quien sería la propietaria del predio donde se habrían realizado las labores de tala y quema de material vegetal.

Los hechos investigados habrían ocurrido el 25 de agosto de 2026, en medio de la emergencia por incendios forestales que afectaba al departamento. Ese día fueron capturados dos campesinos por parte de las autoridades, luego de que habitantes de la zona alertaran sobre una quema en la vereda Guacamayas.

Cuando los uniformados llegaron al sitio, encontraron a Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado, quienes, según las autoridades, estaban vinculados con labores de tala y quema de vegetación.

El procedimiento llamó la atención porque se produjo en un momento de alta sensibilidad ambiental para Tolima. Las autoridades mantenían restricciones y advertencias frente a cualquier actividad que pudiera provocar nuevos focos de fuego o agravar la emergencia forestal.

La gobernadora Matiz Vargas había pedido desde la primera semana de septiembre aclarar las circunstancias en las que se produjo la quema y determinar si hubo una actuación irregular por parte de una funcionaria de la autoridad ambiental regional.

“He dado las instrucciones pertinentes a quien es mi delegado en el Consejo Directivo de la Corporación para que exijamos un informe pormenorizado del caso de una funcionaria que, al parecer, ordenó una quema en medio de esta emergencia. Es un hecho absurdo”, afirmó la mandataria departamental.

Piden vigilancia especial al caso

La gobernadora también solicitó a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a las demás autoridades competentes mantener una vigilancia especial sobre la investigación, con el fin de establecer qué ocurrió y determinar eventuales responsabilidades.

“Quiero pedir a la Procuraduría y Fiscalía, y a todas las autoridades competentes, que realicen una vigilancia especial a este caso, que hoy está siendo objeto de investigación, y que se vigile de cerca su desarrollo”, sostuvo Matiz.

La Procuraduría deberá establecer si las actividades realizadas en el predio contaban con permisos ambientales, si existieron autorizaciones formales y si se cumplían las restricciones vigentes durante la emergencia por incendios.

Otro punto que entrará en revisión es un antecedente reportado por las autoridades. Según la información conocida, el 24 de julio, cerca de un mes antes del procedimiento en Guacamayas, los mismos dos hombres ya habían sido requeridos por una situación relacionada con quemas.

En esa ocasión, se les habría advertido sobre las consecuencias de realizar este tipo de actividades y sobre la prohibición de generar quemas que pudieran afectar los recursos naturales.

Ese antecedente vuelve a estar sobre la mesa porque puede ayudar a reconstruir la secuencia de hechos y establecer si las labores del 25 de agosto fueron una actuación aislada o si formaban parte de actividades previamente advertidas por las autoridades.

La indagación previa no implica una sanción inmediata, sino una etapa inicial para recaudar información, verificar documentos y determinar si existen elementos suficientes para avanzar en una investigación disciplinaria formal.

El caso ocurre mientras Tolima enfrenta una compleja temporada de incendios forestales, con afectaciones sobre la cobertura vegetal y despliegue de organismos de emergencia en distintos municipios. Por eso, la eventual tala y quema en un predio rural durante la emergencia generó cuestionamientos institucionales.

Por ahora, el Ministerio Público deberá precisar si hubo permisos, quién habría dado instrucciones, qué papel tuvo la funcionaria mencionada y si se presentaron posibles irregularidades dentro de Cortolima.