Fitch ve sin cambios las notas territoriales tras decretos por emergencia del terremoto

La calificadora Fitch Ratings descartó, por ahora, un impacto inmediato en las calificaciones vigentes de gobiernos locales y regionales en Colombia, tras los decretos expedidos por el Gobierno para atender la emergencia económica derivada del terremoto del 10 de agosto de 2026.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, la firma analizó el alcance de las medidas incluidas en los 11 decretos de emergencia emitidos el pasado 9 de septiembre, cuyo propósito es movilizar, asignar y redistribuir recursos para responder a las necesidades generadas por el desastre.

Fitch señaló que las disposiciones temporales en materia de impuestos, gasto, endeudamiento y liquidez no modifican inicialmente el perfil de riesgo de los gobiernos locales y regionales incluidos en el alcance del Decreto 1261 de 2026.

“Fitch Ratings considera que las medidas temporales de impuestos, gasto, endeudamiento y liquidez, adoptadas mediante los decretos de emergencia económica, no afectan por ahora las calificaciones vigentes de los gobiernos locales y regionales colombianos incluidos en el alcance del Decreto 1261 de 2026”, indicó la entidad.

Más flexibilidad para endeudamiento

Entre las disposiciones analizadas está el Decreto 1382, que flexibiliza temporalmente las condiciones de endeudamiento de las entidades territoriales afectadas. La norma suspende la verificación de la relación entre intereses y ahorro operacional establecida en la Ley 358 de 1997.

Según Fitch, los departamentos, distritos y municipios de categorías especial a segunda podrán contratar deuda sin planes de desempeño, siempre que cuenten con una calificación nacional de largo plazo de, al menos, la tercera mejor categoría.

Para operaciones de deuda externa, las entidades deberán tener una calificación internacional no inferior a un nivel por debajo de la calificación soberana. En el caso de los municipios de categorías tercera a sexta, será necesaria la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La calificadora sostuvo que esta flexibilización mantiene criterios prudenciales y mecanismos de supervisión. Por esa razón, no observa, en una primera lectura, un cambio automático en las notas de las entidades territoriales afectadas.

Los gobiernos locales y regionales, así como sus entidades descentralizadas, también podrán contratar créditos de tesorería durante 2026 y 2027 por hasta el 15 % de sus ingresos corrientes. Estos recursos deberán destinarse exclusivamente a necesidades de caja asociadas con la emergencia.

El esquema permite que esos créditos se paguen en la siguiente vigencia o se refinancien mediante deuda de largo plazo, según las condiciones de cada entidad.

Riesgos bajo seguimiento fiscal

Fitch reconoció que estas herramientas pueden apoyar temporalmente la liquidez de los gobiernos territoriales, especialmente en medio de una emergencia que exige gasto adicional y capacidad rápida de respuesta.

Sin embargo, la calificadora advirtió que un uso intensivo de estos mecanismos o una refinanciación recurrente podrían reflejar presiones sobre la estructura operativa o sobre la generación interna de caja de las entidades.

Los decretos también contemplan medidas de flexibilidad presupuestaria y tributaria. Entre ellas están la reorientación de rentas de destinación específica no comprometidas, la titularización temporal de hasta 10 % de los ingresos tributarios propios y la posibilidad de otorgar exenciones tributarias bajo condiciones ajustadas a la emergencia.

Además, las normas 1382, 1383 y 1389 incluyen retiros especiales del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, redistribución de recursos de la sobretasa al ACPM y una modalidad especial de obras por impuestos para los procesos de reconstrucción.

El análisis de Fitch se produce en medio de la discusión sobre el impacto del terremoto en las finanzas públicas territoriales. La emergencia obligó a municipios, distritos y departamentos a buscar recursos adicionales para atender daños, mantener servicios y avanzar en la recuperación.

Aunque la calificadora no prevé cambios inmediatos en las notas, sí dejó claro que seguirá monitoreando el efecto de las medidas sobre la sostenibilidad fiscal de los gobiernos locales y regionales.

La evaluación dependerá del uso que hagan las entidades de las nuevas herramientas financieras, de su capacidad para evitar presiones recurrentes de liquidez y de la forma en que logren mantener equilibrio entre atención de la emergencia, endeudamiento y sostenibilidad de mediano plazo.

Por ahora, Fitch considera que los decretos entregan flexibilidad sin alterar de entrada las calificaciones. No obstante, el comportamiento fiscal de los territorios afectados seguirá bajo observación mientras avanza la ejecución de las medidas de reconstrucción.