Fiscalía inspeccionó sede del Polo Democrático por presuntas irregularidades en financiación de consulta del Pacto Histórico

La Fiscalía General de la Nación realizó durante la noche del martes 15 de septiembre una inspección judicial en la sede del Polo Democrático Alternativo, en Bogotá, actualmente utilizada por el Pacto Histórico, como parte de una indagación por presuntas irregularidades en la financiación de la consulta interna que definió al candidato presidencial de esa coalición.

De acuerdo con Semana, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción ordenó varios actos de Policía Judicial para recaudar elementos que permitan determinar si las irregularidades advertidas en materia de financiación electoral efectivamente ocurrieron. La diligencia fue ejecutada por servidores de la Dijín de la Policía Nacional, previo aval de un juez de control de garantías.

La Fiscalía explicó que los funcionarios buscaban documentación relacionada con los movimientos financieros de la consulta en la que participaron Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía.

¿Qué investiga la Fiscalía sobre la consulta del Pacto Histórico?

Según informó el ente acusador, la investigación está relacionada con los estados financieros y contables presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) con ocasión de la consulta interna.

Los investigadores buscan establecer si la información reportada ante el CNE corresponde efectivamente a los financiadores de las campañas y si los recursos fueron manejados conforme a las reglas aplicables. Para ello, durante la inspección fueron buscados documentos, cuentas, soportes y otros elementos financieros y contables.

“Con ocasión de una indagación que se sigue en una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción, y previo aval de juez de control de garantías, servidores de la Dijin de la Policía Nacional realizaron diligencia de inspección en la Sede del Polo Democrático Alternativo, en Bogotá”, señaló la Fiscalía, según el medio.

La actuación se conoce en paralelo con una indagación previa de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra Iván Cepeda, relacionada con posibles irregularidades en la financiación de la consulta, según la información suministrada por El Colombiano.

Los $725 millones reportados por la campaña de Iván Cepeda

Uno de los asuntos que rodeó la financiación de la campaña de Iván Cepeda estuvo relacionado con $725 millones, incluidos dentro de los $964 millones registrados en sus reportes financieros.

De acuerdo con El Colombiano, $609 millones aparecían relacionados con Samat Publicidad S.A.S., mientras que otros $116 millones estaban asociados con su representante legal, Javier Antonio Pérez Páez.

La controversia surgió por la naturaleza de esos recursos y la manera en que fueron registrados. La duda planteada era si correspondían a donaciones, créditos o servicios prestados a la campaña y pendientes de pago.

El exconcejal Juan Martín Bravo había solicitado al CNE, el 15 de enero, que investigara posibles irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña.

Sobre los recursos, según el medio antioqueño Pérez manifestó a que correspondían a un servicio de publicidad en especie prestado por su empresa y que aún estaba pendiente de pago. Por su parte, Saúl Garzón, gerente de campaña, aseguró que se trataba de un crédito que sería cancelado con la reposición de votos.

La diferencia entre ambas versiones se relacionaba con la forma en que fueron reportados los recursos ante la autoridad electoral. El formulario divulgado en medios aparecía bajo el apartado denominado “Relación de contribuciones o donaciones de los particulares”, mientras Garzón sostuvo que ese formato también contemplaba créditos.

El caso de los $740 millones de Carolina Corcho

En los reportes correspondientes a la campaña de Diana Carolina Corcho, las dudas se concentraron en otro grupo de recursos.

Según el medio, cerca de $740 millones habrían sido registrados como una cuenta por pagar por servicios de alimentación. El registro estaba asociado a un establecimiento identificado como “Gusteau Chefcito Sigi. ML JV EU”, ubicado en el sur de Bogotá y que figuraba en proceso de liquidación ante la Cámara de Comercio.

El concepto correspondía a refrigerios, cuyos costos aparecían pendientes de pago y que serían cubiertos mediante la reposición del CNE.

En este caso, las cuestiones que deben ser verificadas están relacionadas con la prestación efectiva de esos servicios, la procedencia de los recursos y la forma en que fueron registrados dentro de la información financiera de la campaña.

La campaña de Corcho rechazó los señalamientos y aseguró en un comunicado que “la totalidad de los gastos ejecutados objeto de reposición, así como las donaciones y aportes, fueron registrados de manera íntegra y oportuna en la plataforma”.

El papel del Polo Democrático en la inscripción de la consulta

La presencia de la Fiscalía en la sede del Polo Democrático está relacionada también con la estructura bajo la cual fue inscrita la consulta.

De acuerdo con medio, el Pacto Histórico era una coalición y no contaba con personería jurídica propia cuando se registró la consulta ante el CNE. Por esa razón, el proceso quedó formalmente bajo el marco legal del Polo Democrático, partido que posteriormente dejó de existir.

La sede que pertenecía a esa colectividad es actualmente utilizada por el Pacto Histórico y fue el lugar donde los agentes de la Dijín adelantaron la inspección judicial.