La Subsala J de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) discutirá el próximo jueves 17 de septiembre de 2026 una ponencia para llamar a versión libre a la exsenadora Sandra Ramírez por hechos relacionados con el reclutamiento forzado de menores en las extintas Farc. Si las magistradas aprueban la propuesta, deberá explicar ante el tribunal su posible conocimiento o responsabilidad en prácticas investigadas dentro del Caso 07.
La diligencia no equivale a una confesión obligatoria: Ramírez podrá presentar su relato y responder las preguntas de la Sala de Reconocimiento, mientras las víctimas acreditadas tendrán la posibilidad de formular observaciones y pedir aclaraciones. Su declaración será contrastada con informes de la Fiscalía General de la Nación, testimonios y versiones de antiguos integrantes del secretariado guerrillero.
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La propuesta fue elaborada por la magistrada Lily Rueda y será evaluada por sus colegas Julieta Lemaitre y Belkis Izquierdo. La decisión determinará si se formaliza la convocatoria, de acuerdo con lo conocido por El Tiempo.
La presión de las víctimas por la citación
La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc ha solicitado en repetidas oportunidades que Sandra Ramírez sea vinculada al proceso por su cercanía con la cúpula insurgente y por su presunto conocimiento de los hechos. Rueda está a cargo de instruir el Caso 07, centrado en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes durante el conflicto armado.
Entre quienes impulsan esa petición figura Deisy Guanaro, víctima acreditada que fue reclutada por las Farc cuando tenía 10 años. Guanaro sostuvo que desde hace un año reclama la inclusión de Ramírez en la investigación y también denunció amenazas e irregularidades en su esquema de protección.
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La organización de víctimas envió en abril de 2026 una carta a la JEP para solicitar que se acelerara la citación y se evaluara una medida cautelar de detención intramural. El pedido se fundamentó en el riesgo que enfrentarían testigos considerados clave para el proceso.
El Caso 07 integra los siete macrocasos priorizados por la justicia transicional. La Sala ha documentado que una cantidad importante de víctimas de reclutamiento sufrió además violencia sexual y de género, situación que derivó en sublíneas específicas de investigación.
La designación de Ramírez como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, durante la legislatura anterior, provocó críticas de organizaciones de víctimas. Consideraron que el nombramiento constituía una revictimización mientras su situación ante la justicia transicional permanecía sin definición.
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Las consecuencias de una versión incompleta
Sandra Ramírez fue pareja de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, máximo jefe de las Farc. La exsenadora ha negado en entrevistas haber cometido delitos sexuales dentro de la guerrilla y ha distinguido entre una responsabilidad institucional de la organización y una eventual responsabilidad individual.
En marzo de 2026, sostuvo que comparecería si la JEP lo ordenaba. “Si las versiones van a la JEP y la JEP me requiere, yo con muchísimo gusto voy porque es el tribunal que se pactó en el acuerdo”, dijo a La FM.
La exsenadora también recibió cuestionamientos por afirmar públicamente que en las filas guerrilleras no existió reclutamiento forzado. Esa postura generó rechazo entre víctimas y difiere de los reconocimientos efectuados por otros excomandantes del antiguo secretariado ante la Sala de Reconocimiento.
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La declaración de Ramírez tendrá efectos sobre el régimen de condicionalidad, del que dependen los beneficios de la justicia transicional, entre ellos evitar la cárcel ordinaria. Para mantenerlos, los comparecientes deben aportar una verdad plena, detallada y exhaustiva.
Si la Sala concluye que la exsenadora omite, minimiza o contradice los relatos entregados por víctimas y exmandos guerrilleros, esa conducta podría perjudicarla más adelante, aunque actualmente no sea tratada como máxima responsable. La magistratura deberá establecer si su versión coincide con la información acumulada en el expediente.
Si fuera imputada y reconociera su responsabilidad con un aporte completo de verdad, podría acceder a una sanción propia, de carácter restaurativo y sin prisión. Si negara los hechos y estos fueran probados, el expediente pasaría a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad para un juicio contradictorio, con penas ordinarias de hasta 20 años de prisión.
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